El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado este lunes por la noche a los dos españoles detenidos de ser “terroristas” y ha vuelto a vincularlos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo que ha sido negado el Gobierno español.

En su programa semanal Con Maduro +, transmitido por el canal estatal VTV, el jefe de Estado dijo, sin mostrar pruebas, que los dos ciudadanos del país europeo son “agentes encubiertos” del CNI, y desestimó las declaraciones de los padres de los españoles sobre que estos se encontraban en Venezuela como turistas, tras haber visitado Colombia.

Aseguró que ambos españoles “fueron capturados y que están convictos, confesos y con plena prueba de las acciones que traían dentro de Venezuela para asesinar gente, colocar bombas, etcétera”. “Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados”, dijo Maduro, quien manifestó que “llama mucho la atención” que “el CNI español entra en operaciones contra Venezuela”.

Los detenidos son Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, de 32 y 35 años, respectivamente. Fueron capturados en Puerto Ayacucho, estado Amazonas (sur), en cuyos teléfonos, siempre según el Gobierno venezolano, las autoridades hallaron conversaciones donde preguntaron “cómo hacen para comprar explosivos” y para “contactar grupos que quisieran hacer algún trabajo especial”.

El Ministerio español de Exteriores ya ha negado que España esté implicada en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y ha rechazado “rotundamente cualquier insinuación” al respecto, tras sostener el Gobierno venezolano que España “iba a suministrar mercenarios” para un supuesto operativo dirigido por Estados Unidos. Además ha desmentido que los dos detenidos formen parte del CNI español, como sostenía el Gobierno venezolano, ni que pertenezcan a ningún otro organismo estatal.

Según sus familias, ambos estaban en Venezuela como turistas. El pasado lunes, 9 de septiembre, y tras perderles la pista, denunciaron su desaparición en redes sociales y ante la Policía. 

Fuentes de Exteriores afirmaron este lunes que están “reclamando a las autoridades venezolanas información oficial y verificada sobre la detención de dos españoles, así como una clarificación de los cargos de los que se les acusa”

Entretanto, la Misión de Establecimiento de los Hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para documentar las violaciones que ocurren en Venezuela ha acusado al Gobierno de Nicolás Maduro de cometer el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos.

Según la Misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el aparato de gobierno se centra ahora en aplastar a la totalidad de la oposición pacífica a través de una serie de acciones que no son “aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir” a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la retórica oficial.

“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado (...) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, dijo Valiñas al presentar a la prensa en Ginebra el último informe elaborado por su equipo.

La Misión, que también integran el abogado chileno Francisco Cox y la experta argentina en derechos humanos Patricia Tappatá, apoyados por un equipo técnico, presentará oficialmente el jueves su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Entre los hechos y conclusiones que resalta es que la actual crisis que vive Venezuela “es la peor de la historia reciente” y que se ha alcanzado “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Los miembros de la Misión creen que las autoridades públicas ya ni siquiera intentan fingir cierta independencia y la ciudadanía está totalmente indefensa ante la arbitrariedad porque muchas garantías judiciales han perdido su efectividad.

El informe, que inicialmente comprende el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto pasado, ha sido actualizado para cubrir los hechos previos y posteriores a los comicios. Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre y marzo pasados bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra otras personas, que no solo son activistas, periodistas u opositores políticos, sino incluso militares.

Durante julio, en plena campaña electoral, hubo 120 detenidos, aunque otras 2.000 personas corrieron la misma suerte después del escrutinio, de acuerdo a datos de las propias autoridades, que les acusaban de terrorismo e incitación al odio. Según la Misión, entre éstos últimos había al menos un centenar de menores de edad, algunos con discapacidades. “La Misión ya había advertido que el gobierno podía activar su aparato represivo a voluntad, y eso es lo que estamos viendo ahora”, dijo Cox.