La Fiscalía Anticorrupción ha concluido su interrogatorio al representante del BBVA, Adolfo Fraguas, al que ha preguntado por unos correos entre el exjefe de seguridad Julio Corrochano y empleados del banco no imputados sobre cómo se tenían que realizar los pagos a la empresa del excomisario José Villarejo.
Fraguas, que después de tres maratonianas jornadas ha finalizado su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ha respondido durante tres cuartos de hora más a las cuestiones formuladas por la defensa de la entidad, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Como en sus anteriores comparecencias, el actual director de los servicios jurídicos de BBVA España ha señalado a Corrochano como principal responsable de contratar a Villarejo, un extremo que previamente ya había aclarado añadiendo que dado su escalafón no pudo hacerlo al margen de la anterior dirección.
A lo largo de los tres días que ha durado su intervención, también ha vinculado a estos contratos al que fuera director de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias, el expresidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, principalmente en lo que se refiere a las investigaciones patrimoniales.
De forma más tangencial expuso que otra de las personas que podía estar al tanto era el ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano, si bien fuentes jurídicas explican que el hecho de que la antigua cúpula pudiera tener constancia de las contrataciones de determinados servicios, no implica que conocieran quién los prestaba ni de qué manera lo hacía.
La larga comparecencia, que ha necesitado de dos tardes para finalizar, se ha vertebrado en torno al sistema de "compliance" o cumplimiento normativo y a los propios preceptos internos del banco, investigado por supuesto cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.
A este respecto, fuentes de la entidad que preside Carlos Torres reiteran su compromiso con la justicia, con la que aseguran haber colaborado de forma "proactiva" desde el inicio de la causa, aportando documentación y el informe "forensic" elaborado por Garrigues, Uría Menéndez y PwC.
"Nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos. Somos un banco con fuertes valores y principios que guían nuestro comportamiento cada día", indicó Torres en un comunicado al término del primer día de declaración del BBVA.
Fraguas ha sido de los pocos que no se ha acogido al derecho a no declarar que le asiste como investigado, como sí han hecho la mayor parte de los imputados en esta causa contra cargos actuales y pasados de la entidad, con el argumento de que la pieza que investiga la relación con Villarejo continúa bajo secreto.
Ha seguido así la misma línea del expresidente del BBVA Francisco González, que optó por desvincularse del excomisario y defender la actuación del banco más allá de alguna conducta individualizada que, de confirmarse, podría tener reproche penal, y que podría referirse a Corrochano.
No obstante, aún falta por prestar declaración José Manuel García Crespo, ex responsable jurídico para España y Portugal de BBVA, que no pudo comparecer el pasado 19 noviembre.
Una vez finalizada toda la ronda de interrogatorios, apuntan las fuentes consultadas, los fiscales estudiarán si es necesario pedir más diligencias y mantener el secreto de esta causa, que permanece reservada desde que comenzó la investigación hace ya un año.
La del BBVA es la novena pieza separada del caso Tándem sobre los negocios del excomisario y gira en torno a las contrataciones del banco desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.
El magistrado sospecha que "la cúpula" del BBVA consintió que se contratara a Villarejo para tareas de información y espionaje -habría intervenido unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios- en vista del "beneficio personal y empresarial" que le podían reportar.
