El Gobierno interino de Bolivia mantiene que no hubo muertes de civiles por disparos de fuerzas de seguridad y las atribuye a grupos subversivos, que en su opinión intentan dar una imagen de abusos por parte del Ejecutivo de Jeanine Áñez.
"Ninguna de las 29 personas que han fallecido en estos hechos han sido con proyectil oficial de las Fuerzas Armadas o de la Policía", defendió ante los medios en La Paz el ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra.
No obstante, la Defensoría del Pueblo de Bolivia asegura que las muertes violentas, muchas por disparos en operativos militares y policiales, alcanzan las 35 desde las fallidas elecciones del 20 de octubre.
El ministro añadió que "se va a establecer cómo todas las muertes han sido provocadas por grupos subversivos, grupos de choque, que han intentado dar una imagen de que este Gobierno ha sido abusivo".
Coimbra basó sus declaraciones en informes del Ministerio Público y de otras "instancias institucionales", junto con investigaciones del Ministerio de Gobierno (Interior).
Esas investigaciones van "a salir a la luz", comentó la autoridad, quien aseguró que "a más tardar el lunes" habrá un informe con expertos en derechos humanos "recogiendo evidencias que van a establecer lo que siempre hemos dicho".
"Aquí hubo gente que quiso generar violencia, que pagó a grupos subversivos con dineros estatales", con el objetivo de "dañar este Gobierno", subrayó.
El titular de Justicia citó una investigación de la fiscalía sobre autoridades del Banco Central de Bolivia, para esclarecer la salida de vehículos blindados con divisas a horas inusuales en la sede de la entidad en La Paz.
Las declaraciones se produjeron tras un comunicado de la misión de observación desplegada en Bolivia por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que documentó durante las protestas en el país varios hechos de violencia que "podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos".
El organismo internacional detalló que estos hechos se produjeron los pasados 15 y 19 de noviembre en Sacaba y El Alto, con la muerte de diez civiles en cada una de esas ciudades en operativos de fuerzas de seguridad.
El Gobierno transitorio de Bolivia siempre ha argumentado que las muertes no fueron por proyectiles de armas reglamentarias de las fuerzas del orden, sin que hayan trascendido los resultados de investigaciones judiciales al respecto.
