"En Turkmenistán se producen tantas violaciones de los derechos humanos que es complicado referirse solo a algunas de ellas", asegura Rachel Denber, la experta en la zona de la organización Human Rights Watch. "No se respeta ninguna libertad fundamental: expresión, asociación, prensa, reunión, religión… Existe un control total de la vida de la gente". Un control que se traduce en una población uniformada y semimilitarizada.

Desde los estudiantes hasta la mayor parte de los empleados públicos están obligados a vestir con un determinado atuendo, aunque son las mujeres las que sufren especialmente los caprichos estéticos de sus gobernantes. Pelo largo recogido en dos trenzas y traje tradicional verde, para las escolares, o rojo, para las universitarias.

La vestimenta solo es el primer sacrificio. Todos los ciudadanos, y muy especialmente los empleados públicos, deben estar siempre disponibles para participar en los numerosos actos "patrióticos" que se organizan para agasajar al tirano. Los más afortunados solo tienen que "hacer bulto", asistiendo al evento como público. El resto se ve forzado a ensayar coreografías durante semanas para acabar siendo parte activa del espectáculo.

Aun así, nada es más temido por los funcionarios turkmenos que ser enrolados en la campaña de recogida del algodón. Cada otoño por estas fechas, miles de profesores, administrativos y estudiantes son obligados a realizar varias semanas de trabajos forzados en los campos de algodón.

"Aparte del control, está la represión pura y dura –apunta Denber–. A quienes mantienen opiniones contrarias a la visión del Gobierno se les reprime mediante amenazas, despidos que también pueden afectar a otros miembros de la familia y penas de prisión. La tortura está muy extendida y se producen desapariciones forzadas". Vitaly Ponomaryev es uno de los promotores, desde el exilio, de la campaña Prove they are alive, que ha difundido los nombres y las biografías de 121 víctimas de desapariciones forzadas

"No se sabe nada del destino de algunos de ellos desde hace más de 15 años. El régimen de incomunicación total que existe desde la época de Niyazov se sigue aplicando a cientos de presos políticos en la cárcel secreta de Ovadan Depe", denuncia Ponomaryev.

Mencionar Ovadan Depe basta para aterrorizar a cualquier turkmeno. Geldy Kyarizov ha sido uno de los pocos "huéspedes" de esa prisión, ubicada en pleno desierto, que ha podido contar lo que sucede entre sus muros. "Al llegar me quitaron el saco que me cubría la cabeza y me advirtieron de que nadie salía de allí con vida", asegura desde su refugio en Praga. Geldy no sufrió torturas directas; según su testimonio no eran necesarias: "Te privan de la comida. Allí torturan por hambre". En cinco meses perdió cerca de 40 kilos y solo veía el cielo una vez cada semana, en el momento en que le conducían hasta las duchas a través de un corredor parcialmente descubierto.

Turkmenistán siempre compite por los últimos puestos en los listados de naciones que no respetan los derechos humanos. En 2018, por primera vez, Reporteros sin Fronteras lo situó como el país, de los 180 analizados, con menor libertad de prensa del planeta, superando a Eritrea y a Corea del Norte. Este año va camino de reeditar este ominoso título.

Los motivos los conoce bien Ruslan Myatiev. Él dirige desde el exilio Turkmen News, el principal diario independiente de información sobre Turkmenistán. "Los periodistas que trabajan para medios como el mío, ubicados en el extranjero, corren un gran riesgo personal. Hacer una foto a la cola que se forma en una tienda puede suponer desde 15 días de arresto a penas de prisión. Ha habido muchos reporteros que han tenido serios problemas". Myatiev recuerda el caso de Ogulpasar Muradova, corresponsal de Radio Free Europe, que fue encarcelada y murió en prisión. O los más recientes de Saparmamed Nepeskuliev y Gaspar Matalaev, condenados a tres años de cárcel.

"Yo tengo cuatro reporteros en el país. Trabajan en secreto y con grandes medidas de seguridad. Recibieron entrenamiento sobre cómo evitar las cámaras de vigilancia o sobre métodos para encriptar sus mensajes y utilizar VPNs de forma segura. Aún así, a menudo caen en procesos paranoicos: se estremecen ante cualquier ruido, dicen ver vehículos o personas extrañas en sus vecindarios…".

No fue precisamente la paranoia la que llevó al propio Myatiev a trasladarse a Holanda. Mientras dirigía su diario online desde Kirguistán recibió todo tipo de amenazas y, finalmente, una serie de informaciones que apuntaban a un plan de los servicios secretos turkmenos para secuestrarlo o asesinarlo.

