La jefa de gabinete de Keir Starmer, Sue Gray, tiene desde hace meses preparado un informe con miserias y posibles emergencias a las que se va a enfrentar el nuevo Gobierno británico. Es “la lista de Sue de la mierda”, en palabras de un colega. La descripción más fina del elenco es “lista de desastres”. 

Si Tony Blair arrasó en 1997 en un país en expansión con el mensaje optimista de Cool Britannia, Starmer llega ahora al Gobierno en uno deprimido que se describe como Broken Britain, el país donde todo está roto.

Arreglar todo esto llevará tiempo, como ha reconocido Starmer en los tres discursos que ha dado desde la madrugada del viernes tras ganar las elecciones generales.

“Cambiar un país no es como encender un interruptor. El mundo es ahora un lugar más volátil. Esto va llevar un tiempo. Pero que nadie dude de que el trabajo de cambio empieza de inmediato. Que nadie dude de que reconstruiremos el Reino Unido, con riqueza para cada comunidad”, dijo Starmer este viernes en su primer discurso delante de Downing Street. Unas horas después, ya había nombrado al Gobierno para gestionar esa reconstrucción. Entre los más poderosos de su gabinete están Angela Rayner, viceprimera ministra encargada del Ministerio de Vivienda y Equilibrio territorial; Rachel Reeves, la ministra de Economía; David Lammy, ministro de Exteriores, Yvette Cooper, ministra del Interior, y Ed Miliband, el antiguo líder del Partido Laborista y nuevo ministro de Energía.

Pero los grandes retos de fondo en estos ministerios ni siquiera están en “la lista de la mierda” de Sue Gray, dedicada a los problemas más inmediatos y las crisis que pueden estallar ya a los recién llegados. 

El elenco incluye el colapso de las cárceles, cuyos presupuestos han sido una de las partidas de gasto público más afectadas por los recortes desde 2010, cuando el Partido Conservador llegó al poder. Las prisiones ya permiten salidas antes del cumplimiento de condenas porque ya no hay plazas. Según los últimos datos del Ministerio de Justicia, algunas cárceles están ahora “a días del colapso”, con una disponibilidad de plazas alrededor de un millar en prisiones en Inglaterra y Gales. La nueva ministra de Justicia, Shabana Mahmood, tendrá que poner en marcha un plan de emergencia que incluye alojamientos temporales en celdas policiales o de tribunales, retraso de juicios y la liberación de más personas. El presidente de la asociación de gobernadores de prisiones, Tom Wheatley, dijo hace unos días: “No podremos recibir más prisioneros en la segunda o la tercera semana de julio. No es una ciencia exacta, pero pasará justo después de las elecciones”. 

Otra crisis inmediata puede llegar por la quiebra de Thames Water, la compañía privada que gestiona toda la recogida, distribución y purificación del agua y sus residuos en la cuenca del Támesis y que está en apuros como muchas otras en el país. Esto puede coincidir con la quiebra de más ayuntamientos en Inglaterra, donde uno de cada cinco está en peligro de suspensión de pagos siguiendo la estela de media docena desde 2018 (el caso más notable ha sido Birmingham, que, con más de un millón de habitantes, es la ciudad más grande de Europa en suspender pagos). 

“Alrededor del 65% de los ayuntamientos tienen menos fondos de los que tenían en 2015, y el dinero disponible a través de impuestos personales y para los negocios no compensa el agujero, sobre todo en las zonas más pobres”, explica a elDiario.es Sophie Stowers, investigadora académica del centro de estudios UK in a Changing Europe. “Al mismo tiempo, la demanda de servicios locales en cuidados sociales y alojamiento temporal se ha disparado… Y, además, algunos ayuntamientos no han sido muy buenos poniendo sus finanzas en orden”. 

El nuevo Gobierno laborista también puede tener que dar respuesta inmediata a la crisis de universidades al borde del cierre por falta de estudiantes y becas de investigación tras la salida del Reino Unido de la UE.

Y todo esto mientras atiende a funcionarios públicos enfadados, que pueden pedir una subida salarial, igual que algunos profesionales clave en servicios esenciales. De hecho, nada más llegar, los representantes del Gobierno se tienen que sentar a negociar con médicos de atención primaria, que han estado en huelga durante las últimas semanas por sus condiciones salariales. 

El Gobierno de Starmer ha prometido que no recortará servicios públicos y que no subirá impuestos a la clase trabajadora, pero dará más detalles al presentar los presupuestos. De momento, el Partido Laborista ha anunciado que las empresas de gas y petróleo tendrán que pagar más a Hacienda, quitará desgravaciones fiscales a las escuelas privadas para financiar las públicas y terminará con algunas excepciones del régimen fiscal para que los residentes en el Reino Unido con patrimonio en el extranjero paguen más impuestos. 

