Cuando el PSOE presentó su propuesta de acuerdo con Unidas Podemos para la legislatura bastó una llamada de la patronal del coche para cambiar el punto 256. Decía: "prohibiremos, a partir de 2040, la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos con emisiones directas de dióxido de carbono". Horas más tarde el texto se rebajó. Con la nueva redacción, se adoptarían medidas para que los coches redujeran "paulatinamente" sus emisiones. También se trabajaría con el sector para "facilitar" la penetración de estos vehículos y apoyar su I+D+i.
Los fabricantes alertaron de las graves consecuencias para la industria de una medida así.