Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, habla desde Lima con elDiario.es mientras el Congreso sigue tratando el adelanto de elecciones para 2023. Este miércoles, los diputados rechazaron un proyecto de ley que planteaba celebrar comicios generales este año, pero horas más tarde el primer ministro, Alberto Otárola, anunció que se ha presentado en el Congreso una nueva iniciativa legislativa que propone el adelanto electoral a 2023. Otárola cree que todavía hay espacio para el diálogo y confía en que el Legislativo "esté a la altura de la circunstancia".

De cualquier modo, la llave para avanzar con unas nuevas elecciones no depende solo del poder Legislativo. "Si Boluarte renuncia, el Parlamento está obligado a convocar inmediatamente a elecciones. Pero la presidenta se resiste a renunciar. Ella tiene la fórmula para conseguir que las elecciones sean este año", explica Dador. Esto no es lo que piensa la presidenta de Perú, quien aseguró el domingo que la responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones para este año "depende única y exclusivamente del Congreso".

Al mismo tiempo, las protestas continúan en varias regiones del país. También la respuesta represiva por parte del Estado. "En los últimos 20 años, en medio de todo tipo de conflicto, la cifra de personas fallecidas no supera las 167 personas. Ahora, en menos de 60 días, son 57. Es una desproporcionalidad absoluta. Nunca hemos tenido una reacción del Estado de este tipo", dice Dador. La Coordinadora ha registrado 58 fallecidos en los últimos dos meses. Del total, 47 han muerto por responsabilidad directa del Estado, 7 de ellos son menores de edad, un policía ha fallecido en manos de los manifestantes y 10 personas en el contexto del bloqueo de carreteras.

Hace una semana, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que usted dirige presentó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Perú de los últimos 50 días. ¿A qué conclusiones llegaron?

Hemos constatado que el Gobierno ha operado al margen de la ley en la respuesta represiva del Estado. No cumplen ni con los estándares nacionales ni internacionales. No ha habido proporcionalidad alguna. Por ejemplo, una sola intervención del Ejército para el control de una manifestación en Ayacucho dejó 10 personas muertas. Es un despropósito total. En Juliaca, alrededor de 22 personas murieron, no por el Ejército sino por el accionar de la Policía. En las necropsias se ha identificado el uso de proyectiles, de armas de guerra, incluso de fusiles.

Estamos hablando del uso desproporcionado de la fuerza, del uso de armamento prohibido para el control de manifestaciones, que en este caso además comportan masacres. No solo por la cantidad de personas muertas sino también por las ejecuciones extrajudiciales, que no cumplen con los parámetros acordados por la ley.

¿Ha habido un incremento de la dureza en la respuesta del Estado?

Desde el inicio, el Gobierno actuó de esta forma. El Estado entró a matar desde el inicio. No solo a manifestantes, lo cual tampoco se justifica, porque aun siendo un mal elemento, un violento o un vándalo, tampoco te tienen que ajusticiar, sino también a menores de edad, donde la obligación de protección del Estado es doble.

Existen más de 200 personas detenidas por manifestarse. ¿Las detenciones son legales?

Hay un conjunto de detenciones que no solo son arbitrarias, sino que también han sido masivas. Es como si la Policía saliera y tirara una red y atrapara todo lo que caiga en ella. Estamos hablando de detenciones de 200 personas en un solo acto, a veces 50, otras 60 al mismo tiempo. Es una respuesta desproporcionada. Además, en esos grupos de detenciones masivas, también se identificó que se estaban deteniendo a adultos mayores, vendedores ambulantes, mujeres con niños, personas con discapacidad mental. En general, también hay restricciones al trabajo de las abogadas y los abogados para la defensa de los detenidos.

En medio de las protestas un grupo de policías entró el 21 de enero por la fuerza en la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Cómo analiza el procedimiento?

Eso ha sido un allanamiento a la universidad, algo que no veíamos desde los años 90 con la dictadura de Alberto Fujimori. La Policía derribó la puerta, lo cual fue un absurdo, metieron una tanqueta para tumbar la puerta y luego entran por la puerta de costado que estaba abierta.

Y allí detuvieron a 193 personas, entre estudiantes y manifestantes que venían de las regiones que habían sido albergados allí. Pero no solo los detienen, sino que además los ponen contra el piso, los tiran al suelo, son golpeados e ingresaron a las viviendas universitarias. Fue de una violencia extrema e innecesaria.

¿Hay algún antecedente en el país de lo que está pasando?

La situación es excepcional para Perú. No habíamos tenido una represión de esta naturaleza desde la recuperación democrática en el año 2000. Incluso en los últimos 20 años, en medio de todo tipo de conflictos, la cifra de personas fallecidas no supera las 167 personas. Ahora, en menos de 60 días, son 57. Es una desproporcionalidad absoluta. Nunca hemos tenido una reacción de este tipo.

¿Por qué cree que que la respuesta de Baluarte ha sido tan dura?

