El Gobierno de El Salvador se comprometió recientemente en permitir la revisión de los archivos militares para localizar documentos relacionados con la masacre de unos 1.000 campesinos en 1981 en El Mozote (noreste) por parte de la corte que lleva el proceso penal contra 16 exmiembros del Ejército.
El titular del Juzgado de Instrucción de la localidad de San Francisco Gotera (oriente), Jorge Guzmán, requirió al Ejecutivo de Nayib Bukele en octubre pasado la entrega de archivos relacionados con los planes militares que desembocaron en la matanza, considerada como una de las peores de la historia de Latinoamérica.
La matanza se dio en el marco de la guerra salvadoreña que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
El juez Guzmán solicitó en uno de los puntos de su escrito que, de no ser posible la entrega de los citados archivos, Bukele autorice el ingreso al Archivo General de la Fuerza Armada y Archivo General de la Nación (AGN) de expertos en búsqueda, identificación y análisis de documentos.
El mandatario centroamericano accedió a este punto.
APERTURA U OBLIGACIÓN JUDICIAL
El documento, fechado el 15 de noviembre pasado y proporcionado a Efe, está firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.
"Esta secretaría se pone a disposición de su digna autoridad para realizar las coordinaciones respectivas con la señora ministra de Cultura (Suecy Callejas) y el señor ministro de la Defensa Nacional (René Merino), a fin de que el tribunal a su digno cargo realice, de conformidad con los procedimientos legales, la inspección", indica el documento.
A pesar de que este mismo tribunal requirió la información a la administración pasada, en manos de la exguerrila del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es la primera vez que las autoridades se muestran dispuestas a permitir una inspección en las instalaciones de los archivos militares.
No obstante, el director de Litigio Estratégico de la organización Cristosal y exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, manifestó a Efe que el juez tiene la atribución legal de ordenar dicha inspección sin la necesidad de contar con el aval presidencial.
"El juez puede ordenar inspecciones por ley, la FAES (Fuerza Armada de El Salvador) y el presidente no tienen potestad para negarse", aseguró Morales, quien también participa en el proceso legal por la masacre como abogado de las víctimas y sobrevivientes.
Destacó que "fue la primera vez que el juez realizó esta advertencia a la Presidencia en su requerimiento y por eso tuvieron que contestar de esa forma".
OTROS ARCHIVOS
El juez Guzmán solicitó al Ejecutivo la entrega de copias del "Plan de la Campaña Militar 1980-1992, en defensa de la libertad y la democracia", del plan "Operación Rescate", como se conoció el despliegue en el que se dio la masacre, y de otros que fueran localizados.
De acuerdo con Wilfredo Medrano, abogado de las víctimas y miembro de la organización humanitaria Tutela Legal "María Julia Hernández", estos documentos no fueron encontrados en ninguna de las 42 guarniciones del Ejército.
Según el medio local El Faro, la Presidencia manifestó al juez Guzmán que localizó en el Archivo General de la Nación información "de interés" para el proceso.
Según el letrado de Tutela Legal, las organizaciones que apoyan a las víctimas conocen de la existencia de una serie de "actas de expurgo" sobre documentos que serían destruidos, pero que fueron enviados al Estado Mayor del Ejército.
No obstante, los acusadores particulares del proceso pidieron, mediante el juez Guzmán en fecha no detallada, dichos documentos.
"La respuesta del Estado Mayor fue que no la encontraron (la información), que no la tenían y que no existía", sostuvo Medrano.
De igual forma, Morales manifestó a Efe que "los archivos del AGN hace más de un año no tienen restricción" y que "ya habían enviado un informe al juez desde el Gobierno anterior", por lo que "no es novedad dentro del caso".
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledaños.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.725, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
