La campaña para desplegar el manual ultraconservador Project 2025 en la administración de Donald Trump continua. El presidente ha firmado este jueves una orden ejecutiva que establece la creación de un grupo de trabajo en el Departamento de Justicia para perseguir el “sesgo anticristiano” y pone a la fiscal general, Pam Bondi, al frente de la tarea.

La misión de este grupo será revisar las actividades de todos los departamentos y agencias de la Administración de Joe Biden e identificar cualquier política o práctica “anticristiana” contraria al propósito de la actual directiva. El grupo de trabajo durará dos años, según el documento, y debe contar con la participación de altos funcionarios de diversas agencias gubernamentales. En total deberá presentar tres informes al inicio, a la mitad y al final del periodo. 

La firma del texto llega después que en sus primeros días indultara a 23 activistas antiabortistas que habían sido condenados por bloquear el acceso a clínicas. Una de las antiabortistas que recibió el perdón presidencial fue Lauren Handy, quien había sido condenada a casi cinco años de prisión por dirigir a los manifestantes para que se unieran con candados y cadenas para bloquear las puertas de la clínica. Una enfermera se torció el tobillo cuando una persona la empujó al entrar en la clínica, y una mujer fue abordada por otro manifestante mientras tenía dolores de parto, según los fiscales. La policía encontró cinco fetos en la casa de Handy después de que fuera acusada.

“Es directorio de los Estados Unidos, y el propósito de esta orden, proteger las libertades religiosas de los estadounidenses y poner fin a la instrumentalización del gobierno contra los cristianos”, escribe el presidente al inicio del decreto, donde asegura que “la administración anterior llevó a cabo un patrón flagrante de persecución contra cristianos pacíficos, mientras ignoraba delitos violentos y anticristianos”.

Durante la campaña electoral, Trump se acercó a los grupos cristianos católicos para conseguir su voto. De hecho, fue durante un acto con cristianos cuando afirmó que se li votaban no sería necesario “volver a votar”. En diversas ocasiones el presidente dibujó, sin pruebas, unos Estados Unidos donde hay una supuesta persecución contra la comunidad religiosa. En su momento, los expertos ya informaron de que no tenían constancia de ningún dato que respalde la idea de que los católicos en Estados Unidos están siendo perseguidos por el gobierno debido a su fe, y mucho menos a niveles récord.

Trump lo que hizo, y ha vuelto a hacer, es explotar unos pocos casos que existen en Estados Unidos para justificar su decreto, distorsionando la realidad. El presidente cita un memorándum que elaboró el 2023 la oficina del Richmond del FBI en el que describió a ciertos “católicos tradicionalistas radicales” como extremistas violentos. Durante tiempo, los republicanos explotaron este documento para asegurar que Biden (quien es católico) había ordenado acciones para perseguir a los católicos por sus creencias. 

En abril de 2024,una investigación interna del Departamento de Justicia determinó que el memorándum violó los estándares profesionales, pero no mostró “evidencia de intención maliciosa”.

La propuesta de Trump llega también después de que la Administración de Biden anunciara en diciembre una estrategia nacional para combatir la intolerancia antimusulmana y antiárabe. Además, supone un complemento a otros decretos firmados por el republicano en los que ha ordenado poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), así como poner fin a la “instrumentalización” del gobierno federa.

En numerosas ocasiones, Trump también ha vinculado el avance de las políticas de igualdad e inclusión, y todo aquello relacionado con la “agenda woke”, como una amenaza para los valores religiosos. Esta guerra cultural para barrer de en medio los avances del feminismo y las luchas antiracista y LGTBI se refleja muy bien en la propuesta de Trump para el Departamento de Educación. En su programa electoral, más allá de decir que cerrará el departamento, asegura que garantizará la “libertad de rezo” en las escuelas, concretamente “rezar y leer la Biblia”. La libertad religiosa de la que habla Trump solo aplica a un colectivo determinado. 

Lo cierto es que, en unos Estados Unidos donde supuestamente se persigue a la fe cristiana, Louisiana anunció el verano pasado que haría obligatorio que en todas las aulas de sus colegios hubiera colgados los 10 mandamientos. Así mismo, el superintendente de  Oklahoma, Ryan Waters, se congratuló el pasado mes de noviembre - después de la victoria de Trump - de ser el primer estado “que ha devuelto la Biblia a las escuelas”. Waters lo mostraba como un avance frente a “la izquierda radical” y su supuesto adoctrinamiento en las aulas.

Trump también ha anunciado que está formando una oficina de fe en la Casa Blanca. La oficina estará dirigida por Paula White, quien trabajó como asesora de Trump en una iniciativa similar durante su primer mandato. White es pastora en la iglesia StoryLife en Apopka, Florida. Este jueves, durante el Desayuno de Oración Nacional, el presidente ha asegurado que su relación con la religión había “cambiado” después de dos intentos fallidos de asesinato el año pasado e instó a los estadounidenses a “volver a llevar a Dios” a sus vidas.