La capital de El Salvador, San Salvador, será sede de varias reuniones entre una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y víctimas de la crisis sociopolítica de Nicaragua, informó este lunes la Asociación de Presos Políticos Nicaragüense (APPN).
Las reuniones, que iniciarán mañana martes, tienen como objetivo recabar información sobre los hechos violentos en el marco de la crisis que estalló en abril de 2018, para determinar si el Gobierno del presidente Daniel Ortega quebró el orden constitucional de Nicaragua.
La OEA eligió un país alterno para las reuniones, luego de que el pasado 14 de septiembre Nicaragua prohibió el ingreso de siete diplomáticos que buscaban impulsar un diálogo entre el Gobierno y la oposición, para solucionar la crisis local.
Ortega, quien se niega al diálogo, sostiene que el ingreso de la comisión por mandato de la Asamblea General de la OEA es una "injerencia" contra Nicaragua, donde los ataques armados del Gobierno contra civiles han dejado cientos de muertos, presos, desaparecidos, mieles de heridos y decenas de miles de exiliados.
La Unidad Nacional Azul y Blanco denunció que Ortega se opone al ingreso de la OEA a Nicaragua por "temor" a que se sepan "sus mentiras y artimañas".
Miembros de la APPN y de la Asociación Madres de Abril (AMA), así como representantes de los movimientos opositores 19 de Abril, Unidad Nacional Azul y Blanco, y Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, tienen previsto exponer sus puntos de vista sobre la crisis ante la comisión de la OEA.
En junio pasado la Asamblea General de la OEA creó la comisión con el objetivo de promover una solución pacífica a la crisis de Nicaragua, a través de esfuerzos al más alto nivel.
De no lograr su cometido, la comisión de la OEA deberá entregar un informe sobre Nicaragua en un plazo de 75 días que se vence en noviembre próximo, tras lo cual la Asamblea General decidirá si aplica la Carta Democrática Interamericana, que suspendería al país del organismo.
En 17 meses y medio, la crisis ha dejado al menos 328 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organizaciones locales elevan la cifra hasta a 595, y el Gobierno reconoce 200.
La CIDH acusa por crímenes "de lesa humanidad" al Gobierno de Nicaragua, cuyo presidente, Ortega, se dice víctima de un intento de "golpe de Estado".
