Enero de 2014. En el extremo sur del país, muy cerca de la frontera con Siria, el fiscal de Adana, Aziz Takçi, recibe por la mañana la llamada de un teniente de policía de la unidad de inteligencia. Es demasiado temprano y Takçi se enfada, pero acepta de mala gana tener una breve reunión en su casa con el agente, que insiste en que la urgencia e importancia del asunto así lo requieren.

Ya en casa del fiscal, el policía le dice que ha recibido información sobre un vehículo cargado de explosivos. Takçi responde que solo con esos datos no puede hacer nada, pero le insta a seguir investigando. Unas horas después, ya en el tribunal, otro agente de policía se acerca de nuevo al fiscal y le comunica que tres camiones están transportando munición y armamento de manera irregular. El oficial le facilita hasta el número de sus matrículas. Ahora sí. Takçi autoriza el registro de los camiones, que reciben el alto en un peaje de la autopista que lleva a Gaziantep, a escasos cien kilómetros de Alepo, y que sirve como puerta de entrada a Siria para yihadistas extranjeros, base de operaciones para opositores sirios, diplomáticos y trabajadores humanitarios y hogar de miles de desplazados por una guerra que desangra el país desde hace tres años.

El jefe de la unidad encargada de registrar los camiones llama una y otra vez al fiscal hasta que por fin recibe respuesta. Hay un problema. Ha llegado un vehículo y sus pasajeros dicen que son agentes de los servicios secretos turcos. Los nuevos invitados cruzan el coche en la carretera e intentan impedir que la policía se lleve los camiones a cualquier otro lado. El teléfono del fiscal no para de sonar y finalmente decide presentarse en el lugar del registro. Cuenta que se reúne con el gobernador de la provincia, quien le dice a su vez que ha recibido llamadas directamente de Erdoğan y del ministro de Interior presionando para liberar los camiones. Poco después de la llegada de Takçi, también se presenta allí el director regional de los servicios secretos. Pasan horas de duras negociaciones y, finalmente, Takçi autoriza la liberación de los camiones, que continúan la ruta con todo su cargamento.

Entretanto, las autoridades establecen un perímetro de unos cinco kilómetros en torno a los vehículos retenidos para mantener alejados a los curiosos. Demasiado tarde. La noticia salta rápidamente a los medios y varios periodistas son detenidos dentro de la zona de seguridad. Las autoridades solo les sueltan tras requisar las tarjetas de memoria con fotos y vídeos del incidente.

En un primer momento, Erdoğan, irritado por el nuevo escándalo, asegura que el cargamento es «secreto de Estado», pero después rectifica y señala que es ayuda humanitaria dirigida a la población turcomana de Siria. Paso a paso, repite el manual del escándalo de corrupción de diciembre de 2013: acusa a los gülenistas de querer derribar el Gobierno con investigaciones judiciales falsas, intenta enterrar el caso y persigue a aquellos que lo han destapado.

A Takçi le dedica también algunas palabras: «Oh, fiscal de la estructura paralela [Movimiento Gülen]. No puedes intervenir en el MIT sin mi permiso y mi conocimiento. Así lo dice la ley ¿Qué osadía es esa? Esta nación no lo perdonará. Esta nación no lo olvidará. Haremos que todos rindan cuentas por esta traición; esta operación despreciable; este espionaje».

A la nueva purga le siguen meses de calma. Una vez más, parece que Erdoğan esquiva el golpe. Pero no. Esta vez no son los tribunales estadounidenses [como ocurrió en el escándalo de las sanciones de Irán] los que tuercen su estrategia, sino una portada de periódico histórica. «Aquí están las armas que Erdoğan decía que no existían». Directo y al mentón. El titular abre el periódico Cumhurriyet el 28 de mayo de 2015 acompañado de una fotografía del registro de los agentes.

En la versión digital, el medio ofrece incluso un vídeo de la operación policial. Los agentes desatornillan los enormes contenedores metálicos del cargamento de los camiones y dentro se encuentran varias cajas bien selladas. La navaja atraviesa el cartón y descubre, por fin, decenas de paquetes de antibióticos. Erdoğan sabe lo que dice cuando habla de ayuda humanitaria. Pero debajo de esas cajas de medicamentos la policía descubre ochenta mil balas para metralletas, mil proyectiles de mortero y otros mil proyectiles de 100 mm, normalmente utilizados para destruir tanques.

El armamento va dirigido a grupos rebeldes sirios que luchan contra el régimen de Bashar al-Ásad. Imposible saber cuál de ellos porque la guerra en Siria se ha convertido en una telaraña de grupos armados en la que se comen unos a otros y en la que los más radicales acaban adquiriendo mayor peso. El vídeo es falso, dice el presidente, aunque asegura que la situación no cambiaría nada si los camiones llevasen armamento. Es una «traición» gülenista. Y punto.

Aquella portada, que se publica a tan solo diez días de las elecciones parlamentarias, pilla a Takçi entre rejas. Él, otros tres fiscales del caso —apartados desde enero— y un comandante de policía han sido arrestados pocos días antes. Están acusados, entre otras cosas, de intentar derribar el Gobierno o impedirle parcial o completamente cumplir con su deber utilizando la fuerza y la violencia. Esa osadía de interferir en los planes del todopoderoso presidente le costará una pena de veintiséis años de prisión: seis por obtener documentos secretos de Estado, ocho por hacerlos públicos y doce por ser miembro de FETÖ. Junto a él, alrededor de una veintena de acusados fueron condenados por el registro de los camiones.

