El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a pasar a la historia durante la noche de este jueves. El fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia, ha decidido imputar al magnate por llevarse y esconder los documentos clasificados que encontró el FBI en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), y deberá comparecer ante el Tribunal Federal de Miami el martes a las 15 horas (a las 21 hora española) para su rendición y lectura de cargos. Así lo ha comunicado el propio Trump a través de su red social, Truth Social, y lo han confirmado los principales medios de comunicación estadounidenses.
El Departamento de Justicia, dependiente del gobierno federal, no ha hecho todavía públicos los cargos por los que se imputa al expresidente, pero varias fuentes han confirmado que se trata, al menos, de siete cargos criminales. Entre ellos, según afirma The New York Times, se le acusa de retener voluntariamente secretos de la defensa nacional en violación de la Ley de Espionaje, de hacer declaraciones falsas, así como de conspiración para la obstrucción de la justicia. Este último cargo implica la participación de otra persona para la comisión del delito.
Trump no solo se llevó a su residencia en Palm Beach más de trescientos documentos clasificados y decenas de miles de otros documentos gubernamentales, sino que además se negó a entregarlos cuando así se le requirió. Ante tal negativa, el Departamento de Justicia requirió a agentes del FBI que registraran la mansión en agosto del año pasado. Trump ha defendido desde el primer momento que tenía potestad para quedase con los documentos clasificados cuando dejara la Casa Blanca, y ha llegado a afirmar sin evidencias que los había desclasificado.
Recientemente, los fiscales federales obtuvieron una grabación de una reunión, acontecida en verano 2021, después de que Trump dejara la presidencia, en la que el magnate reconocía tener en su poder un documento clasificado del Pentágono sobre un hipotético ataque a Irán, según publicó la CNN el viernes pasado. Esta y otras pruebas incriminatorias habrían llevado a la acusación formal de Trump, que todavía espera su confirmación por parte del Departamento de Justicia.
Después de la imputación que recibió Trump en abril en Nueva York -la primera a un presidente en activo o retirado-, donde fue acusado de 34 delitos de falsedad por ocultar pagos a la actriz Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una aventura extramatrimonial, el exmandatario ha vuelto a pasar a la historia. Por primera vez, un expresidente ha sido encausado con cargos federales, que están relacionados con el ejercicio de su mandato. Y en caso de ser condenado por los siete cargos criminales que presumiblemente se le imputan, podría llegar a pasar decenas de años en prisión.
"La corrupta Administración Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado, aparentemente por el bulo de las cajas, a pesar de que Joe Biden tiene 1850 cajas en la Universidad de Delaware, además de cajas en Chinatown, DC, y aún más cajas en la Universidad de Pensilvania, y documentos esparcidos por todo el suelo de su garaje, donde aparca su Corvette", ha publicado Trump en Truth Social, anunciando al mundo su imputación. "Soy un hombre inocente. La Administración Biden es totalmente corrupta. Esto es una interferencia electoral y la continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos", ha dicho en un video publicado en la misma red social.
Como ya hizo con la imputación en Nueva York, Trump ya ha comenzado a usar esta imputación para victimizarse con objetivos políticos. Al candidato para las primarias republicanas, que domina con comodidad las encuestas (con el 53,8% de los apoyos, 32,5 puntos por encima del segundo clasificado, Ron DeSantis), le fue bien políticamente dicha acusación, desde la cual ha doblado su ventaja respecto al gobernador de Florida, y espera volver a sacar rédito de esta situación.
Sin embargo, este caso es distinto: en Nueva York se juzgará al expresidente por unos hechos relativos a su vida personal, que sucedieron antes de que fuera presidente, mientras que en Miami se le va a juzgar por llevarse centenares de documentos con información catalogada como de "alto secreto" y "clasificada" durante sus años de mandato, y por negarse a entregarlos cuando así se le requirió. A modo de comparación, a Biden -que también está siendo investigado- se le han encontrado tan solo decenas de documentos y los entregó al Departamento de Justicia cuando los encontraron sus asesores.
Además de estos dos casos judiciales, Trump también tiene cuentas pendientes con la justicia en Washington y Atlanta, donde está siendo investigado por su implicación en el asalto al Capitolio y por intentar amañar las elecciones presidenciales del 2020 en Georgia. Por ambos casos, también podría llegar a enfrentarse a cargos criminales, es decir, podrían implicar más años de prisión.
Ante todos sus casos judiciales, la estrategia de Trump acostumbra a ser la de intentar alargar el proceso todo lo posible, con recursos, apelaciones y otras estrategias legales. Así lo lleva haciendo desde antes de entrar en política y se prevé que lo siga haciendo con los casos que se ciernen sobre él. Según varios expertos legales, las tácticas dilatorias del expresidente podrían postergar el inicio del juicio, al menos, hasta la primavera del año que viene, en mitad del proceso de primarias republicanas.
