Trece jóvenes fueron detenidos por la Policía de Nicaragua este viernes cuando intentaban llevar agua a 11 mujeres madres de "presos políticos" que permanecen en huelga de hambre.
El grupo, compuesto por estudiantes universitarios que ya habían estado presos por protestar contra el presidente Daniel Ortega, fue retenido en la ciudad de Masaya (Pacífico) y trasladado esta madrugada hacia Managua.
El arresto se produjo en el marco de la crisis sociopolítica que desde el 18 de abril de 2018 ha dejado cientos de presos, muertos y desaparecidos, así como miles de heridos, en las protestas contra Ortega.
Hasta ahora se desconoce el paradero de los estudiantes, ya que la Policía nicaragüense no brinda información sobre los "presos políticos".
Esta mañana los familiares de los universitarios se disponían a visitar la cárcel "El Chipote", donde suelen trasladar a los "presos políticos" y que ha sido denunciada como un centro de torturas de la Policía de Nicaragua.
Los jóvenes fueron capturados mientras intentaban hacer llegar recipientes con agua a unas 15 personas, entre ellas 11 mujeres en huelga de hambre, sitiadas por la Policía Nacional en la parroquia de San Miguel, a la que horas antes el Gobierno había cortado la energía y el servicio de agua potable.
Al amanecer de hoy tampoco se sabe nada de las personas encerradas en la parroquia, que denunciaron intimidaciones de los policías, ya que no pudieron seguir informando desde dentro, aparentemente porque las baterías de sus móviles se han agotado.
Entre las personas que se encuentran en el interior de la iglesia está el periodista excarcelado Marlon Powell, la defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez, conocida como "la abogada de los presos políticos", y el párroco Edwin Román, quien salvó decenas de vidas al abrir las puertas del templo durante ataques armados del Gobierno en 2018.
La crisis sociopolítica que vive Nicaragua es la peor desde los años 1980 a 1990, también bajo la presidencia de Ortega.
Ayer mismo, tanto el presidente como su hijo Juan Carlos Ortega amenazaron con tomar las armas en contra de la oposición, compuesta por diversos sectores, entre ellos estudiantes, campesinos, académicos, trabajadores, empresarios, médicos, feministas y partidos políticos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis, aunque organizaciones locales elevan la cifra hasta 651, mientras que el Gobierno admite 200.
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de la violencia y por crímenes "de lesa humanidad", referencias en las que ha coincidido la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CIDH).
