La Unión Europea hace tiempo que decidió mirar hacia otro lado respecto a lo que pasa en Marruecos y cada vez más el triángulo Madrid-París-Bruselas se alinea con su vecino incómodo, al que necesita inexorablemente para controlar los flujos migratorios, que es una de las obsesiones de los gobiernos europeos.

Primero fue en 2022 el cambio histórico de posición respecto al Sáhara Occidental por parte de Pedro Sánchez tras 40 años de equilibrio de España con Marruecos y Argelia al apoyar la propuesta marroquí de autonomía de ese territorio desmarcándose del derecho de autodeterminación que le reconocen las resoluciones de la ONU. El Gobierno trataba así de recomponer las relaciones con el reino alauita, que las rompió tras la acogida humanitaria del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, a la que respondió con un “asalto” de 10.000 personas a la frontera de Ceuta, según lo definió el propio Sánchez.  

Recientemente, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo un encuentro en Madrid en plena Semana Santa su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en el que presumieron de que las relaciones entre los dos países se encuentran en el “mejor momento histórico”. El jefe de la diplomacia española reiteró que la propuesta de Marruecos es la “la base más seria, realista y creíble” para resolver el “diferendo”. En una comparecencia sin preguntas de los periodistas, Bourita admitió que el giro de Sánchez supuso un “punto de inflexión” para esa relación.

Dos años después Emmanuel Macron fue incluso más allá al reconocer que el plan de Marruecos era “la única base” para resolver el conflicto. El presidente francés trataba así de relanzar las relaciones que se habían agrietado igualmente en 2021 con el foco puesto en la seguridad del Sahel.

Frente a los golpes de esos dos gobiernos, que por razones de vecindad son los que tienen una mayor relación con Marruecos, el pueblo saharaui recibió una victoria de la justicia europea: la anulación del acuerdo pesquero de la UE con Marruecos por vulnerar los derechos de la población del Sáhara Occidental. En concreto, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) consideró que se había violado el principio de autodeterminación y concluyó que el consentimiento del Sáhara Occidental a los acuerdos comerciales, dado que afectan a los recursos naturales y las aguas adyacentes al territorio, “no puede presumirse”. 

A pesar de que la Comisión Europea y el Servicio de Acción Exterior de la UE llevaron a cabo consultas, no se dirigieron al pueblo del Sáhara Occidental, sino a la población que actualmente habita el territorio y que no es el “único titular del derecho a la autodeterminación”, según establecieron los jueces respecto al consentimiento. El TJUE recuerda que una gran parte del pueblo saharaui vive en el exilio desde la década de los 60.

Ese fallo se produjo tras una batalla judicial por parte del Frente Polisario, al que los jueces de Luxemburgo reconocen como el interlocutor válido, que se remonta a 2019, cuando se firmó el convenio con Marruecos. En 2023 quedó anulado por una sentencia del Tribunal General (TGUE), pero la Comisión Europea y el Consejo de la UE -donde están representados los gobiernos de los 27- la recurrieron. 

Sin embargo, el pueblo saharaui no lo tiene todo ganado respecto a la decisión judicial de octubre de 2024. Los jueces del TJUE, a diferencia de los de la instancia anterior, establecieron que el consentimiento a los acuerdos comerciales no tiene por qué otorgarse de manera explícita si se dan algunos requisitos. 

“Puede considerarse que se ha obtenido ese consentimiento cuando el acuerdo de que se trata no crea obligaciones para ese pueblo y prevé en favor de este último una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de la explotación de los recursos naturales de ese territorio, debiendo, además, esa ventaja ser proporcional a la importancia de dicha explotación. Si se cumplen esos requisitos, el hecho de que un movimiento que se presenta como el representante legítimo de dicho pueblo se oponga a ese acuerdo no puede, como tal, bastar para cuestionar la existencia del consentimiento que se presume”, recoge la sentencia. 

