La Corte Internacional de Justicia (CIJ)  ha comenzado este martes las vistas orales de un juicio en el que Gambia acusa a Myanmar (antigua Birmania) de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. La líder birmana y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha comparecido esta mañana en La Haya para defender al Estado, una decisión que ha causado una gran consternación a nivel internacional.

Gambia, un país africano con algo más de 2 millones de habitantes, ha denunciado en nombre de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica."Todos los genocidios ocurridos en la historia han tenido sus propias causas con su contexto político único, pero esto no sucede de la noche a la mañana, sino que está precedido de una historia de desconfianza y propaganda que deshumaniza a otros", ha dicho la entrada del juicio el ministro de Justicia de Gambia, Abubacarr Tambadou.

"Cuando deshumanizamos al otro, nos deshumanizamos a nosotros mismos como seres humanos", ha proseguido Tambadou, para quien los genocidios solo pueden ocurrir "cuando existe indiferencia de la comunidad internacional"."Otro genocidio está sucediendo ante nosotros, pero no hemos hecho nada para pararlo", ha añadido, y "lo único que pide Gambia es que le diga a Myanmar que detenga estos asesinatos sin sentido, estos actos de barbarie que siguen escandalizando nuestra conciencia colectiva".

Gran parte de las pruebas presentadas Gambia se basan en informes elaborados por la ONU, que documentó la violencia sufrida por unos 700.000 rohinyás que huyeron de Myanmar a Bangladesh desde 2016. El éxodo de esta minoría musulmana se debe a una campaña militar del ejército birmano, que realizó dos oleadas de brutales operaciones militares en 2016 y 2017 en las que miles de civiles fueron asesinados, pero el país defiende que actuó contra grupos insurgentes que supuestamente atacaron puestos policiales y fronterizos.

La líder birmana, que recibió en 1991 el Nobel de la Paz por su lucha contra la dictadura militar que gobernó hasta 2011, anunció el pasado 20 de noviembre que encabezaría la defensa de Myanmar ante la CIJ. Su decisión se explica en clave interna, pues cuenta con el apoyo de una buena parte de la población birmana, que considera a los rohinyás como inmigrantes ilegales que deben irse a Bangladesh pese a haber vivido en el país durante siglos.

"La percepción pública predominante en Myanmar es que el caso (en la CIJ) es un ataque injustificado contra el país y que la población debe estar unida en su defensa y en apoyar a Aung San Suu Kyi", explicaba a Efe Richard Horsey,  investigador de la organización International Crisis Group (ICG) radicado en Rangún.

Además, su defensa, que será presentada mañana, puede servir a la líder para mejorar las relaciones con el poderoso Ejército birmano, que diseñó una Constitución -aprobada en 2008- a su medida que le otorga una independencia casi total con respecto al Gobierno civil. 

El proceso judicial en la CIJ, que podría prolongarse durante años, no implica cargos penales contra individuos, sino una litigación entre los dos Estados en la que el tribunal se limitará a sopesar los argumentos presentados por ambas partes. Las primeras vistas del juicio se celebrarán en La Haya entre hoy y el 12 de diciembre y en ellas tanto Gambia como Myanmar presentarán oralmente y en audiencia pública sus argumentos.

En esta primera fase, el Tribunal debe decidir si solicita medidas provisionales a Myanmar para garantizar que no se produce ninguna violación de la Convención contra el Genocidio y, de hacerlo, la orden sería enviada al Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia tienen derecho a veto y lo han empleado en el pasado para defender a al país.

Mientras tanto, varios generales del Ejército birmano se enfrentan a posibles acusaciones de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), también radicado en La Haya, y a una denuncia en Argentina según el principio de justicia universal.