Pienso que el modo en que ella llega al poder por medio de una sucesión constitucional legitima, eso no se cuestiona, pero lo hizo sin respaldo de una bancada en el Congreso ni partidos, sino que estaba sola, es por eso que el modo de sostenerse en el poder ha sido la presencia militar y policial en alianza con los partidos, que están en el Parlamento y cuyos miembros son almirantes de la Marina en retiro, con discursos muy violentos y antidemocráticos.

La Fiscalía General de Perú ha abierto una investigación en contra de Boluarte y tres ministros por genocidio. ¿Puede la presidenta llegar a ser condenada por esta causa?

Nosotros siempre hemos dicho que las conductas realizadas por la presidenta y sus ministros no corresponden a genocidio. En ese caso se requieren un conjunto de elementos que hacen mucho más difícil de probar el cargo. Nosotros hablamos de ejecuciones extrajudiciales. El hecho de que la Fiscalía haya acogido la causa como genocidio, nos hace pensar dos cosas. Por un lado, que la causa se puede reconducir hacia los delitos que realmente puedan quedar probados. Pero puede responder que no corresponde al tipo penal y que se archiva.

Nosotros, desde los organismos de derechos humanos, tenemos clarísimo que no solo existe responsabilidad política de la presidenta y sus ministros, sino que hay también responsabilidades penales, por la cadena de mando de cómo se tomaron las decisiones. Nos vamos a demorar algunos años, como suele pasar en la Justicia, pero estamos seguros de que Boluarte va a terminar en la cárcel.

¿Qué piensa sobre el hecho de que la primera presidenta mujer de la historia de Perú pueda quedar detenida?

Provengo del movimiento feminista, por eso digo que el cuerpo de mujer no es la que va a garantizar o representar los intereses de las mujeres. Las mujeres peruanas aprendimos en la dictadura de Fujimori, donde nos daban algunas prebendas, que lo que no es bueno para la democracia no puede ser bueno para las mujeres. No, de ninguna manera.

Por lo tanto, no la reconocemos como parte del movimiento de mujeres, nunca tuvo una agenda que defienda los intereses o los derechos de las mujeres, ni de las feministas. Es un accidente en la historia del movimiento de las mujeres en el Perú.

¿El expresidente Castillo tiene responsabilidad en los actos de violencia?

No creo que tenga responsabilidad directa. Incluso solo una pequeña parte de la agenda que marcan las protestas pide la liberación del presidente Castillo o la restitución en el poder. En este momento hay tres temas comunes a las distintas movilizaciones: la renuncia de la señora Baluarte, la convocatoria de elecciones generales y, una tercera, que empieza a entrar con más fuerza, que es la necesidad de un proceso constituyente. Luego hacia abajo hay matices.

El Congreso debate en este momento un eventual adelanto de elecciones. ¿Pueden ser las nuevas elecciones una solución al problema en lo inmediato?

Sí, es parte de la respuesta que ayudaría a descomprimir la situación. Cuanto más próxima sea la fecha, será mejor. Ahora, si el Congreso no lo hace, quién tiene que renunciar es Baluarte. Si ella renuncia, el Parlamento está obligado a convocar inmediatamente a elecciones. Pero la presidenta se resiste a renunciar. Ella tiene la fórmula para conseguir que las elecciones sean este año.

El otro tema que también está en discusión es si deben o no convocar a un proceso constituyente en este momento. Para mí, sería muy bueno que se apruebe una consulta, para así preguntar a la ciudadanía en el momento de las elecciones si quiere o no ir a un proceso constituyente.

¿Por qué cree que ha sido el Perú rural el que lidera las protestas y no Lima, como ha pasado en otras ocasiones, por ejemplo, con la renuncia de Manuel Merino en 2020?

Es innegable que la llegada del presidente Pedro Castillo al poder ha marcado un antes y un después en la política peruana. Castillo es un hombre del campo, un maestro rural, un sindicalista, hijo de padres analfabetos, con una historia de pobreza, quien lo ve dice: 'Si él puede, yo también puedo'. Es un reconocimiento por identidad. Nadie niega que la gestión del gobierno de Castillo haya sido desastrosa, pero todos fuimos testigos de que se lo trató de burro, de bestia. Creo que eso terminó por ayudar a un movimiento que estaba en ebullición a tomar impulso.

La ONU recomendó a Perú "limitar el uso excesivo de la fuerza" de policías y militares. ¿Cómo analizar la respuesta internacional?

Ha sido muy importante el acompañamiento porque a raíz de lo que se comunica afuera, entre la prensa internacional y los movimientos, es que rebota e impacta dentro del país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han recomendado al Estado peruano limitar el uso de la fuerza. Sin embargo, el Gobierno está lejos de implementar esas recomendaciones. Por lo tanto, además de las violaciones a los derechos humanos hay un nivel de torpeza política impresionante por parte del Gobierno.