España y al menos otros 14 países, además del Parlamento Europeo, se han sumado a la batalla judicial de Bruselas contra la ley de soberanía impulsada por el ultraderechista Viktor Orbán, quien, bajo la premisa de combatir las injerencias extranjeras, promovió una normativa que persigue la actividad de organizaciones críticas con el Gobierno.

Con esta ley, Orbán creó la Oficina de Defensa de la Soberanía Nacional (SZVH, por sus siglas en húngaro) para investigar a personas y organizaciones que considere una amenaza para la “soberanía nacional” y la “identidad constitucional”. A este organismo, presidido por Tamás Lánczi, un antiguo asesor de Fidesz —el partido de Orbán—, se le han otorgado amplios poderes: los servicios secretos pueden proporcionarle información clasificada y no se pueden recurrir sus investigaciones sobre entidades o personas que supuestamente reciben dinero del exterior para “influir” en el debate político húngaro.

El amplio concepto de investigar actividades con el objetivo de influir en el “debate democrático”, con una ambigüedad deliberada, da manga ancha a la arbitrariedad. El primer informe elaborado por la SZVH puso en la diana a ONG como Transparencia Internacional, que evalúa el nivel de corrupción en cada país, así como a medios independientes. También inició una investigación contra Péter Magyar, un antiguo miembro del partido de Orbán que se ha convertido en su mayor opositor y que ahora milita en las filas del Partido Popular Europeo.

Como redactor jefe de un periódico húngaro, el actual presidente de la SZVH publicó un listado de miembros de ONG a los que acusó de ser “mercenarios de Soros”, la gran obsesión de la ultraderecha europea y, especialmente, del primer ministro húngaro, quien emprendió una campaña contra el filántropo. “Si alguien está trabajando para privar a Hungría de las subvenciones a las que tiene derecho y se enorgullece de hacerlo, ¿a qué equivale? Los legisladores y los encargados de hacer cumplir la ley tienen la responsabilidad de aclarar lo que consideran traición”, declaró como responsable de la entidad. Estas palabras suponen “apuntar a las organizaciones de la sociedad civil húngara y europea que trabajan en el ámbito del Estado de derecho y la condicionalidad de la UE”, denuncia la organización Reclaim, que apoya causas de derechos civiles y lucha contra la corrupción.

“Orbán ha convertido a Hungría en la sucursal en Europa de Putin y Trump. Pero su último y maquiavélico invento supera, incluso, a sus mentores. Bajo la farsa de ”defender la soberanía“, ha creado una autoridad pública para perseguir a los periodistas, el mundo académico, las ONG o, por supuesto, la oposición. Envalentonado por los recortes de Trump a USAID, ha prometido eliminar a las ONG pro-democracia antes de Semana Santa. Pero, al contrario que Rusia o Estados Unidos, Hungría se comprometió a seguir siendo una democracia al unirse a la UE. En este club, no cumplir las reglas tiene consecuencias – al menos, a veces”, reflexiona Esther Martínez, directora de Reclaim.

Bruselas y 15 países (España, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa, Polonia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Estonia, Lituania, Irlanda y Portugal) y el Parlamento Europeo quieren cortocircuitar el nuevo intento de Orbán de silenciar a la oposición y a las organizaciones de la sociedad civil que cuestionan las vulneraciones del estado de derecho en el país.

En línea con el recurso presentado en octubre por la Comisión Europea, el de España recoge la vulneración de normas europeas con la denominada 'ley de soberanía', entre ellos principios básicos fundacionales de la UE como el mercado interior, al poner en riesgo el libre establecimiento, la libre prestación de servicios o la libre circulación de capitales. Así, el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, también enumera la violación de algunos artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, como el respeto de la vida privada y familiar, la protección de datos personales, la libertad de expresión e información o el derecho a la tutela judicial efectiva.

“El mensaje es claro: el respeto a los valores fundacionales de la UE, como la democracia, el Estado de Derecho o los derechos humanos, no son negociables. Al intervenir en favor de la Comisión, los Estados miembros no sólo apoyan una demanda, sino que piden a la Presidenta Von der Leyen que intensifique la lucha por la democracia en Europa. Justo cuando más se necesita”, explica Alejandro Ménendez, asesor legal en Reclaim, que lamenta que la Comisión Europea no haya pedido como medida cautelar la suspensión de la 'ley de soberanía': “No debemos conformarnos con esperar a la sentencia en tres o cuatro años. Para entonces, quizá no quede democracia que salvar en Hungría”.

Ahora se inicia una nueva batalla judicial. En todo caso, Orbán ha declarado la guerra a las organizaciones de la sociedad civil y recientemente ha amenazado con hacerlas “legalmente imposibles”. En una reunión a puerta cerrada con su partido, que tiene mayoría absoluta, planteó que se aprueben leyes más severas para vetar a medios de comunicación y ONG que se hayan beneficiado de ayudas de EEUU durante la anterior administración demócrata, según informó la prensa local la semana pasada. Orbán aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el magnate Elon Musk han destapado lo que llamó una red de “corrupción política” que distribuyó miles de millones de dólares a medios de comunicación y organizaciones internacionales, también en Hungría, recoge la Agencia EFE.

El TJUE ya falló en contra de Hungría en un primer intento por perseguir a las ONG a través de una ley con la que les obligaba a dar información sobre sus ingresos desde el exterior. En junio de 2020, una sentencia estableció que Hungría había impulsado medidas “discriminatorias e injustificadas tanto respecto a las organizaciones [que recibían el dinero] como de las personas que les conceden esa ayuda”. Los jueces de Luxemburgo admitían que puede existir un interés general en conocer la financiación extranjera de organizaciones que tienen influencia en la esfera pública. “Hungría no ha demostrado por qué el objetivo de aumentar la transparencia de la financiación de las asociaciones que invoca justificaría las medidas concretamente establecidas”, señalaba el fallo, que también consideraba que había una limitación del derecho de asociación.

Otro de los intentos por los que la Hungría de Orbán fue condenada fue el de perseguir a las ONG que ayudan a las personas migrantes. Y, años antes, el TJUE dio un tirón de orejas a Budapest por someter a un demandante de asilo LGTB a un examen psicológico. “Es una injerencia desproporcionada en su vida privada”, determinaron los jueces.

Hungría es uno de los países con más frentes abiertos en los tribunales de Luxemburgo, que impuso una multa de 200 millones de euros al país por boicotear la política de asilo de la UE durante la crisis de refugiados de 2015.

Pero no solo en el ámbito migratorio. El grupo de países defensores del estado de derecho ya se unieron a la demanda de Bruselas contra la ley homófoba de Orbán que prohíbe hablar de homosexualidad en los programas escolares. La vista de ese caso se celebró a finales de noviembre y se espera que la sentencia llegue a final de año.

La deriva autoritaria de Orbán es uno de los principales problemas de la UE a nivel interno. El líder ultraderechista, que ahora está envalentonado con el triunfo de Donald Trump, chantajea constantemente a los socios europeos, especialmente con su alineamiento con Vladímir Putin respecto a Ucrania dado que en las decisiones de política exterior se requiere de la unanimidad de los 27.