En Sudán fue el pan. En Irán, la subida del precio de la gasolina. En Líbano fue una tasa al uso de WhatsApp y en Chile, el billete del metro. 2019 ha estado marcado por multitudinarias protestas en diferentes rincones del mundo. El descontento responde a un cúmulo de causas muy diversas y complejas, pero a muchos de estos estallidos sociales les une un mismo hilo: un chispazo de desigualdad ante el que la gente dijo basta.

El pan, la gasolina, el WhatsApp o el metro fueron la chispa. La razón de fondo, un coste de la vida cada vez mayor y condiciones económicas muy deterioradas.

"Hay manifestaciones en diferentes lugares, provocadas por diferentes cosas, pero comparten algunas características. En particular, que las personas sienten que están bajo una presión financiera extrema, el problema de la desigualdad y muchos otros problemas estructurales. Los gobiernos necesitan escuchar a su gente y atender sus necesidades", dijo en una rueda de prensa Stephane Dujarric, portavoz del secretario de la ONU Antonio Guterres. Lo mismo opina la portavoz de la oficina de la ONU para los derechos humanos, Ravina Shamdasan, para la que existe una pauta común: "Poblaciones hartas y enfadadas por las condiciones socioeconómicas, la corrupción, la desigualdad y el aumento de la brecha ricos-pobres".

"Es una revolución contra el "There is no alternative [No hay alternativa]", asegura a AFP Karim Bitar, director del director del Instituto de Ciencias Políticas en la Universidad St-Joseph de Beirut, parafraseando el eslogan atribuido a la exprimera ministra neoliberal Margaret Thatcher. "Son las revoluciones por la dignidad", afirma.

El ciclo de movilizaciones, que se ha intensificado en el segundo semestre, sobre todo en América Latina –la región más desigual del planeta–, tiene como punto de partida las protestas de los chalecos amarillos en 2018 en Francia, recuerda a eldiario.es Eduard Soler, investigador senior del think tank CIDOB. "En 2019, ha habido una intensificación con un proceso de copia: en el imaginario, en las máscaras, en los chalecos, los colores y los lemas. Esto ha contribuido a crear la imagen de un fenómeno homogéneo cuando no lo es. Hay protestas muy distintas, por ejemplo, unas han ido contra regímenes autoritarios y otras contra gobiernos democráticos, protestas con alto nivel de violencia y otros no...", ejemplifica.

Para Soler, lo que se repite en todas las protestas es que se han producido se forma simultánea, que se miran unas a otras y se copian elementos como los eslóganes –aunque rechaza hablar de 'efecto dominó', una rabia y frustración "no canalizadas" e instituciones que fallan a la hora de dar una salida. "Si el Gobierno de Líbano hubiera sabido lo que iba a venir no habría tomado la decisión de imponer una tasa al WhatsApp. Pero el WhatsApp y la gasolina son solo los desencadenantes, la gota que colma el vaso. Siempre los ha habido", señala.

Asimismo, recuerda que lo vivido en 2019 no es una ola mundial "sin precedentes", mencionando otros momentos como 1968 o 2011. A lo que sí hemos asistido, a su juicio, es a un resurgir del estallido social después de un ciclo de "cierto desánimo". "Al periodo de protestas emancipadoras como el 15M, los 'Occupy' o la primavera árabe le siguió una fase de cierto desánimo. En términos globales, hemos pasado de desaceleración a una reaceleración, a veces articulados de forma muy emancipatoria, como Argelia y Sudán, y otros más en forma de rabia".

