La relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, ha publicado en sus redes sociales un mensaje dirigido al Congreso español, de cara a la proposición de ley que se votará mañana para imponer un embargo integral de armamento a Israel.

“Como Relatora Especial de la ONU para Palestina, insto al Congreso a votar SÍ a la ley que prohíbe exportar armas a Estados investigados por atrocidades. Que España elija no ser cómplice: este es el precedente que necesitamos”, ha señalado.

Esta proposición de ley, llevada al Congreso por Sumar y Podemos, propone la prohibición de cualquier tipo de “venta, suministro, transferencia o exportación” de armamento que tenga como destino directo o indirecto países que estén cometiendo un genocidio. El texto también incluye instrumentos para mejorar la inspección de cualquier medio de transporte, en puertos y aeropuertos para evitar el tránsito de armas hacia Israel. La iniciativa, impulsada el pasado verano por más de 500 organizaciones que integran la Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina, deberá pasar antes el filtro de la mayoría del hemiciclo para iniciar su camino parlamentario.

En su mensaje, Francesca Albanese también comparte un artículo publicado hoy en elDiario.es, en el que el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz, Eduardo Melero, defiende la necesidad de apoyar esta proposición ley, para que el Gobierno español convierta “sus palabras en actos, para poner de manifiesto en qué medida su compromiso de no comprar ni vender armamento a Israel es real”.

No es la primera vez que la relatora de Naciones Unidas para Palestina solicita a España un embargo integral de armamento. El 15 de mayo de 2024, ante la llegada a Cartagena de un buque sospechoso de transportar material militar a Israel, Albanese indicó que esto suponía “un desafío para la postura de España en materia de derechos humanos, especialmente en el contexto de las atrocidades que se cometen en Gaza” y defendió la necesidad de “garantizar que se aplique de forma progresiva y completa un embargo de armas efectivo a Israel”.

La proposición de ley que se debatirá este martes en la Cámara Baja busca prohibir explícitamente operaciones como las que ha desarrollado España con Israel antes y después de octubre de 2023, tal y como ha desvelado elDiario.es en una serie de informaciones desde febrero del año pasado.

Este lunes el portal de la Secretaría de Comercio de España ha publicado nuevos datos oficiales que muestran otra importación de armamento desde Israel a España por un millón doscientos mil euros en marzo de 2025, con el código TARIC 9306, correspondiente a la categoría “bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos, demás municiones, proyectiles y sus partes”. “Dicho flujo de importación está asociado a programas estratégicos del Ministerio de Defensa, para uso por el propio ministerio de Defensa de España”, indica el portal Data Comex.

Desde octubre de 2023 hasta hoy, la Plataforma de Contratación del Estado muestra cuarenta contratos de compra -la mayoría ya formalizados y nueve adjudicados- a empresas armamentísticas israelíes o sus filiales. También se han detectado envíos de material militar de España a Israel después de octubre de 2023.

Durante el último año y medio la relatora de Naciones Unidas ha insistido a todos los Estados miembros de la ONU para que impongan “sanciones, embargo de armas y suspendan las relaciones diplomáticas/políticas con Israel hasta que cese su ofensiva”. “Israel no detendrá esta locura hasta que nosotros hagamos que se detenga”, afirmaba en mayo de 2024. También un grupo de 52 expertos de la ONU, relatores especiales del organismo internacional, han exigido en varias ocasiones sanciones y embargos de armas inmediatos.

En julio del pasado año la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen en el que solicita a los países de Naciones Unidas medidas “para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado”.

Al hilo de este dictamen, la Asamblea General de la ONU aprobó en septiembre una resolución de condena a la ocupación ilegal israelí y con la misma demanda de la Corte de La Haya, para suspender comercio e inversiones que puedan contribuir a la ocupación de los territorios palestinos. Ciento veinticuatro naciones votaron a favor, entre ellas España, pero a día de hoy se mantienen relaciones comerciales y armamentísticas con empresas israelíes, algunas de ellas estatales.

Francesca Albanese ha elaborado dos informes sobre las masacres, el apartheid y otros crímenes israelíes en Palestina, en los que documenta con detalle “patrones de conducta” que muestran la intención de Israel de emplear “actos genocidas”. Desde su primer informe, publicado hace más de un año, “los actos genocidas se han multiplicado”, indica.

Más de 52.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de los ataques israelíes en octubre de 2023, según cifras actualizadas que no incluyen a los desaparecidos. El Gobierno israelí ha anunciado su intención de “conquistar” más territorio de la Franja, para impulsar una ocupación permanente, con nuevos desplazamientos forzados de población hacia el sur, cada vez más arrinconada.