No hay impedimentos jurídicos para dar a las autonomías los 4.500 millones correspondientes a entregas a cuenta, asegura a Efe el catedrático en Derecho Constitucional por la UNED Carlos Vidal Prado, que subraya que un Ejecutivo en funciones puede seguir realizando "despachos ordinarios de asuntos públicos", tal como contempla el articulo 21 de la ley del Gobierno, y repartir las cantidades presupuestadas.
El argumento de este constitucionalista es compartido por los economistas Ángel de la Fuente, Guillem López Casasnovas y Santiago Lago, que formaron parte del grupo de expertos que en 2017 recibió del Gobierno el encargo de revisar el modelo de financiación, y que hoy no ven razonable que la Abogacía del Estado haya estado bloqueando un reparto que ahora está más cerca de ejecutarse tras el anuncio del presidente en funciones, Pedro Sánchez, en un mitin en Valencia.
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