Los tribunales se han convertido en la principal línea de defensa para frenar las aspiraciones absolutistas del presidente estadounidense, Donald Trump. En medio del incesante goteo de decretos con los que busca extralimitar su poder ejecutivo e invadir las competencias del Legislativo, los jueces no han dejado de emitir resoluciones de emergencia para bloquear sus medidas debido a su dudosa legalidad.

El fin de semana pasado, el vicepresidente J.D. Vance puso en entredicho la autoridad de los jueces federales para frenar las órdenes ejecutivas que ha estado firmando el presidente. “Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenar al fiscal general cómo utilizar su discreción como fiscal, eso también sería ilegal. A los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del Ejecutivo”, escribió Vance el domingo en X.

Cuando el equipo legal de la administración Trump presentó un recurso contra el bloqueo cautelar impuesto por un juez, que ordenaba restablecer el flujo de las ayudas federales a los programas sociales, el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, aseguró: “Cualquier impugnación legal en su contra no es más que un intento de socavar la voluntad del pueblo estadounidense”. Incluso Elon Musk ha pedido la “destitución” de un juez que frenó la suspensión de unos 2.000 trabajadores de USAID.

El martes, durante su comparecencia conjunta con Musk desde el Despacho Oval, el propio Trump criticó los bloqueos cautelares a muchos de sus tijeretazos administrativos, asegurando que algunos jueces tienen “inclinaciones”. El presidente afirmó que esperaba que los tribunales le permitieran hacer aquello para lo que había sido elegido. Más contenido, Trump aseguró que “siempre acataré” las decisiones judiciales, aunque el lunes un juez federal denunciaba que el Ejecutivo no está cumpliendo la orden de descongelar las ayudas federales a programas sociales.

La Casa Blanca reiteró este miércoles la idea de que existe un supuesto sesgo entre los jueces y los acusó de “instrumentalizar” los tribunales. “Desde nuestro punto de vista, esto es una continuación de la instrumentalización de la justicia que hemos visto contra el presidente Trump. Luchó contra esto durante dos años en la campaña electoral y no se detendrá ahora”, afirmó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

“Creemos que las medidas cautelares emitidas por estos jueces no tienen ninguna base legal ni fundamento y, como el presidente dejó muy claro ayer, cumpliremos estas órdenes. Sin embargo, la posición de la administración es que seremos reivindicados. Las acciones ejecutivas que tomó el presidente fueron completamente legales y constitucionales, y esperamos con entusiasmo el día en que pueda seguir implementando su agenda”, insistió la portavoz.

Las afirmaciones sobre la autoridad del poder judicial son el inicio de una maniobra para erosionar uno de los pocos consensos sociales que los republicanos aún no han roto: el papel de la Justicia dentro del sistema de separación de poderes en Estados Unidos.

En muchas de sus órdenes, Trump ha intentado arrebatar competencias al Congreso, como en el caso de la congelación fallida de las ayudas federales a los programas sociales o el plan para incentivar las bajas de los funcionarios.

Dentro del tándem presidencial, Vance ha adoptado el rol de provocador social y lidera la ofensiva para empujar el marco político, de modo que cuando Trump haga las mismas afirmaciones, no resulten tan alarmantes. Además, esto le permite al presidente estadounidense proyectar una imagen más moderada de cara al público.

A pesar de que el vicepresidente afirme que la Justicia no tiene ninguna autoridad sobre la voluntad del Ejecutivo, el artículo III de la Constitución otorga a los jueces federales la potestad de dictaminar sobre casos que involucren al presidente, así como a otros poderes del Gobierno. Se trata de la revisión judicial. Lo que sugiere Vance en su publicación supondría desmontar el Estado de derecho actual y sentar las bases para que, más adelante, Trump pueda rebelarse contra los jueces.

En coordinación con la fabricación de un relato que deslegitime el poder judicial, parece también que la Casa Blanca ha empezado a desafiar la autoridad de los jueces. Este lunes, el juez federal John McConnell denunció que Trump ignoró su fallo del 29 enero en el que ordenaba reactivar el flujo de las ayudas federales destinadas a los programas sociales. 

Trump paralizó las ayudas federales a finales de enero para poder revisar si el gasto federal se alineaba con su agenda. La retención de los fondos desató el caos en todos los niveles administrativos, ya que de ellos dependen miles de hogares. Después parecía que el gobierno del republicano reculaba en sus intenciones. De hecho, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) anunció que rescindía la orden. Sin embargo, el comunicado emitido por el juez federal este lunes apunta lo contrario. 

En el texto, McConnell asegura que tiene pruebas de que aún hay subvenciones y préstamos federales que continúan suspendidos. Por ello, el juez ha ordenado a los funcionarios que cumplan con el “texto simple” de la sentencia. En la orden emitida inicialmente, McConnell escribió que era “clara e inequívoca y no hay impedimentos para su cumplimiento por parte de los acusados”. 

