Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este martes un recorrido por el Centro Penal de Máxima Seguridad de El Salvador para verificar las condiciones particulares y generales en las que se encuentran los reos, informó el Centro Judicial Isidro Menéndez.
La delegación realiza una visita "in loco" en El Salvador, que comenzó el lunes y finalizará el miércoles, para inspeccionar la situación de la seguridad, la memoria histórica y derechos de migrantes, mujeres y personas de la comunidad LGBTI.
La comitiva, encabezada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y el primer vicepresidente, Joel Hernández, ha realizado una serie de reuniones con diversos sectores y han visitado diferentes lugares, como la cárcel de máxima seguridad ubicada en el municipio de Zacatecoluca (centro).
La delegación de la CIDH fue acompañada por personal del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de la localidad de San Vicente, indicó la fuente.
Arosemena de Troitiño recorrió todos los sectores del recinto con el fin de "verificar las condiciones de las personas privadas de libertad, esto en el marco de una visita al país", informó el Centro Judicial sin brindar mayores detalles.
Añadió que la visita de los delegados de la CIDH se realizó conforme a "reglas mínimas establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos" y del artículo 35 de la Ley Penitenciaria, "que trata sobre la competencia de los jueces de vigilar y garantizar el respeto de los derechos de las personas mientras se mantengan privadas de libertad".
En el Centro Penal de Máxima Seguridad están recluidos líderes de las principales pandillas que asedian a la nación Centroamericana, la Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18.
La Asamblea Legislativa salvadoreña volvió permanentes, mediante una reforma a la Ley Penitenciaria, una serie de "medidas extraordinarias" en las prisiones implementadas en 2016 como parte de una ofensiva contra las pandillas.
Entre estás medidas están la suspensión de las visitas y el encierro permanente de los reos, en especial en la cárcel de máxima seguridad.
Dichas acciones han sido criticado en diversas ocasiones por organizaciones sociales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y las Naciones Unidas.
