Si usted, lectora o lector, está en España, Argentina o Polonia podrá abrir este enlace y leer el artículo publicado en el semanario The New Yorker sobre el caso de Lucy Letby, una enfermera condenada a cadena perpetua por la muerte de bebés prematuros en un hospital de Inglaterra. Si está usted en el Reino Unido, le saldrá un mensaje de error. En teoría, si se encuentra en Inglaterra y Gales, tampoco podrá conocer los detalles del artículo porque los periodistas no sólo tienen prohibido difundir el texto, sino resumir lo que cuenta la reportera Rachel Aviv en su reportaje de más de 13.000 palabras y basado en parte en la transcripción del proceso judicial contra Letby.

Para no meternos en problemas, cito sobre el artículo en cuestión lo que escribe Alan Rusbridger en la revista británica Prospect que dirige: “Una investigación del New Yorker sobre un caso famoso levanta importantes preguntas sobre nuestro procedimiento legal. Debemos celebrar aquellos que nunca dejan de hacer preguntas”. 

El New Yorker, que en 2025 cumple 100 años, tiene uno de los procesos de verificación periodística más exhaustivos del mundo. Cada hecho, declaración y frase citada se comprueba frase a frase, lo que incluye volver a llamar a entrevistados, revisar notas y grabaciones del autor de la información, y confrontar con otras fuentes de manera independiente. Pero el artículo está bloqueado en Inglaterra y Gales no porque incluya una falsedad o dato cuestionado, sino porque contiene información que, según la orden judicial dictada para todos los medios de manera preventiva, puede influir en un jurado que tendrá que volver a examinar algunas de las acusaciones que quedaron sin resolver en el primer juicio. Pese a la condena en 2023, gran parte de la información sobre este caso sigue restringida y ni siquiera la defensa puede hacer declaraciones.

En el Reino Unido ni se podría hablar del caso del New Yorker si no fuera porque un diputado, el conservador David Davis, utilizó el llamado “privilegio parlamentario” para preguntar sobre el bloqueo al ministro de Justicia en la Cámara de los Comunes hace unos días. Davis se quejó del bloqueo por ser “un desafío a la justicia abierta”.

El ministro, Alex Chalk, replicó que las órdenes de los tribunales deben obedecerse y que hay procesos para apelar las restricciones o el fondo de la cuestión. “Simplemente diré que en el caso de Lucy Letby, el veredicto debe ser respetado. Si hay argumentos para una apelación, debe seguir el curso habitual”, dijo el ministro.

La apelación de Letby contra su condena de 2023 fue rechazada la semana pasada.

La libertad de prensa y de expresión están restringidas por la ley de desacato a la justicia de 1981, que se sigue aplicando de manera muy amplia y afecta desproporcionadamente a la prensa. El efecto práctico dado el alcance de cualquier información no periodística en Internet es, además, limitado.

“No se puede volver atrás… Ya no se puede impedir que la gente comente sobre los procedimientos en curso porque Internet está ahí y todo el mundo comenta sobre todo. Tienes a gente haciendo TikToks sobre los procedimientos judiciales y no saben que están cometiendo desacato”, explica a elDiario.es Polly Rippon, profesora de Periodismo de la Universidad de Sheffield y antigua reportera de tribunales. 

El Ministerio de Justicia británico ha pedido a la comisión encargada de la revisión de las leyes en Inglaterra y Gales una propuesta para mejorar la ley, que se espera este verano y dependerá del nuevo Gobierno después de las elecciones del 4 de julio. El Ministerio destaca en su petición “las preocupaciones crecientes sobre el impacto de las redes sociales y los avances tecnológicos en la administración de la justicia”.

Los detalles de la aplicación de la ley en el mundo de 2024 son dudosos. Por ejemplo, Condé Nast, la editora del New Yorker, parece cumplir con la orden al bloquear el enlace de su web, pero cualquier suscriptor puede leer el reportaje en la aplicación móvil o en la edición impresa. La publicación estadounidense está acostumbrada a estándares muy diferentes, como la mayor parte de los vecinos del Reino Unido.

“La ley en el Reino Unido es bastante restrictiva, ciertamente más que en Estados Unidos”, explica Rippon. “En Estados Unidos está el caso penal de Donald Trump en marcha y se le permite salir del tribunal y dar una rueda de prensa en las escaleras del tribunal. Y eso obviamente nunca sucedería en el Reino Unido. El acusado no puede salir a hacer declaraciones en medio del juicio”. 