Las necesidades del país son ahora ingentes. El Gobierno quiere invertir más en sanidad, educación y vivienda, pero queda mucho por hacer después de años de recortes y crisis para una economía que fue especialmente golpeada por la crisis financiera de 2008 por su dependencia del sector bancario. Los ideólogos de la austeridad en 2010 -entonces una palabra con connotaciones positivas, según el ministro de Economía de la época, George Osborne- defienden que no había otra opción, pero algunos altos cargos en el Partido Conservador ya alertaban de que estaban yendo demasiado lejos. 

Pese a que el Gobierno de Boris Johnson cambió de rumbo en 2019 con más gasto público, entre 2010 y 2023, los recortes han sido generalizados en partidas que afectan a la vida diaria: el gasto neto por persona en transporte público y mantenimiento de las calles ha caído un 40%, el de vivienda, un 35% y el de servicios culturales, un 43%, según el estudio más completo de los servicios locales, del Institute for Government, un centro de estudios independiente.

El Gobierno laborista ya no aspira a resucitar todos los servicios perdidos y tiene algunos objetivos más modestos, como rellenar un millón de baches al año, y otros más ambiciosos, como la construcción de más viviendas, sobre todo fuera de Londres. 

Rayner ha prometido un nuevo marco de planificación para construir más viviendas e intentar aliviar la desigualdad regional, más pronunciada que en la mayoría de los vecinos. Sin contar Londres, el Reino Unido se encuentra entre los países más empobrecidos de Europa. 

En cualquier caso, el Gobierno necesitará más recursos públicos para repartir entre las autoridades locales, que se espera tengan más peso en estos planes. 

La nueva canciller, Rachel Reeves, presentará el presupuesto en otoño, y entonces puede anunciar alguna subida más de impuestos, por ejemplo a los directivos de fondos de inversión. 

Aun así, el plan de Starmer lo fía todo a que el Reino Unido crezca más de lo que lo ha hecho en los últimos 14 años. Voces expertas en comercio y de su entorno repiten a elDiario.es que el crecimiento no va a llegar de manera significativa mientras el Reino Unido siga fuera de su principal mercado y espacio de interés natural, que es la Unión Europea. 

El próximo 18 de julio, Starmer será el anfitrión de la cumbre ya prevista de la Comunidad Política Europea, un foro ideado por Emmanuel Macron para el diálogo en el que están incluidos los gobiernos y las instituciones de la UE y también otros vecinos, como el Reino Unido, Ucrania, Moldavia, Suiza, Georgia o Serbia. En total, se espera que acudan unos 50 líderes europeos a la reunión en el Palacio de Blenheim, en Woodstock, una pequeña localidad cerca de Oxford y que tradicionalmente era territorio tory (el Partido Conservador perdió su escaño aquí este jueves a favor de los liberaldemócratas).

El lugar es simbólico para los británicos: Winston Churchill nació en 1874 en este palacio que era de sus tíos y en el que su madre estaba de visita cuando se puso de parto. En la Segunda Guerra Mundial, Blenheim fue utilizado como sede de reuniones de espías. 

Aquí Starmer tendrá la ocasión de repetir que quiere una relación de más cercanía y confianza con la UE y que espera retocar algunos acuerdos para facilitar el comercio y los movimientos de algunos profesionales, por ejemplo los músicos que van de gira. 

El nuevo primer ministro, que es abogado especialista en derechos humanos y escribió un manual sobre la legislación humanitaria europea, hizo campaña en contra del Brexit incluso después del referéndum, pero ahora dice que no ve opciones realistas de que su país vuelva a la Unión Europea o al mercado único. De momento, aspira a mejorar lo que hay y a firmar pactos políticos de cooperación en defensa, energía y cambio climático. Su ministro de Exteriores, David Lammy, es partidario de acuerdos ambiciosos con la UE.

Cuando llegue la cumbre, el Gobierno de Starmer ya estará manos a la obra en las decisiones más inmediatas para poner en marcha sus planes. Más allá de las emergencias, una de las primeras decisiones será terminar con el plan para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo que lleguen al Reino Unido de cualquier país sin haber hecho antes el papeleo. 

El plan, ideado por el Gobierno de Boris Johnson en 2022, ya ha costado millones de libras pagadas al Gobierno de Ruanda y una batalla judicial en los tribunales británicos, y ha tenido pocos resultados, más allá de algún solicitante de asilo que ha ido de manera voluntaria a ese país a hacer los trámites. Además, las deportaciones forzadas podrían haber acabado en una pelea con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que el Gobierno de Rishi Sunak amenazaba con marcharse. 

