Organizaciones de derechos humanos y de víctimas civiles del conflicto armado de El Salvador (1980-1992) denunciaron este martes "pasividad" del fiscal general, Raúl Melara, para investigar casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad después de más de tres años de la anulación de la ley de amnistía.

"Por parte del Ministerio Público y del fiscal vemos pasividad y muy poca voluntad política para avanzar en la investigación y judicialización de casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en la guerra", señaló a Efe el activista Óscar Pérez, de la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo.

De acuerdo con Pérez, al jefe de la entidad fiscal "le hace falta decisión política para impulsar y avanzar en las indagaciones y llegar a la judicialización, como en el caso de la masacre de El Mozote".

Por esta matanza están siendo procesados 17 militares por los delitos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.

Para el activista, el proceso de El Mozote es importante pero "aún falta que se investiguen muchos casos y se llegue a la verdad de todos para que se haga justicia".

"Los retos del fiscal están de cara a que los familiares y víctimas de la guerra conozcan la verdad y que se haga justicia (...) no podemos hablar de reconciliación nacional, si no conocemos la verdad y si no hay justicia en estos casos, porque la impunidad de ayer es la impunidad de hoy", expresó.

Por lo anterior, los representantes de cerca de 30 organizaciones solicitaron este día a Melara que les conceda una reunión para "conocer cuáles son las acciones que desde la Fiscalía se están impulsando para romper con la impunidad", señaló a periodistas David Ortiz, representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

Según Ortiz, con dicho encuentro los representantes de la víctimas "buscamos conocer cómo se está aplicando el Protocolo de Investigación de casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridos en el contexto de la guerra que fue aprobado en la pasada Administración", liderada por el exfiscal Douglas Meléndez (2016-2019).

El activista dijo que en la reunión, solicitada ante la Fiscalía para el 23 de septiembre, también se pedirá a Melara que se "tramiten los casos (de crímenes) que tienen décadas de estar esperando justicia".

"Investigar los crímenes de guerra es parte de la resolución que declaró inconstitucional la ley de amnistía, y en la que también se le impone la obligación a la Fiscalía de indagar los casos que fueron documentados por la Comisión de la Verdad", apuntó.

Los portavoces de las víctimas piden al Ministerio Público que "fortalezca" su Unidad de Derechos Humanos, que se amplíe la cantidad de fiscales destinados a esta entidad y que se "consiga la tecnología necesaria para la investigación de los casos".

"La impunidad no es una ley, es una decisión. Después de tres años que se declaró la inconstitucionalidad de la ley (de amnistía) las energías de las instituciones estatales no están enfocadas en dar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas", agregó.

La anulación de la amnistía permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinoS en El Mozote (1981) y el asesinato de seis sacerdotes jesuitas (1989).

El conflicto armado entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, Izquierda) y el Ejército salvadoreño, financiado por el Gobierno estadounidense, se saldó con unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.