A menudo se critica que el pilar social europeo es más declarativo que vinculante. Sobre todo si se mira atrás, a la gestión de la anterior crisis económica al dictado de los recortes en derechos sociales, servicios públicos y sacrificios de los que aún no se habían recuperado economías como la española o la griega antes de la llegada de la pandemia.
Pero con la pandemia se suspendieron las reglas fiscales, aquellas que sí obligan a unas cifras de déficit y deuda, so pena de recibir castigos, pero no las de paro, inversión en servicios públicos o en educación, como tampoco la persecución de la competencia desleal por la vía de impuestos que realizan algunos países, como Holanda, Luxemburgo o Irlanda.