Aun así, el Gobierno de Starmer también ha prometido reducir la migración neta, es decir, la diferencia entre las personas que se van y que llegan al país y que incluye poner límites a trabajadores y estudiantes que quieren solicitar visados. 

El Gobierno de Starmer volverá a autorizar la instalación de energía eólica en tierra, vetada por el Gobierno conservador, que, sin embargo, amplió los molinos en el mar y dio un empujón a las energías limpias. 

Uno de los proyectos para las próximas semanas es una nueva compañía pública energética que invertirá en energías renovables y cuyos detalles estarán en una nueva legislación que se anunciará en el Parlamento el 17 de julio, en el llamado discurso del rey, que es una lista de leyes propuestas por el Gobierno.

La creación de Great British Energy es uno de los planes más populares del nuevo Gobierno, según los sondeos de la encuestadora More in Common, y que tiene posibilidades de tener impacto a largo plazo en la intervención del Estado en servicios, muy escasa desde los años 80. 

“Al laborismo le va mejor cuando vende ideas radicales como ideas aburridas que cuando vende ideas radicales como ideas radicales”, comentaba en una charla hace unos días Rob Ford, académico especialista en opinión pública de la Universidad de Manchester y autor del libro Brexitland sobre la salida del Reino Unido de la UE. “Uno de los éxitos en su mensaje sobre esto ha sido hacer que suene muy seguro y aceptable para votantes moderados para los que el clima no es tan importante”. 

También hay planes a medio plazo para renacionalizar compañías de trenes, que ahora están en manos privadas, tienen derecho de monopolio por rutas y reciben subsidios mientras los pasajeros pagan precios desorbitados por servicios lentos, retrasados y masificados (ir de pie una hora para un viaje entre ciudades grandes es parte de la rutina).

Lo mismo pasa con las empresas de agua, en manos de fondos privados y que son multadas a menudo porque no invierten para evitar vertidos de aguas fecales en los ríos o para evitar las inundaciones constantes. Pero estos son proyectos a más largo plazo por la falta de dinero para un plan de intervención pública, a no ser que alguna de estas compañías quiebre, como ya ha sucedido. 

Uno de los grandes retos de Starmer es recuperar el ánimo y la confianza de los ciudadanos en la política tras años de decepciones. “El mayor desafío que tenemos en el Reino Unido no es que la gente esté polarizada, sino que está unida en su apatía y cinismo hacia la política. Y hay una sensación real de que el país simplemente no está funcionando”, explica a elDiario.es Luke Tryl, director de la encuestadora More in Common en el Reino Unido y que ha hecho, además de sondeos, una cincuentena de focus groups en esta campaña electoral, con conversaciones a fondo con votantes por todo el país.

En su discurso al amanecer del viernes, Starmer dijo que recuperar la confianza es uno de los principales retos de su Gobierno y más allá: “La lucha por la confianza es la batalla que define nuestra era”.

La baja participación, estimada alrededor del 60% (siete puntos menos que hace cinco años), y el ascenso de partidos más pequeños, incluida la extrema derecha de Nigel Farage, son síntomas de posible inestabilidad futura.

Los laboristas estudian “innovaciones democráticas” como el uso de asambleas ciudadanas para debatir asuntos que dividen a la opinión pública.

Otro de los debates es la ampliación del derecho de voto. El Gobierno laborista también ha sugerido que puede bajar la edad mínima para votar de 18 a 16 años y tratar de introducir un registro automático de votantes como en otros países europeos. 

Las reformas institucionales a medio plazo no requieren, en muchos casos, de más dinero, pero sí de voluntad política. 

Más allá de las emergencias inmediatas, el trabajo que el Gobierno tiene que abordar también afecta a las instituciones más básicas, según explica a elDiario.es Sam Freedman, experto en gobierno y educación y autor del libro Failed State sobre las reformas necesarias en el Reino Unido. Él mismo trabajó para el Gobierno de Cameron como asesor en el Ministerio de Educación entre 2010 y 2013, y vio las grandes carencias del sistema y el poco conocimiento de los políticos que están a cargo de decisiones sobre las que tienen poca información. 

“Hay que hacer una reforma seria de la Función Pública. Hay que hacer una devolución seria de competencias a los gobiernos locales y regionales. Hay que crear un Parlamento más fuerte que controle la legislación”, explica Freedman. “Pero todo implica ceder poder. Y a los políticos no les gusta ceder poder. Nos hemos convertido en el país más centralizado del mundo desarrollado durante los últimos 40 años, y ya lo éramos antes. A menos que un Gobierno comience a detener ese proceso de centralización y esté dispuesto a dispersar el poder un poco, creo que las cosas seguirán empeorando”.