Este martes, los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya han escuchado los argumentos de varios países, entre ellos España, en el procedimiento de este tribunal –el máximo órgano de Naciones Unidas– sobre las obligaciones de Israel respecto a la presencia y a las actividades de la ONU y otras organizaciones en los territorios palestinos ocupados.

El procedimiento y los argumentos se centran sobre todo en la prohibición de la actividad y presencia de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Israel y, por consiguiente, en Gaza y la Cisjordania ocupada –ambos territorios están controlados por Israel y no se puede acceder a ellos sin su permiso–.

La representante de España, Consuelo Femenía, embajadora española en Países Bajos, ha argumentado que la UNRWA fue creada con un mandato muy concreto, el de asistir a la población palestina refugiada tras la creación del Estado hebreo en 1948, y que Israel no puede revocar unilateralmente ese mandato. También ha afirmado que no puede “determinar unilateralmente el alcance de los privilegios y la inmunidad de Naciones Unidas” ni “juzgar unilateralmente las acciones de los organismos, agencias u oficiales” de la ONU, ya que es un Estado miembro.

Femenía ha detallado todos los tratados, convenios y leyes internacionales que Israel está contraviniendo con la polémica ley adoptada por la Kneset (Parlamento) el pasado mes de octubre, que la embajadora ha calificado de “arbitraria”. El Parlamento israelí aprobó en octubre de 2024 dos leyes que prohíben la actividad de UNRWA en Israel y su contacto o coordinación con las autoridades del país. 

La representante de España ha recordado además a Israel sus obligaciones como ocupante, con base en los tratados y leyes internacionales: “Israel tiene la obligación de administrar los territorios palestinos ocupados en beneficio de la población local”. Femenía ha agregado que “Israel tiene la obligación de satisfacer las necesidades básicas de la población local”, según establece la Convención de Ginebra. Por tanto, Israel está incumpliendo esa convención en Gaza, donde la población no dispone de los bienes básicos para vivir, tal y como denuncian todas las organizaciones humanitarias sobre el terreno.

Según Femenía, el poder ocupante tiene que garantizar la comida y los suministros médicos, así como artículos de vestimenta, aseo, cobijo y otros bienes necesarios para la supervivencia de la población civil, algo que no está haciendo en la Franja, en la que no ha permito la entrada de ayuda humanitaria ni ningún producto desde el pasado 2 de marzo.

“Israel tiene la obligación de aceptar y proveer asistencia humanitaria a la población civil”, ha agregando, destacando que esto inlcuye “aceptar y facilitar” la ayuda que provean otros estados u organizaciones humanitarias.

La CIJ escucha esta semana (desde ayer, lunes, y hasta el viernes) los argumentos de más de 40 países y organizaciones sobre las obligaciones de Israel respecto a la presencia y las actividades de Naciones Unidas, otras organizaciones y Estados en los territorios palestinos ocupados, antes de emitir una opinión consultiva solicitada el año pasado por la ONU.

Este martes, también ha hablado ante la corte al representante de Sudáfrica, país que en diciembre de 2023 presentó una demanda contra Israel ante el tribunal de Naciones Unidas por las supuestas violaciones de la Convención sobre el Genocidio en su brutal ofensiva en Gaza. En junio de 2024, España se sumó a ese procedimiento.

El director general del Departamento de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, Zane Dangor, ha denunciado que Gaza está “de nuevo bajo un asedio total después de que Israel rompiera el alto al fuego” el pasado 18 de marzo y que Israel “está bloqueando la entrada de comida, agua y medicinas, todas cosas esenciales para la vida” en la Franja.

Por su parte, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha recordado que desde que las nuevas leyes israelíes entraron en vigor a finales del pasado enero, su personal internacional no ha recibido visados para entrar en Israel: “Esto les impide entrar en Cisjordania (incluido Jerusalén Este) y la Franja de Gaza, donde más de dos millones de personas dependen de los servicios y la asistencia de la agencia”.

Desde la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), han dado la bienvenida al inicio de los procedimientos consultivos de la CIJ esta semana, pero han lamentado que “esta decisión llevará tiempo”. “Las personas en Gaza no tienen ese lujo. Esperar cualquier tipo de recurso legal para poner fin al asfixiante bloqueo intencionado de Israel sobre la ayuda, la comida y la medicina en Gaza condenará a más palestinos a muertes evitables, mientras el mundo observa con indiferencia sin hacer nada para detener esta crueldad indiscriminada y aberrante”, ha dicho Claire Nicolet, responsable de Emergencias de MSF, en un comunicado.