No corren buenos tiempos para el periodismo.

“La guerra siguió proyectando una pesada sombra sobre el periodismo”, dice el informe que se ha presentado este miércoles en Bruselas y que señala la de Ucrania como la “preocupación más acuciante” en 2024, un año en el que se recopilaron hasta siete casos de informadores “bajo el fuego”, como el caso del trabajador de Reuters Ryan Evans, que falleció en un ataque con misiles en el que varios de sus compañeros resultaron heridos. El caso que repite en varias ocasiones el informe es el de Viktoria Roshchyna, una freelance ucraniana que desapareció en agosto de 2023, cuando informaba desde los territorios ocupados: “En septiembre de 2024, las autoridades rusas anunciaron que había muerto durante un traslado a una cárcel de Moscú”.

“En los territorios ocupados de Ucrania, el trato de Rusia a los periodistas violó sistemáticamente las leyes de la guerra y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que garantizan la protección de los periodistas como civiles en zonas de conflicto armado. Al menos 28 periodistas ucranianos fueron encarcelados, mientras que a otros se les prohibió realizar su trabajo, se les obligó a huir o siguieron ejerciendo su profesión de incógnito con gran riesgo personal”, señala el informe.

La plataforma del Consejo de Europa también denuncia “la censura de guerra y las leyes draconianas” en Rusia “que penalizan las críticas a las autoridades del Estado intensificaron la supresión del periodismo independiente”. Al menos 29 periodistas estaban encarcelados en ese país en 2024 y varios fueron condenados por rebeldía al mismo tiempo que se endureció la ley para facilitar su persecución bajo la premisa de los “agentes extranjeros”.

En todo caso, las detenciones de periodistas no son exclusivas de Rusia. A fecha de 31 de diciembre, 159 periodistas estaban encarcelados en todo el continente: 44 en Bielorrusia; 30 en Azerbaijan; 29 en Rusia, además de los 28 en los territorios ucranianos ocupados; 27 en Turquía, y uno en Georgia.

Las vulneraciones de la labor periodística tampoco son exclusivas de Rusia. Las alarmas han sonado ante el debate en el Parlamento ucraniano de un proyecto de ley que proponía penas de ocho años de prisión por publicar 'información confidencial' en tiempo de guerra, lo que puede suponer una persecución de los periodistas de investigación.

También en la guerra en Gaza se han producido ataques a los periodistas. De hecho, se han denunciado “las restricciones impuestas a la información sobre una crisis mundial de tal envergadura” al mismo tiempo que las plataformas de defensa de la libertad de información “instaron a las autoridades israelíes a permitir el acceso de la prensa internacional” a la Franja de Gaza y a “garantizar la seguridad de los periodistas palestinos”. “Dada la prohibición de informar, estos periodistas siguen siendo fuentes esenciales de información sobre el desarrollo de la crisis”, recoge el informe.

En este caso, es más duro el informe de Reporteros sin Fronteras, que señaló ese conflicto como el más peligroso para informar. El ejército israelí mató a un tercio de los periodistas asesinados en 2024 en todo el mundo. Desde octubre de 2023, Israel asesinó a 145 periodistas. Además, ese país se convirtió en la tercera prisión más grande para los periodistas, por detrás de China y Birmania.

Desde que se creó la plataforma de seguridad de la prensa anexa al Consejo de Europa en 2015, tras el atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo, las alertas por amenazas al trabajo de los informadores se ha incrementado, sobre todo después de la pandemia. En 2024, registró 266 casos, que abarcan desde agresiones físicas, detenciones, intimidación y otras acciones restrictivas al derecho a la información. 78 de los avisos fueron por agresiones físicas o peligro a la integridad de los periodistas (un sustancial incremento respecto a los 52 recogidos el año anterior) y 77 se engloban en la categoría de acoso e intimidación.

Uno de ellos fue la amenaza del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a elDiario.es. “Os vamos a triturar”, le dijo ese alto cargo a la adjunta al director, Esther Palomera, a raíz de la información sobre el cobro de dos millones en comisiones por la venta de mascarillas por parte del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. España sale otras seis veces en ese informe, entre ellas por la preocupación por el decreto para reducir las mayorías necesarias nombrar al consejo de administración de RTVE que, para la plataforma, puede “debilitar” la independencia del ente público.

El informe dedica un capítulo entero al auge de la ultraderecha en las elecciones europeas y a nivel local y nacional en el continente así como su irrupción en gobiernos de coalición. “Estos avances electorales de partidos conocidos por sus ideologías iliberales - y su hostilidad hacia la prensa- suponen una importante amenaza para las coaliciones que tradicionalmente han defendido la libertad de los medios de comunicación y el pluralismo en la Unión Europea y el Consejo de Europa”, expresa el informe, que advierte de que ese “cambio podría afectar” al modo en el que los estados miembros aplicarán los preceptos de la ley de libertad de medios, que obligará, entre otras cosas, a los medios a publicar información sobre quiénes son sus propietarios y a las administraciones públicas a dar transparencia a la publicidad institucional.

Igualmente, admite que “la victoria de Trump en las elecciones de noviembre de 2024 hizo saltar las alarmas”. “Los medios estadounidenses reconocen que las amenazas legales, incluidas las demandas por difamación, las citaciones a los medios de comunicación y las presiones sobre la protección de los denunciantes, es probable que aumenten. La Ley de Espionaje, que se aplicó en el caso de Julian Assange, corre el riesgo de ser utilizada mucho más activamente contra los periodistas, dentro y fuera del país”, afirma el informe, que también recuerda la resolución del Consejo de Europa que pidió a EEUU reformar la ley de espionaje para no volver a usarla contra periodistas o denunciantes.

El acercamiento de los líderes estadounidenses de las grandes tecnológicas, muchos de ellos partidarios del 'absolutismo de la libertad de expresión', y Donald Trump se interpreta como un riesgo para los esfuerzos europeos destinados a regular las plataformas sociales. Se espera que ponga a prueba la eficacia de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea y los esfuerzos europeos para luchar contra la desinformación y la incitación al odio. La ambición europea de ser una potencia normativa mundial inspirada en el Derecho internacional de los derechos humanos se ve claramente amenazada por lo que está ocurriendo“, apunta el informe, que considera que la ”alianza de Trump y Elon Musk“ va a afectar a Europa y, en concreto, a los procesos electorales, después del apoyo del dueño de X a fuerzas de ultraderecha como Alternativa por Alemania.