Los abogados de Trump ya han llevado la orden inicial del juez ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos pidiendo que suspenda la sentencia de McConnell mientras se analizaba el caso. “Cada orden ejecutiva se mantendrá en pie en los tribunales porque cada acción de la administración Trump-Vance es completamente legal”, afirmó Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca. “Cualquier impugnación legal en su contra no es más que un intento de socavar la voluntad del pueblo estadounidense”, añadió.

Esta no es la primera vez que los abogados de la Administración Trump desafían un bloqueo judicial. El domingo por la noche presentaron otro recurso contra la orden judicial que impide a los colaboradores de Elon Musk acceder a los sistemas de pago y datos del Departamento del Tesoro. El equipo legal de la Casa Blanca argumentaba que esta actuación afecta a los poderes absolutos del presidente, los cuales, según ellos, la Justicia no puede usurpar. 

La resolución publicada el sábado por el juez Paul A. Engelmayer iba un paso más allá de la que emitió el viernes una jueza federal de Washington, ya que esta solo limitaba el acceso a la información del Tesoro a Musk y dejaba que sus colaboradores sí pudieran consultarla. Egelmayer bloqueó el acceso para todos los empleados del grupo de trabajo DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental, según sus siglas en inglés), ya que se trata de empleados externos que cumplen órdenes de un asesor gubernamental. El DOGE no es un departamento, por mucho que el nombre lo diga. 

Musk no es un cargo electo y en teoría no puede tener acceso a informaciones tan sensibles como el número de la Seguridad Social de los contribuyentes. Algunos miembros del DOGE habían revisado las bases de datos para identificar gastos que pudiesen recortarse. El escrito del juez sostiene que la iniciativa desafía la separación de poderes establecida en la Constitución, según la cual el Congreso determina los gastos del Gobierno. Engelmayer ordenaba a los colaboradores de Musk que destruyesen “de inmediato todas y cada una de las copias de material descargado de los registros y sistemas del Departamento del Tesoro”.

La reacción de Musk a la orden del juez Egelmayer no se hizo esperar y el domingo publicaba en X: “¡Un juez corrupto protegiendo la corrupción. ¡Necesita ser destituido AHORA!”. Trump se sumó a las críticas y dijo a los periodistas a bordo del Air Force One, rumbo a la Super Bowl el domingo, que estaba “muy decepcionado” con la decisión del juez, pero que aún “queda un largo camino por recorrer”.

Este lunes, no dejaron entrar en la sede de Washington a los empleados federales de USAid que fueron a trabajar, a pesar de que el viernes un juez había bloqueado temporalmente la suspensión de más de 2000 empleados. La agencia de cooperación internacional  se ha convertido en el proyecto piloto de la incursión de Musk para desmantelar a gran escala todo el gobierno federal.

El cuestionamiento del vicepresidente Vance de los poderes de los tribunales es una referencia explícita a la orden de emergencia emitida por Engelmayer y llega en medio de la oleada de resoluciones judiciales que han frenado temporalmente muchas de las acciones ejecutivas de Trump.

Cuando los magistrados han dado la razón a Trump, el presidente siempre ha aplaudido el poder de la judicatura. Cuando la jueza a cargo de la investigación contra él por los papeles clasificados de Mar-a-Lago aceptaba constantemente los recursos que interponían sus abogados, Trump siempre lo celebraba como una victoria de la justicia. 

Tres jueces ya han bloqueado la orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense por ir en contra de la Constitución y este lunes otro juez federal mantuvo paralizado el plan de bajas incentivadas para empleados públicos debido a su dudosa legalidad. 

El Gobierno de Trump había ofrecido siete meses de sueldo hasta septiembre a todos los funcionarios que renunciaran a su plaza antes de la medianoche del pasado jueves con el objetivo de facilitar a Elon Musk el trabajo de desmantelar las agencias federales. Despedir a un funcionario no es fácil, por lo que el presidente quería ahorrarle meses de batallas legales al DOGE. 

Las palabras de Vance han desatado la indignación en Washington. Diversos congresistas y expertos han advertido de las consecuencias que tendría aceptar el relato que quiere imponer la Administración Trump sobre la autoridad judicial. 

Daniel Goldman, congresista demócrata de Nueva York, escribió en X: “Se llama ‘Estado de derecho’. Nuestra Constitución creó tres poderes de gobierno para dotarse de controles y equilibrios entre sí (‘separación de poderes). El poder judicial se asegura de que el Ejecutivo cumpla la ley. Si lo haces, entonces no tendrás problemas.”

La investigadora del grupo de expertos Brookings Institution Quinta Jurecic explicó al New York Times que “la formulación de Vance sugiere que el poder Ejecutivo podría potencialmente responder a una orden judicial diciéndole al tribunal: ‘Estás invadiendo inconstitucionalmente mi autoridad y no voy a hacer lo que dices’. Jurecic afirmaba que ”en ese punto, la Constitución se desmorona“.