Las amenazas denunciadas incluso dentro del propio partido de Evo Morales llevaron este jueves a que la presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, pidiera resguardo policial para debatir una ley de garantías para autoridades como el propio expresidente, acusado por el Gobierno interino de terrorismo.
"Vamos a solicitar al Ministerio de Gobierno que también pueda coadyuvarnos con el resguardo policial para la sesión del día de hoy, porque hemos recibido muchas amenazas", aseguró Copa en un contacto con los medios en La Paz.
La declaración está relacionada con la posición de varios sectores contrarios a Morales, que advirtieron con vigilar la acción de los legisladores de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que controla las dos cámaras del Legislativo con más de dos tercios de parlamentarios.
BUSCAN EVITAR PERSECUCIONES Y JUICIOS
Para esta jornada está prevista la discusión en el Parlamento de la Ley de Garantías Constitucionales, que ha sido objetada por el Gobierno interino del país.
El proyecto de ley fue aprobado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El texto hace referencia a las garantías que tienen quienes fueron altas autoridades del Estado para ser enjuiciados, como una aprobación previa del Senado en un proceso de responsabilidades.
Además menciona las garantías que deben darse para la no persecución de legisladores, la entrega de salvoconductos para salir del país a quienes otro Estado haya concedido la condición de asilo y garantías para dirigentes sociales, entre varias otras.
También propone una indemnización a los familiares de los fallecidos en actos violentos relacionados con la crisis social y política en el país, y la cooperación a heridos.
UN DECRETO YA PLANTEA AYUDA A VÍCTIMAS
En declaraciones a los medios, el ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra, mencionó que "no se necesita" una norma como la que proponen los legisladores del MAS cuando está la Constitución, que da todas las garantías que postula el proyecto de ley.
"Lo único resaltante", señaló, es otorgar un "soporte económico a las familias de las personas que han fallecido".
Justamente esta jornada, la presidenta interina, Jeanine Añez firmó un decreto supremo que instruye un resarcimiento de algo más de 7.000 dólares a los familiares de los fallecidos, que también se propone brindar asistencia médica, alimentaria, social y psicológica a los que han resultado heridos.
Añez ya había advertido hace días que no promulgará esa norma del MAS, en caso de que sea sancionada por la Asamblea Legislativa.
LEY SEÑALADA POR ALENTAR LA IMPUNIDAD
La propuesta normativa ha sido señalada como una ley que permitirá la "impunidad" de exautoridades como Morales que ahora están fuera del país como asilados, aseguró a los periodistas el diputado de Unidad Demócrata Gonzalo Barrientos.
Morales ha sido acusado por el Gobierno de transición de Bolivia por supuestos delitos de terrorismo y sedición, además de que se ha culpado a actuales funcionarios, exautoridades y dirigentes sindicales de haber participado en actos de vandalismo contra la propiedad pública y privada.
La propuesta de ley ha llegado a generar tensiones entre los propios parlamentarios del MAS, como es el caso de la diputada Clery Vargas, que ha denunciado amedrentamiento y amenazas de colegas por oponerse a la aprobación.
Ante esto, la presidenta del Senado aseguró que se ha dispuesto "garantizar todos los mecanismos" para que la legisladora que denunció ese hostigamiento pueda realizar su trabajo en completa "libertad".
Los conflictos que comenzaron después de las fallidas elecciones del pasado 20 de octubre han dejado 35 de fallecidos y más de 800 heridos en Bolivia, según la Defensoría del Pueblo.
