La España que acoge estos días la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático -COP25- es un país donde el carbón como fuente de generación eléctrica se está convirtiendo en algo prácticamente testimonial y que tiene trazada una hoja de ruta para que las nucleares no funcionen más allá de 2035.
En febrero pasado, el Gobierno español dio a conocer su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), en el que fijaba los objetivos hasta 2030, algunos de ellos por encima de los vinculantes establecidos por la Unión Europea (UE).
España, en concreto, se ha fijado que las renovables tengan un peso del 42 % en el consumo final en esa fecha, por encima del 32 % establecido por la UE, y que la mejora de la eficiencia energética sea del 39,6 %, frente al 32,5 % de Europa.
Además, el plan español contempla que las renovables proporcionen el 74 % de la energía que se genere en 2030, con el objetivo de llegar al cien por cien en 2050.
Para conseguir el objetivo de nueva capacidad renovable se celebrarán subastas de al menos 3.000 MW al año.
Se prevé que la potencia eólica se duplique en el periodo 2015-2030 -de 22.925 megavatios (MW) a 50.528 MW-, y que la solar fotovoltaica se multiplique por nueve -de 4.854 MW en 2015 a 36.882 MW en 2030.
Otras fuentes tradicionales de producción eléctrica irán perdiendo presencia.
Es el caso de la energía nuclear, que no emite CO2 pero es fuertemente contestada por la peligrosidad de sus residuos y accidentes como los Chernobil y Fukushima.
Según el Plan de Energía y Clima, en potencia nuclear pasará España de 7.300 MW en 2015 a 3.181 MW en 2030, menos de la mitad.
Las empresas propietarias de nucleares (Iberdrola, Endesa y Naturgy, y en menor medida EDP) han acordado ir dejando de solicitar la renovación de los permisos para seguir operando sus plantas (cinco en la actualidad), con lo que irán cerrando entre 2027 y 2035.
España se enfrenta a estos cierres sin tener aún solucionado el problema del almacenamiento de los residuos tras la paralización del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).
Además, las plantas de carbón van desapareciendo y las principales empresas están solicitando a la Administración su cierre o están advirtiendo de que lo harán.
Con los cierres solicitados y previstos sólo quedarán activas tres centrales de grupos energéticos españoles en la Península: las de Aboño y Soto de la Ribera, en Asturias, propiedad de EDP, y la de Los Barrios, en Cádiz, de Viesgo.
En las islas, dos grupos de la central de Es Murterar, en Alcudia, tienen autorizado su cierre a partir del 1 de enero de 2020, y los otros dos se cerrarán cuando funcione el segundo cable eléctrico que conectará Mallorca con la Península.
Las inversiones para adaptar las centrales de carbón a la nueva normativa ambiental y los altos precios de los derechos de emisión de CO2 las está expulsando del mercado mayorista.
De esta manera, el Pniec prevé que la generación con carbón pase de los 11.311 MW de potencia que tenía en 2015 a cero o, como mucho, a 1.300 MW, en 2030.
Se espera que la generación con ciclos combinados de gas y con plantas hidráulicas se mantenga prácticamente igual que ahora.
Según las previsiones, el sistema eléctrico español tendría en 2030 una potencia total de 157 gigavatios (GW), de los que 50 GW serán energía eólica; 37 GW, de solar fotovoltaica; 27 GW, de ciclos combinados de gas; 16 gigavatios, de hidráulica; 8 GW, de bombeo; 7 GW, de solar termoeléctrica, y 3 GW, de nuclear, además de una potencia adicional de almacenamiento de 6 GW.
La reducción del uso de combustibles fósiles es otro de los objetivos del plan, que prevé que no más tarde de 2040 todos los vehículos ligeros nuevos que circulen en España sean de emisiones cero de CO2.
Además, se prevé una penetración de las renovables en la movilidad del 22 % en 2030, con la incorporación de unos cinco millones de vehículos eléctricos (coches, furgonetas, motocicletas), aproximadamente el 16 % del parque móvil en esa fecha.
Concha Gómez