De Hong Kong a Bolivia, pasando por Francia, Rusia, República Checa o Irán. Soler sostiene que es difícil atribuir una sola causa a la serie de protestas mundiales que se han sucedido este año. Pero aunque la desigualdad "no es el único elemento", en muchas de ellas sí es un factor importante. "Sobre todo, la percepción de desigualdad. Lo que hay es una percepción de injusticia, pero se suman otros como disfunción institucional, la corrupción o la sensación de que el Gobierno gobierna solo para una parte". Estos son algunos casos:

Algunos lo llamaron la 'revolución del pan'. La subida de este alimento básico en un decreto que multiplicó por tres su precio empujó hace un año a miles de sudaneses a las calles. La medida formaba parte de un paquete más amplio dirigido a poner freno a la inflación galopante. Lo que comenzó como una protesta contra la dramática situación económica que atravesaba el país y el deterioro de las condiciones de vida se transformó rápidamente en una ola de movilizaciones sin precedentes, que exigía la caída de Omar al Bashir tras tres décadas de dictadura.

Tras cuatro meses de protestas duramente reprimidas, Al Bashir fue derrocado en abril por el Ejército. Según Amnistía Internacional, entre diciembre de 2018 y el 11 de abril de 2019, al menos 77 personas que protestaban perdieron la vida. Pero el camino hacia unas elecciones libres se antoja largo. Los militares se hicieron con el poder tras la caída de Al Bashir, pero acordaron con la oposición civil un Gobierno de transición que empieza a dar sus primeros pasos. Al Bashir, mientras tanto, ha sido recientemente condenado por tenencia ilegal de divisas.

En Puerto Rico, el terremoto político lo desencadenó el chat privado plagado de mensajes machistas y homófobos del entonces gobernador, Ricardo Roselló, que el pasado julio sacó a flote una indignación que era generalizada. El malestar ciudadano contra los dirigentes respondía a un cúmulo de causas, entre las que estaba la corrupción o la criticada respuesta a la devastación causada por el huracán María en 2017. "Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia, en las casas que todavía no tienen techo", dicen los cantantes puertorriqueños Residente y Bad Bunny, que encabezaron las protestas, en la canción que lanzaron aquellos días.

De fondo, más de una década de sufrimiento por la grave crisis económica que atraviesa la isla, que ha vivido duros recortes en los servicios públicos y despidos, y la pobreza acecha a alrededor del 40% de la población. Tras 11 días de protestas multitudinarias, Roselló anunció su dimisión. En la actualidad, está al frente de Puerto Rico su exsecretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y el país irá a elecciones en noviembre de 2020.

En Irak, la chispa el pasado octubre fue la destitución de Abdul Wahab Al Saadi, un general muy popular por su papel en la guerra contra ISIS. Pero la razón de fondo de uno de los mayores levantamientos de la historia reciente del país, una vez más, era el profundo malestar que hay con la oligarquía religiosa, la corrupción, y, sobre todo, con el deterioro de las condiciones económicas.

Desde principios de octubre, cientos de miles de manifestantes han tomado las calles para exigir más puestos de trabajo y la mejora de los deficientes servicios básicos, como también hicieron el año pasado al sur del país, cuando protestaron contra los cortes de electricidad o el suministro de agua. En Irak, un país rico en petróleo, la vida de muchos de sus ciudadanos es similar a la de los países árabes más empobrecidos por el paro o un sistema de salud derrumbado.

Las revueltas han evolucionado hasta reclamar una reforma política total que acabe con el sistema establecido tras la invasión de EEUU en 2003. Los muertos en la represión de las protestas estos meses se cuentan por cientos, al menos 460. El 29 de noviembre, la ola de protestas tumbó al primer ministro Adel Abdelmahdi, que anunció su dimisión y, en estos momentos, los partidos políticos intentan ultimar el nombramiento de un sustituto.

El 3 de octubre, Ecuador amaneció con un paro de transportistas. Acababa de entrar en vigor el decreto anunciado por Lenin Moreno que eliminaba el histórico subsidio estatal a los combustibles, que, en la práctica, hacía que el precio de la gasolina y el diésel pasara a depender del mercado internacional. La medida, que afectaba a cientos de miles de familias campesinas e indígenas, se enmarcaba dentro del "paquetazo" de recortes en respuesta a las condiciones del FMI para recibir una línea de crédito de 10.000 millones de dólares.

