Aumentar la intensidad sin agotar las fuerzas. Después de la gran movilización del pasado 19 de enero contra la reforma de las pensiones, los ocho principales sindicatos franceses y los cinco movimientos en defensa de los jóvenes que los apoyan quieren aprovechar ese primer golpe de efecto para construir las bases de una protesta a largo plazo y mantener así la presión sobre el Ejecutivo.

Este martes tendrá lugar una segunda jornada nacional de protestas con el objetivo declarado de conseguir la retirada de un proyecto que consideran “inaceptable” y contrario a los “intereses de la población”.

Después del éxito reivindicado por los sindicatos en ese primer día de movilización, con más de dos millones de manifestantes –el Ministerio del Interior contabilizó 1,12 millones–, los sindicatos se reunieron esa misma noche en París para decidir el camino a seguir. Algunos grupos abogaban por iniciativas que pudieran renovarse cada día, pero finalmente se optó por movilizaciones intercaladas a lo largo de varias semanas.

“No se puede buscar un apoyo amplio de la población y, al mismo tiempo, querer organizar una manifestación el martes, seguida de otra el jueves. Eso no funciona, porque muchos trabajadores no pueden seguir un ritmo tan intenso”, explicaba Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), este lunes en una entrevista en la televisión pública. “Pero ya veremos si tenemos que cambiar de método en las próximas semanas”.

Aunque todos los partidos políticos de izquierda han apoyado la movilización, de momento son los líderes sindicales los que manejan los tiempos y organizan la oposición en la calle. Los diputados de la coalición Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes) prolongarán el impulso en los debates parlamentarios que se abren la semana que viene en la Asamblea Nacional.

Dentro del frente sindical unido en contra de la reforma –algo que no ocurría desde 2010–, el papel de la CFDT se está siguiendo con especial atención, ya que se trata de un sindicato más abierto a las negociaciones con el Gobierno, interlocutor privilegiado en varias reformas de las pensiones. No en este caso: el Ejecutivo ha presentado como innegociable el retraso de la edad de jubilación, una de las dos líneas rojas para el sindicato, junto a la ampliación del periodo de cotización.

“La forma de actuar de Emmanuel Macron, que opta por ignorar a los actores sociales intermedios en sus procedimientos, complica la acción de la CFDT: un sindicalismo de concertación social necesita interlocutores que ahora mismo no existen a nivel estatal”, ha explicado el historiador Stéphane Sirot, especialista en movimientos sociales, en una entrevista en Europe 1. “Por otro lado, en el futuro podría surgir una cuestión delicada en el seno de la coalición en lo que respecta a las modalidades de continuación del movimiento social”.

El otro sindicato que más peso está teniendo es la Confederación General del Trabajo (CGT). Mayoritario en varios sectores clave para la actividad económica, algunas de sus federaciones, como minas-energía y química, están siendo las más combativas y las más críticas con la dirección intersindical, partidarias de una estrategia de aumento de la movilización, abogando por prolongar sus acciones hasta el 6 de febrero, que corresponde al inicio del examen parlamentario del proyecto de ley.

Así, la rama de la CGT en la industria petrolífera ha convocado varias jornadas de paros, los días 19 y 26 de enero y el 6 de febrero, para protestar contra el proyecto de reforma de las pensiones del Gobierno. “Somos conscientes de que un día no bastará para hacer retroceder al Gobierno”, declaró Éric Sellini, coordinador nacional de la CGT en TotalEnergies, en BFMTV, al tiempo que afirmó que los paros podrían afectar al abastecimiento de carburante de las gasolineras.

“Uno de los riesgos de esta reforma es que el país quede bloqueado por huelgas y manifestaciones”, explica a elDiario.es Bruno Palier, politólogo y director de investigación en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). “Pero eso no incomoda al Gobierno si al final el proyecto sale adelante: su cálculo es que quienes hacen huelga no forman parte de su electorado y que las movilizaciones son el precio a pagar por una reforma que considera imprescindible por razones presupuestarias”.

Sin embargo, después de la fuerte movilización de la primera jornada, la ecuación se ha complicado para la primera ministra, Élisabeth Borne, tanto en el frente de la opinión pública como en el parlamentario. Todos los sondeos muestran que la población se opone al proyecto de ley (aunque según Ipsos, la mayoría de los franceses cree que finalmente la reforma se llevará a cabo).

“Entre la vía parlamentaria y la del diálogo social, el Gobierno ha preferido la primera solución”, analizaba este fin de semana el expresidente François Hollande en declaraciones a Le Monde. “En el momento en el que no se respetan las líneas rojas de la CFDT, es de esperar un fuerte movimiento social unitario, que puede, a su vez, desintegrar el acuerdo parlamentario”.

El Gobierno teme ahora perder uno de sus principales argumentos ante la opinión pública: la mayoría parlamentaria lograda gracias al acuerdo con el partido Los Republicanos. Porque aunque los líderes de ese partido se han comprometido a apoyar el texto, al menos una docena de parlamentarios del grupo afirman que, en el estado actual, no respetarán la disciplina de partido y votarán en contra, al igual que una decena de diputados de la propia coalición presidencial, incluida la exministra Barbara Pompili. Así, la votación en la Asamblea Nacional podría decidirse por un puñado de votos.

El Gobierno podría intentar convencer a los indecisos con algunas medidas para rebajar la dureza de la reforma, pero con el anuncio hace unas semanas de la revalorización de las pensiones mínimas ya han jugado una de sus principales bazas. Mientras tanto, Élisabeth Borne dijo este domingo a France Info que la medida emblemática, el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años, “es innegociable”.