La Asamblea Legislativa de El Salvador solicitó este martes una prórroga a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para discutir y emitir una ley de "reconciliación nacional" y evitar caer en desacato.

La iniciativa no alcanzó los votos necesarios para su aprobación y su envío a la referida sala en una primera votación, por lo que se realizó un segundo intento en el que logró el aval con los votos de 66 diputados de los 84 presentes en el Congreso.

La Comisión Política del órgano de Estado, formada por los principales líderes de los partidos con representación legislativa, propuso inicialmente solicitar cinco meses de prórroga, pero esta iniciativa únicamente alcanzó 30 votos, inferior a los 43 que se necesitan para tomar cualquier decisión.

Tras el fracaso de esta opción, el diputado René Portillo Cuadra, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), propuso que la solicitud no estableciera un plazo especifico.

Al final, La propuesta de Portillo Cuadra fue la que alcanzó los 66 votos a favor.

Con esta medida, los diputados del Congreso buscan evitar caer en desacato de un fallo de julio de 2016 que anuló una ley de amnistía de 1993 y ordenaba crear una legislación para sustituirla, pero enfocada en la reparación de las víctimas.

La referida sentencia daba como plazo final para la aprobación de la ley el 13 de julio pasado, pero la misma sala amplió el período hasta el 13 de noviembre próximo.

"En desacato ya estamos", aseguró Cuadra antes de someter a votación su propuesta y añadió que los que buscan es "un punto medio" para continuar con la discusión de dos proyectos, de los que brindó detalles.

Con la aprobación de la solicitud de prórroga los diputados se comprometieron públicamente por primera vez en discutir la iniciativa de las víctimas.

La Comisión Política únicamente ha discutido tres propuestas que las organizaciones de derechos humanos han catalogado como "amnistía de facto" de los crímenes de lesa humanidad registrados durante la guerra civil (1980-1992).

La última propuesta, que se basa en las primeras dos, cuenta con el apoyo, según los activistas sociales, de Arena, del Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), todos de derecha.

Entre los puntos cuestionados a la propuesta de los partidos de derecha se encuentra un articulo que busca que las decisiones administrativas de la Fiscalía puedan otorgar el estatus de "cosa juzgada" a los casos, contrario a lo que establece la legislación salvadoreña que otorga este poder a los fallos judiciales.

De acuerdo con los activistas, el proyecto también estipula dar "beneficios carcelarios para evitar el cumplimiento real de las penas", resta valor a los archivos históricos como pruebas y la reparación a las víctimas que establece "no responde a los estándares" dictados en la referida sentencia de 2016.

La anulación de la amnistía de 1993 ha permitido la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989).

Por los crímenes cometidos en la guerra civil solo purgan penas de 30 años el coronel Guillermo Benavides, condenado por el crimen de los jesuitas, y José Dimas Valle, cabo de la extinta Guardia Nacional sentenciado por ejecutar a un funcionario local y a dos asesores estadounidenses.

Benavides es el militar de mayor rango condenado por estos delitos y la Corte Suprema de Justicia, pese a que no permitió su extradición a España, le ha negado el beneficio del indulto y la conmutación de la pena, dado que el crimen que cometió es considerado de lesa humanidad.