Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han considerado que las previsiones macroeconómicas anunciadas este viernes por el Gobierno pueden ser mejoradas en función de las medidas que se tomen durante la vuelta a la actividad, entre ellas, manteniendo las condiciones de los ERTE.

En rueda de prensa con motivo de la celebración del Primero de Mayo, ambos líderes sindicales han comentado que las previsiones de caída del PIB del 9,2 % y de incremento de la tasa de desempleo hasta el 19 % anunciados por el Gobierno para este año "no tienen precedentes", pero están "dentro de lo que se podía esperar" y "en línea con las de otros países europeos".

La OPEP, Rusia, México y otros países productores de crudo ponen en marcha a partir de este viernes un gigantesco recorte de la oferta de crudo con el objetivo de elevar los "petroprecios", desplomados en abril hasta mínimos históricos por la falta de demanda del "oro negro" en tiempos del coronavirus.

La esperanza de los 13 socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus 10 aliados independientes es que la reducción del bombeo conjunto en 9,7 millones de barriles diarios (mbd) -cerca del 10 % de la producción mundial- reequilibre un mercado desbordado por suministros que nadie quiere y que amenazan con superar la capacidad de almacenamiento.

Un Primero de Mayo en casa, pero de reivindicación. Este Día Internacional del Trabajo, fecha clave del movimiento obrero y de lucha de los derechos de los trabajadores, se desarrolla de manera excepcional por la pandemia del coronavirus, que obliga a la ciudadanía a permanecer en sus hogares. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han organizado varios actos "virtuales" que homenajean en especial en esta ocasión la labor de los trabajadores de servicios esenciales, muchos de ellos con condiciones laborales precarias, como han destacado esta mañana sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez. 

Las centrales sindicales han querido poner el foco hoy en estos trabajadores, que se han mantenido en la calle sin descanso en los peores momentos de la pandemia.

El desconfinamiento se acerca y las empresas preparan contra reloj la vuelta de los trabajadores a las oficinas, unos espacios que tendrán que adaptarse a la "nueva normalidad", con zonas más abiertas, menos gente, pantallas protectoras, geles desinfectantes y pasillos de una sola dirección.

El retorno a las oficinas deberá garantizar la regla de oro de la nueva situación derivada de la pandemia de coronavirus, el distanciamiento social, lo que obligará a establecer nuevos hábitos y afectará tanto a los espacios físicos como a los procesos de trabajo y a la forma de relacionarnos.

"Las oficinas deberán adaptarse, pero de nada nos servirá si antes no se prepara el edificio, empezando por la puerta de entrada", explica a Efe Óscar Fernández, director de Desarrollo de Negocio de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield en España.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 1 de mayo publica la orden ministerial que concreta las condiciones por las que se pueden pedir pedir los créditos habilitados por el decreto de ayudas a inquilinos vulnerables para el pago de sus rentas del alquiler a partir de la semana que comienza el lunes 4 de mayo. 

Los préstamos, avalados y subvencionados por el Estado, se formalizarán mediante un contrato de préstamo entre la entidad de crédito y el inquilino, y el banco abonará las mensualidades directamente a la persona o entidad propietaria de la vivienda.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha establecido un límite de 5.400 euros de crédito a repartir en seis mensualidades de un máximo de 900 euros.

El Gobierno ha cifrado en 138.923 millones de euros el impacto de las medidas tomadas para combatir el COVID-19 y ha detallado el coste de las algunas de las principales iniciativas, como los 17.894 millones por los cambios en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Durante la rueda de prensa para presentar las previsiones macroeconómicas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que las principales medidas de gasto suman 28.403 millones.

Entre ellas, están los 1.400 millones de un crédito extraordinario para el Ministerio de Sanidad, 2.867 millones para actualizar las entregas a cuenta de las comunidades, 17.894 millones de gastos relacionados con ERTE o 1.355 millones por bajas laborales de aislamiento consideradas accidentes laborales.

El Gobierno prevé que el desplome de la economía española a consecuencia de la crisis del coronavirus llegue al 9,2 % en 2020 y que la tasa de desempleo suba al 19 %, de acuerdo con el nuevo cuadro macroeconómico presentado este viernes e incluido en la actualización del programa de estabilidad 2020-2023.

La contracción económica será consecuencia del desplome del consumo de los hogares (8,8 %) y del hundimiento de la inversión (25,5 %) y las exportaciones (27,1 %), ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Según ha dicho, la economía tocará fondo en el segundo trimestre del año y se recuperará desde entonces en forma de "V asimétrica", lo que llevará a un rebote de la economía del 6,8 % en 2021.

El Gobierno prevé que el aumento del gasto público y la caída de los ingresos asociados a la crisis del coronavirus disparen el déficit público en 2020 hasta 115.671 millones de euros, equivalentes al 10,34 % del PIB, de acuerdo con las nuevas previsiones gubernamentales presentadas este viernes.

Será del mayor déficit registrado desde el cierre de 2012 (10,7 % del PIB), según ha destacado en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra ha detallado que los gastos subirán un 10,5 % hasta 576.714 millones de euros, mientras que los ingresos caerán un 5,3 %, hasta 461.043 millones.

Los microcréditos para pagar el alquiler de vivienda para afectados por la crisis del coronavirus tendrán una cuantía máxima de 5.400 euros, es decir 900 euros por mensualidad, y podrán pedirse con efectos retroactivos para el pago de abril.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) detalla este viernes en una orden los flecos que quedaban de estos microcréditos sin intereses anunciados por el Gobierno, que se podrán devolver en un plazo de seis años ampliable a diez, y que servirán para hacer frente al pago del alquiler de sus viviendas a aquellas familias con problemas económicos.

Así, la orden establece que las seis mensualidades financiables podrán ser desde el 1 de abril y que el crédito se formalizará mediante un contrato de préstamo entre el banco y el arrendatario con un máximo de 5.400 euros, es decir de 900 euros por mensualidad.

Un laboratorio de la Universidad de Salamanca (USAL) ha testado con éxito una solución tecnológica que permite asegurar el mantenimiento de la distancia social en establecimientos públicos como comercios, negocios de hostelería, hoteles, cines, supermercados o dependencias administrativas.

El sistema utiliza balizas, un receptor y un programa informático para controlar el aforo, advertir cuando el local está al máximo de su capacidad y emitir un aviso sonoro cuando dos personas se acercan más de lo debido una a la otra y no guardan los dos metros de distanciamiento social, han informado a Efe los promotores.

La iniciativa está ideada por el emprendedor zamorano Raúl Macías, desarrollada por el grupo Esalab de la USAL e implementada por la empresa madrileña de equipamiento Carttec.