Han pasado ocho meses desde que el presidente Gabriel Boric asumió el poder y el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, que afecta a varias regiones en el sur del país, no ha desescalado ni un grado. Al contrario: en mayo el Gobierno impulsó un nuevo estado de excepción en la zona, extendido hasta hoy, que ha desplegado los militares en el lugar porque la violencia y los ataques a maquinaria forestal, fincas e infraestructuras se han intensificado. 

Boric se juega una de las cartas más importantes de su mandato en La Araucanía, epicentro del conflicto.

Después de la independencia de España, desde 1861 hasta 1883, en los territorios indígenas tuvo lugar la llamada Pacificación de La Araucanía, una segunda colonización realizada por el propio Estado y que arrebató las tierras al pueblo mapuche. “El despojo de sus tierras –que era el objetivo claro– se consumó en un par de años. Refundada Villarrica, el último bastión mapuche, la región se llenó de colonos de otro continente [Europa]: gente considerada civilizada, capaz de impulsar el progreso (...) El sistema consistió en erradicar a los principales lonkos [líderes mapuche], y a sus extensas familias, entregándoles en comunidad un pedazo de tierra. Aproximadamente un 10% de lo que tenían antes, repartido en unas 3.000 comunidades”, describe la periodista Malú Sierra en su libro Un pueblo sin estado. Mapuche, gente de la tierra.  

“El territorio tiene un valor político, social y cultural. Es lo mas sagrado que tenemos y es el espacio donde el pueblo mapuche practica su identidad”, dice a ElDiario.es Ana Llao, consejera mapuche de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), un servicio público creado en 1993 por la Ley Indígena para fomentar el desarrollo de los distintos pueblos que habitan el país. “Hemos estado viviendo de invasión en invasión y cargamos con un dolor tremendo por defender nuestros espacios territoriales. Sin tierra el pueblo mapuche deja de ser pueblo”, añade. 

La devolución de estos terrenos, que incluye también algunos de los conquistados por los españoles, ha sido una reivindicación constante de los indígenas que ningún gobierno ha podido satisfacer. Boric quiere ahora llevar a cabo su propio intento, a través de una comisión que identificará las tierras que hay que retornar y establecerá cómo y cuándo hacerlo. 

"Hay que decir que no será posible restituirlas todas: hay ciudades levantadas sobre tierras mapuche y estas tienen que ser preservadas", advirtió. Tampoco se tocarán aquellas donde hay personas establecidas desde hace tiempo. El Gobierno solicitará ayuda internacional a otros países con experiencias similares, como Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, para recibir "acompañamiento" en el proceso.

Hasta hoy, la Ley Indígena solo reconoce la obligación de devolver las tierras que se encuentran amparadas por los títulos legales entregados por el Estado y que reconocen que estos terrenos les pertenecían antes de ser quitados. “Deja fuera parte importante del territorio reclamado, como las tierras ancestrales y aquellas cuyo uso tradicional se pueda acreditar”, explica el director del Observatorio Ciudadano Hernando Silva, experto en derechos de los Pueblos Indígenas. Para poder devolverlas, el Estado tiene que adquirir las tierras a los terrenos privados a precio de mercado, pero el presupuesto público considerado para ello no alcanza: “No se permite avanzar en la cantidad necesaria de hectáreas a entregar y, a veces, la restitución se hace con tierras distintas a las que reclaman las comunidades”, dice Silva. Para Llao, mientras no aumenten los recursos públicos, no habrá diferencia entre la propuesta de Boric y la ley actual: “Siempre chocamos con el Congreso porque la derecha cuestiona el aumento de presupuesto y, si se logra subir para 2023, será muy poco”.

El sistema de devolución está “saturado”, según Silva, y hay una lista de espera de cerca de 500 comunidades que cumplen con los requisitos legales para recibir las tierras, pero que el Estado no ha podido ejecutar.

La propuesta de la nueva Constitución, rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre, abordaba la restitución de tierras indígenas por primera vez en la historia constitucional del país y consideraba como “un instrumento jurídico eficaz” para ello la expropiación. En la carta magna vigente, en cambio, no existe un mandato a los órganos del Estado para promover medidas de devolución de terrenos indígenas. 

Por otra parte, Boric ha endurecido su postura en materia de seguridad en la región. Ha pasado de ser partidario del diálogo, incluso con organizaciones radicales que utilizan la acción directa y el sabotaje como táctica política, a calificar a sus líderes de “cobardes” y comparar sus acciones con la quema de sinagogas por parte de los nazis. 

Cuando uno de los dirigentes radicales mapuche aseguró que había que “canalizar la violencia hacia un sabotaje muy bien dirigido, hacia insumos, hacia maquinarias”, el Ejecutivo amplió una querella interpuesta en 2018 por la Administración de Sebastián Piñera, lo que permitió su encarcelamiento. En campaña, Boric descartó varias veces aplicar el estado de excepción en la zona, que decretó, finalmente, en mayo. 

“Los mapuche habíamos confiado en un nuevo Gobierno, más joven y con otro carisma, pero tras el viaje [de Boric] a la región volvimos a perder la esperanza que en algún momento tuvimos. Fue una visita para dejar conforme a la derecha y a los empresarios”, dice Ana Llao. “Si no hay voluntad política para avanzar en forma real, el conflicto va a perdurar”.