Y a esa flexibilidad se aferra la Comisión Europea a la hora de negociar el nuevo acuerdo con Marruecos. Unas conversaciones que están enterradas en la opacidad. “La UE reitera el gran valor que concede a su asociación con Marruecos, que es duradera, amplia y profunda. La UE está en estrecho contacto con sus homólogos marroquíes para debatir la mejor manera de avanzar conjuntamente tras las sentencias”, se limitan a decir en Bruselas. Lo que queda claro es que el Frente Polisario queda fuera de la ecuación y que la única intención del ejecutivo comunitario es pactar una solución con Rabat. 

También el Consejo de la UE oculta su posición respecto a las sentencias. El pasado 11 de noviembre, un mes después del fallo del TJUE, el departamento legal de esa institución emitió una nota de información para que los estados miembros estuvieran al tanto de los fallos relativos a los acuerdos con Marruecos así como las consecuencias jurídicas de los mismos. Sin embargo, cercena para el público parte del documento en el que aborda cuál puede ser la reacción de la UE ante el varapalo judicial. 

“El Consejo está obligado a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal de Justicia. La ejecución de las sentencias puede adoptar distintas formas”, señala en el punto 34 de ese documento antes de aparecer la palabra BORRADO en las explicaciones de las fórmulas que puede promover la UE para impulsar un nuevo acuerdo. El argumento que esgrime la institución para eliminar los párrafos clave del informe es que están protegidos para impedir un “perjuicio para la protección de las relaciones internacionales” así como para “el asesoramiento jurídico” de la UE.

El eje Madrid-París-Bruselas también se unió en el intento de modificar la parte de la sentencia del TJUE que estipulaba que “la mayor parte de la población actual del Sáhara Occidental no forma parte del pueblo titular del derecho a la autodeterminación”.

“[El pueblo del Sáhara Occidental], en gran parte desplazado, es el único titular del derecho a la autodeterminación sobre el territorio del Sáhara Occidental. En efecto, el derecho a la autodeterminación pertenece al pueblo afectado, y no a la población de ese territorio en general, de la cual, según las estimaciones aportadas en la vista ante el Tribunal de Justicia por la Comisión, solo el 25 % es de origen saharaui”, señala la sentencia en uno de los párrafos que la Comisión Europea y los gobiernos de España y Francia pretendieron anular, sin éxito dado que los jueces rechazaron los recursos.

Otro síntoma de la equidistancia con Marruecos ante el conflicto saharaui fue la falta de respuesta por parte de la UE a la retención de los eurodiputados de La Izquierda Isa Serra (Podemos), Catarina Martins (Bloco) y Jussi Saramo (Alianza de Izquierda de Finlandia) en el aeropuerto de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, y su posterior deportación a Canarias.

En sendas cartas enviadas al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la alta representante de la UE, Kaja Kallas, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, denunciaron la “vulneración” de sus derechos como eurodiputados y reclamaron “medidas”: “Las autoridades europeas y los Estados miembros tienen la obligación de velar por su cumplimiento, evitando cualquier tipo de obstáculo que impida nuestra labor parlamentaria. En este sentido, es alarmante que no solo se haya impedido nuestra visita, sino que esta práctica represiva de Marruecos se haya repetido con otros observadores internacionales, periodistas y activistas en las últimas semanas.

Sólo la alta representante, Kaja Kallas, respondió a la carta, según fuentes de Podemos, y se desentendió del asunto dado que era una misión de los eurodiputados y no del Parlamento Europeo. En la respuesta, muestra su compromiso con la defensa de los derechos humanos y ofrece su ayuda en próximas misiones.

Tanto esa situación como el recurso presentado por Bruselas, Madrid y París se produjeron en un momento en el que las negociaciones están en marcha con el reino alauita, entre otras cosas, para el acuerdo pesquero y en el que la UE deja buena parte de su política migratoria en manos de terceros países que usan como barrera. De hecho, Marruecos es uno de los países que ha incluido la Comisión Europea en su lista de países de origen seguro, al igual que a otros como Túnez, a pesar de las denuncias acreditadas de vulneraciones de derechos humanos.