Ignacio de la Macarena Cano, más conocido como Nacho Cano desde sus tiempos como fundador de Mecano en la movida madrileña, fue brevemente arrestado el 24 de julio del año pasado. La Policía llevaba un tiempo investigando la denuncia de una de las becarias que, un año antes, había llegado desde México para formarse como bailarina en su musical: acusaciones de malas condiciones laborales y de alojamiento pero también de haber metido en España a más de 15 de estos aspirantes a artista de manera irregular.
Malinche ya tenía, por entonces, su ración propia de polémica y su puesta en marcha había evidenciado la cercanía y afinidad del productor y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en menor medida al alcalde José Luis Martínez-Almeida. Después de un primer derrape sobre la cesión gratuita de una parcela en Hortaleza para montar su espectáculo en una pirámide de 30 metros de alto, rechazado por la presión vecinal, Malinche se estrenó a finales de 2022 en Ifema. “Me pone cachondo que me ataquen”, dijo entonces.
El productor musical no mentía. Tampoco exageraba cuando dedicaba buenas palabras a Isabel Díaz Ayuso, hasta el punto de comparar a la presidenta madrileña con Isabel la Católica en su función número 400 un año más tarde. Su detención en las primeras semanas del verano de 2024 consolidó ambas cosas: no ha dudado en proclamar su inocencia en el conocido como 'caso Malinche' atribuyendo su arresto y la causa judicial posterior a su apoyo explícito a Ayuso, algo que la líder del PP madrileño ha espoleado hasta el punto de comparar la situación del artista con la de una víctima de la dictadura.
Detrás de la causa que acaba de archivar la Audiencia Provincial de Madrid había una denuncia de una becaria llamada Leslie Guadalupe, que ante la Policía y ante la jueza aportó pistas suficientes para investigar si Cano y sus colaboradores habían maniobrado para introducir a los becarios en España camuflados como turistas. Mensajes de WhatsApp, por ejemplo, en los que los jóvenes bailarines eran exhortados explícitamente a ocultar que venían a formarse a las órdenes de Cano para no tener problemas al bajar del avión en Madrid.
El fundador de Mecano prometió dar la batalla en todos los frentes poco después de quedar libre del arresto policial y prestar su primera declaración. Rodeado de sus abogados y de los propios becarios que, en teoría, tenían que testificar sobre él, negó los hechos y se presentó como una víctima de un complot policial y gubernamental. Se querelló contra la becaria que le había denunciado, contra la jueza que le investigaba y provocó la imputación de dos policías.
La magistrada de la Plaza de Castilla puso en marcha una batería de diligencias para arrojar luz sobre la denuncia de la bailarina: si habían recibido instrucciones para ocultar el verdadero motivo de su estancia en España pero también si malvivían en un hostal con muy poco dinero y si, además, se les obligaba a trabajar en el bar del espectáculo. Las decisiones administrativas y judiciales se iban cruzando con la causa penal: varios meses antes la Delegación del Gobierno había decretado la salida del país de todos los jóvenes al tener denegado el permiso de residencia.
La Audiencia Provincial de Madrid ha cortado el paso a la jueza y ha archivado el caso sin permitir que se completen todas las diligencias que puso en marcha para aclarar el caso. Los magistrados, a diferencia de lo afirmado por Cano, no discuten que la causa tuviera que ser abierta ante los indicios, pero entienden que las explicaciones del productor, unidas al informe favorable de la Inspección de Trabajo, llevan al archivo provisional del caso sin necesidad de seguir con más diligencias durante meses.
“No se trata de falsear su entrada en España”El tribunal no cierra la puerta a que esta forma de introducir a los becarios en España pueda llegar a ser considerada una irregularidad desde el punto de vista administrativo, pero cree que en todo caso Nacho Cano no debe enfrentarse a una acusación de promover la inmigración ilegal o de haber explotado a los jóvenes bailarines. El procedimiento de hacerles entrar en España haciéndose pasar por turistas, explican los jueces, “puede ser o no el adecuado”, pero no es delito. “No se trata de falsear su entrada en España para una permanencia ilegal pues el propósito era conseguir el permiso necesario”, un permiso finalmente denegado.
Sus horarios no eran fijos, cobraban muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y a veces trabajaban más horas de las reglamentarias pero, concluyen los jueces, eran becarios que “reciben una formación” en términos similares a otras empresas, con becarios “a los que en absoluto pagan un salario ajustado al propio de los trabajadores”.
Nacho Cano comparece rodeado de sus becarios poco después de ser detenido
El archivo del caso, por tanto, descarta que Cano y sus colaboradores delinquieran, pero no afirma que la Policía y la jueza construyeran el caso de la nada o por animadversión a la afinidad política del productor con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La teoría que Cano ha desplegado desde el principio y que ha terminado de despegar con el sobreseimiento: “Todo por una cuestión política orquestada por una serie de gente de la que, por supuesto, no me voy a olvidar”, ha dicho desde México.
El productor ha anunciado una “querella espectacular” contra la jueza que le ha investigado, contra la que ya se ha querellado sin éxito en el pasado bajo la acusación de intentar perjudicarle mientras también mantiene imputado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal y corrupción en los negocios. También ha cargado una vez más contra los policías nacionales que participaron en la investigación. La presidenta madrileña ha apostillado: “Se han dado situaciones que ni siquiera con la dictadura franquista, la persecución a una persona del mundo de la cultura, sea un cantante, músico, compositor, escritor, cineasta, por el único hecho de mostrar una preferencia política”.
La expulsión de los becariosAl fundador de Mecano y productor musical solo le queda esperar a saber si la Fiscalía, la becaria denunciante o el sindicato CCOO recurren este archivo, pero la decisión ha sido tomada por la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal que supervisa las decisiones de la jueza instructora. Todo mientras los juzgados de lo social constatan que varios de sus artistas y trabajadores fueron despedidos de forma improcedente y deben ser indemnizados.
En paralelo, los tribunales madrileños han seguido examinando la situación administrativa de sus becarios y han cambiado su situación en las últimas semanas. Después de que varios juzgados de la capital concedieran medidas cautelares a los bailarines frente a la denegación del permiso por estudios, el Tribunal Superior de Justicia ha revocado esas cautelares, aunque especificando que no implica su expulsión del país.
Uno de los becarios que obtuvo las cautelares, explican estas sentencias, no tenía previamente “un estatus jurídico de residencia en España” y la negativa de la Delegación del Gobierno, explica, no implicaba su expulsión del país. Este proceso judicial, todavía en fase de cautelares, será el que determine si su entrada en España fue o no irregular, después de no ser considerada delictiva.