Pero esta no es la única limitación a la que está sometida la prensa británica ni la que más preocupa. Los medios y los periodistas pueden sufrir la censura previa, dictada por un tribunal, e incluso la prohibición de contar que tienen alguna restricción para informar. Esto protege en especial a personas con recursos suficientes para empezar un proceso legal y pedir vetos, y ha sucedido en particular con políticos británicos, oligarcas rusos y celebridades del mundo del espectáculo. 

A menudo se trata de la prohibición de publicar detalles antes de que salgan a la luz en cuanto la persona o la empresa afectada tiene información sobre la investigación de un medio. Por ejemplo, sucede después de que un medio, cumpliendo con la práctica profesional ética habitual, le pida un comentario sobre su información. El efecto disuasorio de las querellas suele ir más allá de los casos concretos contra un medio.

Por ello, la prensa británica no ha podido contar durante años las acusaciones de acoso sexual contra el cómico y ex presentador de la BBC Russell Brand o los negocios de Roman Abramovich. Publicar el nombre de un diputado investigado por violación es un desafío a la ley al que se atrevieron el Sunday Times y Politico hace unos meses. 

En España, también hay ejemplos de censura de una publicación por una querella por difamación, pero a posteriori, como en el caso del secuestro durante unos meses en 2018 del libro Fariña del periodista Nacho Carretero dictado casi tres años después de su publicación, o el secuestro de la revista humorística El Jueves en 2007.

En el Reino Unido, la ley por libelo o difamación pone la carga de la prueba en el periodista con tanta intensidad que en los tribunales británicos se ha dado el “turismo de libelo” por el que millonarios a menudo relacionados con regímenes autoritarios han perseguido a periodistas y medios, obligados a gastarse dinero y tiempo en un procedimiento judicial que suele durar años aunque al final salgan vencedores.

Eso les pasó a los periodistas Catherine Belton y Tom Burgis en sus investigaciones sobre la corrupción del régimen de Vladímir Putin y sus conexiones con políticos y empresarios en el Reino Unido. Ambos consiguieron publicar sus libros gracias a la resistencia de sus editoriales. 

La práctica de utilizar los tribunales de esta forma contra la prensa para impedir reporterismo legítimo tiene hasta un nombre: querellas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, en sus siglas en inglés).

“Este es una gran problema… Las personas ricas y poderosas pueden permitirse el lujo de iniciar este tipo de demandas y pedir medidas cautelares estratégicas contra los editores”, explica Rippon, la profesora de la Universidad de Sheffield.

Las querellas en el Reino Unido, de hecho, han llamado la atención de organizaciones internacionales que habitualmente se centran en la defensa de periodistas en países con democracias más frágiles, por ejemplo, en América Latina.

“Nos preocupa mucho el uso del sistema legal contra los periodistas y los medios independientes en el Reino Unido y más allá”, explica a elDiario.es Carlos Gaio, consejero delegado de Media Defense, una organización que ayuda a reporteros y medios en todo el mundo. “Esto es algo que hemos visto en varias jurisdicciones, y en los últimos cinco años más que nunca. Es muy común en América Latina y en parte de Europa y en África, donde individuos poderosos y empresas lograr evitar la publicación”. Se trata, como dice Gaio, de “acosar a los periodistas y hacerles la vida muy difícil”.

Ahora hasta el 30% de la ayuda que presta su organización es en procesos por difamación, muchos de los cuales pueden ser clasificados como SLAPPs. Gaio explica que en su experiencia el país donde más querellas de este tipo se presentan contra periodistas es Brasil, donde la denuncia es muy fácil y donde no ha cambiado la situación tras la derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones. 

Pero, en 2023, Media Defense también testificó ante el Tribunal Supremo en el Reino Unido para pedir un umbral más alto a la hora de aceptar querellas contra periodistas con alegaciones “maliciosas” de supuestas falsedades. 

Como respuesta a la ola de indignación contra estas querellas, iniciadas en particular por empresarios rusos, el Gobierno británico ha presentado una ley que está ahora en proceso en el Parlamento. El objetivo es intentar denunciar estas denuncias porque son “amenazas legales planteadas para intimidar y agotar financiera y psicológicamente a periodistas, activistas o cualquiera que critique o exponga la corrupción”.

La aprobación de la ley dependerá de la nueva Cámara de los Comunes que salga de las elecciones. En 2022, el líder laborista y probable primer ministro, Keir Starmer, pidió acciones legales urgentes contra oligarcas que consiguen “silenciar a sus críticos” a través de estas querellas. Starmer trabajó durante décadas como abogado especializado en derechos humanos.