Para Erdoğan, el mensajero era otro engranaje fundamental de la traición y Can Dündar, el periodista y director de Cumhurriyet que publicó la noticia, estaba ahora en el punto de mira. «Supongo que pagará un alto precio por ello». El presidente hace esa afirmación tratando de dejar claro que si le ocurre algo a Dündar, él no habrá tenido nada que ver. Sin embargo, su argumento se desmorona al instante: «No lo dejaré ir». Para Erdoğan es un asunto personal. Un golpe bajo tras el que cree que se esconde su viejo socio: Fethullah Gülen. 

Es el propio presidente el que presenta una demanda criminal contra Dündar y el periódico. Alega que el periodista ha participado en un plan oculto tejido por la red gülenista para crear la percepción de que Turquía está suministrando apoyo a grupos terroristas. Mientras tanto, aunque Erdoğan gana las elecciones, el AKP pierde por primera vez la mayoría absoluta que mantenía desde 2002.

Dündar no pertenece ni simpatiza con el Movimiento Gülen, pero ese «no le dejaré ir» se convierte en realidad el 27 de noviembre, fecha en la que es detenido junto al director de la edición del periódico en Ankara. «No somos traidores, espías ni héroes. Somos periodistas». Ambos están acusados de espionaje, revelación de secretos de Estado y pertenencia a organización terrorista. Unas semanas antes, el presidente había recuperado la mayoría absoluta tras ordenar repetir las elecciones al no alcanzarse un Gobierno de coalición. 

El periodista, con sus características gafas redonditas de montura fina apoyadas sobre una nariz grande y ancha que achica una boca escondida entre la barba canosa, es enviado a la cárcel de Silivri, Estambul. Allí, le perturba seriamente la prohibición de los lápices de colores. Dibuja flores y las colorea con el líquido que obtiene al aplastar frutas que le dan para comer. 

Tras 92 días en prisión preventiva, el Tribunal Constitucional ordena su excarcelación hasta la celebración del juicio y concluye que el encierro viola sus derechos fundamentales. Erdoğan está indignado. Cree sinceramente que los servicios de inteligencia deben tener un poder legal «infinito» fuera del alcance de fiscales y periodistas de medio pelo. En un ataque de sinceridad ante varios periodistas, el presidente va más allá: «No acepto esta resolución. Tampoco la obedezco ni la respeto». Pasan los días y el presidente le da una nueva vuelta de tuerca imposible al caso durante un viaje al extranjero: «Ha sido el Tribunal Constitucional el que ha violado la Constitución al abrir el camino a la liberación [de Dündar]». Erdoğan está obsesionado con encarcelar al periodista y dice estar dispuesto a pagar la indemnización si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba condenando a Turquía en un posible futuro caso.

Dündar camina por el exterior del tribunal junto a su mujer esperando el veredicto de los jueces. El cielo está despejado el 6 de mayo de 2016 y las cámaras de prensa apuntan a las puertas del juzgado. Algunos reporteros acaban de entrar en directo en los informativos para contar la última hora. De pronto, justo detrás, a muy pocos metros, se oyen dos explosiones. El estruendo es seco y corto. Al grito de traidor, un hombre dispara a bocajarro contra Dündar. Está a unos dos metros, pero eso no impide que falle y dé a otro periodista que intentaba proteger a su colega. Mientras, Dündar se aleja dando saltitos hacia atrás entre el trote y la marcha y sin quitar ojo a su atacante. Su mujer se ha abalanzado sobre aquel hombre de traje para que las fuerzas de seguridad lo detengan y le agarra con los dos brazos con ayuda de otra persona. Varios agentes de paisano desenfundan sus pistolas. Entre gritos y rodeado por decenas de cámaras que ya no apuntan a las escaleras del edificio, el atacante se arrodilla y se tumba boca abajo con varios policías apuntándole.

«No sé quién es, solo vi que me apuntaba. Lo que sabemos es quién nos ha pintado como objetivo», dice Dündar minutos después. 

El periodista vuelve al edificio para escuchar la sentencia: cinco años por revelación de secretos. Dündar no tiene que entrar en prisión hasta que se resuelva definitivamente su caso y eso es tiempo suficiente para huir a Alemania. Le han intentado matar dos veces en un mismo día: una muerte a tiros y otra judicial. No confía en la justicia y Turquía ya no es un lugar seguro.

Los jueces le declaran prófugo y sus propiedades quedan confiscadas. Además, tiene otro caso pendiente por aquella portada en el que es condenado in absentia a veintisiete años de prisión por espionaje y por apoyar a una organización terrorista —pese a su lejanía ideológica con el Movimiento Gülen—. Mientras tanto, el hombre que intentó meterle dos tiros es condenado a pagar cincuenta euros y a tres años de prisión que se le permite no cumplir si no comete otro crimen en cinco años. «Qué jueces más buenos», bromea Dündar desde Alemania tras conocer la sentencia contra su atacante. 

Esto es un extracto del libro 'Sentirán el aliento de Turquía en la nuca: secuestros, espionaje y guerra sucia en el país de Erdogan' (Península), que se publica el 27 de noviembre y aborda la llegada de Erdogan al poder, su deriva autoritaria y la persecución contra amigos y enemigos