La institución que más tocada queda por los 45 días de protestas sociales en Chile en términos de prestigio y credibilidad es la de los Carabineros. Las redes sociales han hecho de archivo público de sus abusos y agresiones, como la de un joven fue atropellado varias veces por un policía que intentaba detenerle en Viña del Mar, el 14 de noviembre.

Desde el primer día de la movilización, el 18 de octubre, las fuerzas del Estado han reprimido a los manifestantes con mano dura, con tanquetas que lanzan agua a presión y bombas lacrimógenas; con escopetas de balines o perdigones que se disparan a la altura de la cabeza; y con palizas propinadas con las lumas y bastones retráctiles.

Música de protesta en la Plaza Independencia de Concepción. Pero vean lo que hace Carabineros... pic.twitter.com/HwsTB01Vap

También se han denunciado lanzamientos de gases lacrimógenos al interior de puntos de primeros auxilios, escuelas, hospitales e incluso edificios o casas particulares, como ocurrió el 26 de noviembre en el instituto San Francisco de la comuna de San Ramón.

Además de golpizas a manifestantes y personas que se encuentran en el lugar de las protestas, a veces sin participar directamente de ellas. Uno de los casos más polémicos fue el del "pasillo" que organizó la policía para golpear a los vecinos y vecinas de Valparaíso, el pasado 25 de octubre.

Esta semana la ONG Human Rights Watch (HRW), en su informe sobre la situación de Chile desde el estallido, denunció "graves violaciones a los derechos humanos". La organización alertó del "uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, transeúntes y graves abusos en las detenciones" y señaló que estas vulneraciones "ocurrieron en gran medida debido a las falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros, que ya existían antes de las manifestaciones del último mes". Por eso, llamó a reformar de forma urgente la institución armada y recomendó, entre otras cosas, "suspender cualquier uso de perdigones", "estudiar el uso de equipos menos letales alternativos que minimicen las lesiones" y asegurar que "mecanismos internos de control" para investigar y sancionar abusos. El ministro de Interior, Gonzalo Blumel, puso hilo a la aguja para hacerse cargo de las denuncias a través de varias medidas.

El informe de HRW, el único por el cual el Gobierno ha mostrado "preocupación" y "dolor", es el tercero que alerta sobre las violaciones de derechos humanos que se han cometido en Chile desde el inicio de la crisis política y social. Antes se publicaron los de la Corte Internamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, que aseguró que hubo "ataques generalizados en contra de la población". Una conclusión que fue rechazada públicamente por las fuerzas armadas y por el Gobierno.

"No cabe la menor duda que Carabineros de Chile está viviendo la más profunda y mayor crisis desde el retorno a la democracia. Es una crisis de credibilidad, de legitimidad y también al interior de la institución, que tiene que ver con su estructura y sus procedimientos", asegura director ejecutivo de la Fundación Chile21 y exjefe de Seguridad Pública del Ministerio de Interior, Eduardo Vergara. A su juicio, es necesario tomar decisiones políticas urgentes y excluir definitivamente "la militarización de la seguridad pública".

El diagnóstico del profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y experto en Procesos e Instituciones Políticas, Daniel Chernilo, por su parte, pasa por "la mala formación o de los policías que están en la calle; un alto mando que no tiene experiencia y que se ha visto imposibilitado de dar una visión estratégica del fenómeno; y una conducción política del Ministerio de Interior errática y deficiente".

Vergara propone, por una parte, una "agenda inmediata y urgente" que impulse "un pacto civil-policial", en el que participe el Gobierno, para establecer "un período de transición que permita que Carabineros pueda volver a la calle a ejercer su rol preventivo y de control". Por otro lado, propone, en paralelo y para el corto plazo, una reforma profunda de la policía. "Tiene que partir del primer artículo de la ley orgánica que los define como una policía militarizada, hasta sus procedimientos, entrenamientos, capacitación, rol frente a la seguridad privada, etc.", asegura Vergara.

Chernilo, en cambio, es partidario de una solución más radical enfocada en crear una nueva policía: "Habría que cambiar desde el color del uniforme, el nombre y el logo, hasta sus procedimientos o su relación con mundo civil", apunta el académico. También plantea como alternativa la separación de funciones entre agentes a cargo del resguardo del orden público (antidisturbios, antimotines, policía de inteligencia y acciones contra el terrorismo) y agentes a cargo de las tareas vinculadas a la "normalidad de la policía" (control de tránsito, infracciones, denuncias, etc.). 

La situación actual se suma a una crisis que la institución arrastra desde hace unos cinco años, cuando empezaron a salir a la luz los escándalos de corrupción y de varias operaciones de inteligencia, que llegaron al límite con el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca. Antes de eso, Carabineros de Chile era considerada entre las policías más eficientes de la región. Según Eduardo Vergara, "la policía ha jugado un rol de frontera y de control social que ha contenido a la delincuencia y violencia (que siempre han existido) en los territorios marginalizados". El experto añade: "Hoy, por la primera vez desde el fin de la dictadura, que se ven hechos de violencia y delincuencia con la masividad en el espacio público".

Mientras desde la cartera de Interior ponen en marcha las reformas recomendadas, que según los expertos no pueden ser "ni una modernización ni una adecuación, sino un cambio profundo", el Gobierno español ha anunciado que enviará agentes antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía de España para entrenar a sus pares chilenos. Esto, a la espera de que la próxima semana se conozcan las conclusiones de otro informe clave, de la mano del Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos.