La Fiscalía General de Brasil acusó anoche formalmente al expresidente Jair Bolsonaro de “aceptar” un plan para dar un golpe de estado y mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022, en las que cayó derrotado frente a Lula da Silva.

La acusación, recogida en una denuncia presentada por el fiscal general, parte de la profusa investigación de la polícía federal, publicada hace tres meses, en la que se acusa a Bolsonaro, presidente entre 2019 y 2022 y uno de los referentes de la extrema derecha global contemporánea, de aceptar el plan para impedir la toma de posesión de Lula tras la victoria electoral de este en las elecciones de 2022. Bolsonaro perdió los comicios, pero sus seguidores más radicales, espoleados por él, atacaron el palacio presidencial de Brasilia, emulando lo sucedido dos años antes en Washington con los más acérrimos seguidores de Donald Trump.

El informe policial señalaba que Bolsonaro había tenido “pleno conocimiento” de la preparación del golpe y el fiscal señala ahora que “lo aceptó”. La Fiscalía sostiene que los acusados buscaron “neutralizar” el Supremo y evaluaron “el uso de armas bélicas” contra el juez Alexandre de Moraes y “la muerte por envenenamiento” de Lula.

La extensa acusación implica a otras 33 personas, entre las que hay militares de alto rango y algunos ministros de Bolsonaro, quienes querían, según recoge EFE, “el control total sobre los tres poderes” y establecer un “gabinete central” con la intención de “organizar un nuevo orden” sin Lula en el poder. Para conseguirlo, pretendían crear un ambiente de “conmoción social capaz de arrastrar al Alto Comando del Ejército a la aventura del golpe”, una operación tan pensada que hasta tenía nombre en clave: “puñal verdeamarillo”, en referencia a los colores de la bandera brasileña.

Bolsonaro es acusado de “liderar” la conspiración golpista, de acuerdo con la Fiscalía General, que le imputa delitos como “tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “organización armada para delinquir” y “golpe de Estado”. La Fiscalía sostiene que los acusados buscaron “neutralizar” el Supremo y evaluaron “el uso de armas bélicas” contra el juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el alto tribunal, y “la muerte por envenenamiento” de Lula.

El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si acepta la querella y procesa a Bolsonaro y los demás conspiradores, entre los que se encuentran el antiguo jefe del espionaje brasileño, el congresista Alexandre Ramagen, los exministros de Defensa Walter Braga Netto Paulo Sérgio Nogueria, ambos militares con grado de general, el responsble de Justicia y seguridad Pública, Anderson Torres, el de seguridad institucional, Augusto Heleno, también militar, y el comandante de la Marina, Almir Garnier Santos.

El historiador Carlos Fico, experto en en la dictadura que gobernó Brasil tras el golpe de Estado de 1964, declaró al Guardian que la imputación de generales tras un proceso judicial dirigido por la policía federal, ratificado por el fiscal general y camino del Supremo “no tiene precedentes” en el país.

Horas antes de que se hiciera pública la denuncia, Bolsonaro, que se declara víctima de una “persecución” judicial, aseguró a los periodistas no tener “ninguna preocupación” al respecto. Posteriormente, su abogado publicó en X que el expresidente se siente “indignado” y que la denuncia es “inepta” e “incoherente”.

Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Lula, aseguró por su parte en sus redes sociales que la denuncia es “un paso fundamental en la defensa de la democracia y del Estado de derecho”.