La recién creada Autoridad Laboral Europea echa a rodar este miércoles con la tarea de vigilar si se aplican las normas que permiten a los ciudadanos comunitarios trabajar en cualquier país de la Unión Europea, resolver disputas entre Estados o apoyarles en las inspecciones de trabajo.
Aunque la nueva agencia tendrá su sede en Bratislava y solo estará totalmente operativa en 2024, el trabajo ha comenzado en Bruselas con la primera reunión de su Consejo de Administración para ir fijando prioridades y una ceremonia de inauguración esta tarde en la que participará el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
Unos 17,5 millones de europeos viven o trabajan en otro Estado miembro, el doble que hace solo una década, y millones de empresas operan a escala transfronteriza gracias a las normas que consagran la libertad de circulación de trabajadores en la UE.
Aunque la legislación laboral y los sistemas de seguridad social son competencia de los Estados miembros, la UE ha aprobado diferentes normas para regular las condiciones y derechos de los trabajadores desplazados, con especial hincapié en el sector del transporte, que emplea a dos millones de personas que cruzan cada día las fronteras.
La Autoridad nace para garantizar que las normas se aplican de forma coherente, informar sobre ellas y facilitar la cooperación entre los Estados a la hora de perseguir el trabajo no declarado o llevar a cabo inspecciones conjuntas.
La agencia, sin embargo, no podrá hacer inspecciones por sí misma, solo pedírselas a los países cuando sospeche que hay fraude, ya que las autoridades nacionales seguirán siendo las responsables de hacer cumplir las normas.
Se ocupará también de la coordinación de los sistemas de seguridad social nacionales, que permite que los trabajadores no tengan que cotizar en dos países al mismo tiempo y que trasladen las prestaciones a las que tengan derecho de uno a otro.
Asimismo será la encargada de resolver las disputas entre países en este ámbito, pero no podrá dirimir conflictos laborales de trabajadores y empresarios, que tendrán que seguir recurriendo a los tribunales.
Para ello contará con un presupuesto anual de unos 50 millones de euros y 140 empleados.
Juncker destacó en un comunicado que la Autoridad Laboral Europea "se ha creado en un tiempo récord", menos de dos años desde que planteó la propuesta en 2017, porque "era muy necesaria", y que supondrá un "paso fundamental hacia un mercado de trabajo europeo integrado".
"Será un lugar en el que compañeros de diferentes autoridades nacionales se acostumbren a trabajar juntos. Esto contribuirá a que el mecanismo de la movilidad laboral funcione mejor, lo cual beneficiará a millones de ciudadanos y empresas europeos", dijo la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen.
El Consejo de Administración de la Autoridad está compuesto por representantes de los Estados miembros, de la Comisión, de los agentes sociales y de la Eurocámara, y en su primera reunión prevé iniciar el proceso para contratar a su director ejecutivo.