A los transportistas se sumaron gremios de profesores, estudiantes universitarios y, sobre todo, líderes indígenas, que insistían: "Esta lucha no es por hoy, por el precio de la gasolina solamente, es para evitar que nos hipotequen el futuro y que paguemos con hambre y pobreza de dos y tres generaciones lo que no frenamos a tiempo". Con las protestas, que pusieron contra las cuerdas al Gobierno, llegó también la represión policial. Al menos una decena de personas murieron, y cientos fueron detenidas y resultaron detenidas. Tras 12 intensos días de protestas, la movilización popular se anotaba la victoria: el presidente dio marcha atrás y derogó el polémico decreto.

En Líbano, el detonante de unas protestas que aún continúan fue el anuncio de las autoridades de aprobar una tasa de 20 centavos de dólar por día (seis dólares al mes) a las llamadas de voz por aplicaciones de mensajería como WhatsApp en un intento de aumentar los ingresos de la golpeada economía del país. El impuesto se interpretó como una medida arbitraria, una más del Ejecutivo de Saad Hariri, bajo presión de inversores internacionales, para reducir una deuda equivalente al 151% del PIB. Pero las reivindicaciones, también en este caso, iban más allá, pidiendo reformas económicas y sociales de calado.

En Líbano hay un millón y medio de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza, una tasa de paro del 25% y una flagrante desigualdad económica. También es un Estado semiausente, incapaz de producir electricidad 24 horas al día, sin red de transporte público, un deficiente tratamiento de aguas residuales y recogida de basuras o una carencia de sistema de sanidad pública o pensiones decentes. Entre eslóganes ya sonados en las revoluciones en el mundo árabe, como "el pueblo quiere la caída del régimen", las movilizaciones también han exigido el fin de la corrupción y la división religiosa, apuntando a todos los dirigentes políticos.

Pese a los intentos del Gobierno de calmarlas anunciando reformas, las manifestaciones no amainaron y después de 13 días de protestas, Hariri anunció su dimisión. Un mes y medio después, el pasado jueves, Hassan Diab era designado como nuevo primer ministro para formar un gobierno. Se hizo sin consenso y profundizando aún más la crisis que vive el país, pues la calle ya se ha opuesto a su nombramiento.

Chile fue uno de las últimos en unirse a esta lista de países. El estallido se produjo tras el alza del precio del metro en 30 pesos, 4 céntimos de euro, con los estudiantes llamando a no pagarlo. Pero pronto se transformó en un movimiento masivo con un reclamo mucho más amplio, que apuntaba al corazón de un país considerado el alumno aventajado de las políticas neoliberales en Latinoamérica, pero que esconde una sociedad muy desigual. Por esta razón, aunque el presidente Sebastián Piñera anunciara a los pocos días la suspensión del incremento del billete de metro, ya era tarde. Lo recuerda uno de los lemas de los manifestantes: "Chile despertó".

Los chilenos han expresado en la calle su hastío por la falta de acceso a derechos básicos como la salud o la educación, o el actual sistema de pensiones. También han exigido un cambio en las relaciones políticas y sociales, demandando una nueva constitución que sustituyera a la actual –que data de la dictadura–. El tanto se lo apuntaron el pasado noviembre, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera, tras cuatro semanas de protestas, acordaba con la oposición una hoja de ruta para elaborar una nueva Constitución con un referéndum en abril de 2020.

En medio, toques de queda, el Ejército en las calles, una lluvia de denuncias por violencia y abusos policiales, cientos de heridos y más de una veintena de muertos como saldo de las protestas en el país.

En Irán, un nuevo brote de protestas vinieron desatadas por una repentina subida en el precio de la gasolina que, el pasado noviembre, derivó en bloqueos de carreteras, enfrentamientos, cortes de internet y una represión aplastante del régimen iraní que ha dejado más de 200 muertos, según la ONU y Amnistía Internacional. La medida fue el detonante del descontento de una población que ya sufre las consecuencias de una economía asfixiada por las sanciones de Estados Unidos.