Una norma técnica que esclarezca los casos en los que se puede aplicar el aborto terapéutico, así como la elaboración de una ley de identidad de género, son dos retos que enfrenta Costa Rica para garantizar los derechos de poblaciones vulnerables como las mujeres y los trans.
Así lo afirmaron a Efe la directora de la Asociación Ciudadana ACCEDER, Larissa Arroyo, y el representante de la organización Hombres Trans Costa Rica, Gael Ramírez.
Aunque este país centroamericano ha mostrado avances en la defensa de los derechos humanos de la población sexualmente diversa siguen existiendo vacíos y discriminación; mientras que en el caso del aborto terapéutico, aunque es legal desde 1971, los colectivos de mujeres afirman que en la práctica casi no se aplica.
EL ABORTO TERAPÉUTICO Y UNA NORMA TÉCNICA PROMETIDA
El artículo 121 del Código Penal señala que "no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios".
Desde su campaña electoral, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, prometió a los grupos defensores de los derechos humanos que firmaría una norma técnica que detalle los casos y situaciones en los que se debe aplicar el aborto terapéutico, el único tipo legal en el país.
Sin embargo, tras haber asumido el poder en mayo de 2018, Alvarado aún no ha firmado el documento, aunque ha asegurado que lo hará este 2019, sin precisar una fecha.
Esta espera ha generado que los numerosos diputados cristianos y evangélicos del Congreso, así como la Iglesia católica, ejercieran presión para que el presidente no firme la norma, a pesar de que desconocen su contenido.
Estos grupos religiosos y políticos aseguran que con la norma técnica se "abrirá la puerta" a otros tipos de aborto.
La diputada Ivonne Acuña, del evangélico bloque Nueva República, presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 121 del Código Penal y restringir el aborto terapéutico a únicamente los casos en los que peligra la vida de la madre, excluyendo así los casos en los que corre riesgo la salud de la mujer.
La directora de ACCEDER, Larissa Arroyo, dijo a Efe que "uno de los mayores nudos a nivel nacional e internacional son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", que a su juicio, son utilizados como "moneda de cambio para obtener réditos políticos".
"El presidente se ha negado a firmar la norma, lo que ha generado cada vez más fricción social y tensión política, y adicionalmente la forma en que él se ha referido al tema, ha demostrado que estamos en un mundo en el que un hombre decide sobre la vida de las mujeres y eso es indignante", declaró .
Arroyo señaló que Costa Rica ha avanzado en muchas áreas como la anticoncepción de emergencia, la atención de las personas con VIH, el matrimonio igualitario que entrará a regir en mayo próximo, entre otros asuntos, pero que persisten vacíos en áreas como datos precisos sobre violaciones a derechos humanos, discriminación de mujeres lesbianas y bisexuales.
UNA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN TRANS
El integrante de la organización Hombres Trans Costa Rica, Gael Ramírez, explicó a Efe que la población transexual es una de las que sufre más discriminación en el país, ante lo que se requiere un cambio de mentalidad en la sociedad, en conjunto con leyes.
Ramírez, estudiante de Psicología y educador de salud sexual, reconoce que ha habido avances como la posibilidad de cambiar el nombre en la cédula de identidad y el acceso al tratamiento hormonal, pero que aún hace falta mucho, en especial una ley de identidad género.
"Necesitamos una ley que nos proteja. La Constitución Política no nos protege de manera suficiente. Necesitamos una ley que nos proteja como personas, a nivel laboral, porque el nombre ley ya pesa", manifestó Ramírez.
El activista señaló que esa ley también debe garantizar la confidencialidad de las personas para evitar tratos discriminatorios.
En la actualidad, las personas trans pueden cambiar su nombre en el registro civil, pero no su sexo, lo que muchas veces les acarrean problemas para realizar trámites o recibir atención médica.
Ramírez afirmó que la sensibilización de la gente es otro punto clave para cambiar la sociedad y garantizar el respeto de los derechos humanos.
"Podemos tener leyes de punta pero si no hay una sensibilización humana no hay nada que nos vaya a garantizar, por ejemplo, un trabajo. Necesitamos que la gente entienda que somos personas que merecemos las mismas oportunidades", expresó.
Ramírez señaló que dentro de la población trans las personas más vulnerables son los menores de edad, que enfrentan dificultades para cambiar de nombre o acceder al tratamiento hormona.
En cuanto a la población trans extranjeros, Ramírez comentó que es imposible que puedan cambiar de nombre en Costa Rica si no lo consiguieron en su país de origen.
Sobre las mujeres trans, Ramírez aseguró que "sufren a diario la violencia en las calles" y también del Estado, ya que "no ha sabido cómo darles respuesta".