El caso de Myatiev no es una excepción. Son muchos los opositores al régimen que han sufrido amenazas e incluso ataques en el extranjero. "Logré que Austria me concediera asilo político tras mi liberación, después de pasar 101 días en el centro de detención del Ministerio de Seguridad Nacional", recuerda para eldiario.es el opositor Farid Tukhbatullin.

"Desde el exilio seguí con mi lucha y me amenazaron. He recibido amenazas de muerte y mis familiares en Turkmenistán se encuentran amenazados y muy presionados", añade. Aún peor es la historia que comparte desde Praga Diana Serebryannik, miembro fundador de la organización Derechos y Libertades de los Ciudadanos de Turkmenistán: "Sigo teniendo miedo y sigo recibiendo amenazas". En su brazo aún tiene la larga cicatriz que le recuerda, cada día, el brutal ataque que sufrió en 2016 en Moscú, a donde había escapado con toda su familia.

Un año antes fue su cuñado, Geldy Kyarizov, la víctima de un asalto similar en el metro moscovita a manos de un turkmeno que le agredió al grito de "cerdo ingrato". La falta de seguridad en Rusia les llevó a mudarse a la capital checa, donde Diana ha seguido recibiendo todo tipo de amenazas: "Mi mayor miedo lo provocan los mensajes que recibo diciéndome que van a secuestrar a mi hija de cuatro años y medio. Ya me la intentaron robar dos veces en Moscú y por eso me trasladé a República Checa. Aquí recibe clases en casa porque no me atrevo a enviarla a un centro educativo".

Diana desearía que la comunidad internacional se implicara más en la lucha por un Turkmenistán libre: "Yo no puedo decir que el mundo democrático nos haya olvidado. Sin embargo, los intereses económicos de la Europa democrática predominan sobre la libertad de expresión y el resto de las libertades". Esta reflexión resume el sentimiento de orfandad que sufre la oposición turkmena en el exilio.

Aunque los principales socios económicos de Berdimuhamedov son países de nulo, escaso o dudoso bagaje democrático, como China, Emiratos Árabes, Turquía y Rusia, Occidente también coquetea con el tirano.

Atraído por sus riquezas naturales, Reino Unido mantiene desde hace siete años un foro permanente de cooperación económica con Turkmenistán. En él participan empresas tan conocidas y poderosas como Shell, Rolls Royce, JCB, Petrofac o British Petroleum.

También la bandera de la Unión Europea ondea ya en Ashgabat. Su recién abierta sede diplomática espera desarrollar un "Acuerdo de Cooperación y Colaboración bilateral" que impulse las relaciones comerciales. Sin necesidad de esperar ese momento, empresas francesas y alemanas llevan años sacando tajada en suelo turkmeno. El caso más sangrante es el de Rohde & Schwarz, una compañía alemana que se encarga de dotar al tirano de la tecnología necesaria para bloquear webs, intervenir comunicaciones y espiar a quienes se atreven a utilizar internet.

La penúltima afrenta a quienes luchan por un Turkmenistán democrático ha llegado desde el mundo del deporte. El dictador apadrinará en 2021 la celebración del campeonato mundial de ciclismo en pista. Diana Serebryannik ve detrás la mano del magnate ruso, de origen turkmeno, Igor Makarov: "Es miembro de la Unión Ciclista Internacional y tiene negocios en Turkmenistán. No es nada nuevo que un dictador trate de lavar su imagen albergando pruebas deportivas internacionales. En este caso es especialmente grave porque habrá una importante participación europea. No se debería permitir que un dictador organice una prueba así".

"Los turkmenos no pueden protestar ni hablar sobre las violaciones de derechos humanos sin enfrentarse a represalias –añade Rachel Denber–. Por eso deben hacerlo los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales. Y deben hacerlo con más fuerza".

Una de las pocas medidas de presión internacional sobre Berdimuhamedov [quien gobierna el país desde 2007] es el veto a la importación de algodón turkmeno. Estados Unidos y otras naciones lo decretaron como represalia por la utilización de trabajadores forzosos en su recolección. La medida, según denuncian varias ONG, no está impidiendo que, a través de empresas textiles turcas que ejercen de intermediarias, el algodón cosechado por los esclavos turkmenos acabe en las prendas de las principales marcas de ropa y, por tanto, en el fondo de nuestros armarios.

Próximamente, será publicada la última entrega: 'Un día con el tirano en las carreras'