El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa señaló este miércoles en un informe sobre la prevención y lucha contra la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales que España "ha realizado algunos avances".
Al haber cumplido totalmente dos de las once recomendaciones realizadas y parcialmente otras ocho, el Greco retira a España de la categoría de cumplimiento "globalmente insatisfactorio" que le asignó en el anterior informe, publicado en enero de 2018.
El informe asegura que la puesta en marcha de la Comisión de Ética Judicial, tras la adopción de un Código de conducta para jueces en 2016, "confirma el compromiso del Poder judicial español de respetar unas normas éticas estrictas".
Añade que el trabajo consultivo "proactivo" de la citada comisión desde su creación "es encomiable".
Pero también pide "medidas más enérgicas" para concluir el proceso de elaboración de un código ético para fiscales, ya que "son necesarios resultados concretos", cinco años después de la adopción del informe de evaluación.
El órgano del Consejo de Europa lamenta que el Parlamento haya "fracasado" en la necesidad de eliminar la elección del Consejo General del Poder Judicial por políticos, cuya politización es, "a ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la Judicatura".
En cuanto al fiscal general del Estado, el Greco pide que las comunicaciones con el Gobierno se puedan consultar en línea y que el Ministerio Fiscal disponga de mayor autonomía presupuestaria y de planificación.
El informe aplaude que el Congreso aprobara el pasado 28 de febrero el código de conducta para los diputados, con disposiciones sobre conflictos de intereses, regalos, viajes al extranjero y, en general mayor transparencia, e insta al Senado a adoptar un código ético propio con un mecanismo que persiga las infracciones cometidas.
Los expertos ven como un "avance prometedor" la proposición de Ley Integral contra la Corrupción y Protección de los denunciantes, pero lamenta que el lobby siga "en el centro del trabajo legislativo parlamentario, pero sin producir resultados concretos".
Dicho texto contiene disposiciones específicas sobre la transparencia de las agendas de los parlamentarios.
El organismo europeo felicita a España por exigir a sus parlamentarios la declaración de sus bienes antes de iniciar su mandato, pero pide mayor detalle en el valor de mercado de los inmuebles y vehículos, y los nombres de las sociedades en las que tienen participaciones.
Las autoridades deberán enviar un informe sobre las medidas adoptadas antes del 30 de junio de 2020.
