En las primeras semanas de 1976, el Departamento de Estado norteamericano daba por hecho que se iba a producir un Golpe de Estado en la Argentina en el corto plazo. Lo sabía gracias a fuentes propias (militares, funcionarios de Isabel Perón, infiltrados, gentilhombres y periodistas), aunque no hacía falta contar con demasiados infidentes para anticiparse a una irrupción militar que era anunciada y reclamada desde la tapa de los diarios.

La Embajada de Washington en Buenos Aires, a cargo del republicano y ferviente anticomunista Robert Hill, manejó un rango certero sobre la fecha en que los militares ocuparían la Casa Rosada y estuvo al tanto de que se conformaría una cúpula de Gobierno con miembros de las tres armas, de cómo se dividirían los principales cargos entre civiles y uniformados, y de las primeras medidas, de acuerdo a documentos del Departamento de Estado y la CIA, desclasificados en los últimos años y ordenados esta semana por la organización civil estadounidense National Security Archive.

España es el país desarrollado con más empresas incluidas en el último año en la 'lista negra' de sociedades y personas físicas vetadas por el Banco Mundial por su participación en prácticas irregulares, según se desprende de la relación de empresas e individuos declarados "inelegibles" para participar en los proyectos de este organismo multilateral con sede en Washington.

Desde marzo de 2020, la entidad, dedicada a la financiación de proyectos en países en desarrollo, ha inhabilitado a un total de seis grupos empresariales españoles, más que en ningún país europeo ni de los que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club que aglutina a las 36 naciones más ricas del mundo.

La efectividad de la vacunación se puede seguir gracias a un nuevo rastro: las bajas por infección de COVID de sanitarios y trabajadores de residencias de ancianos. Así lo ha evidenciado este miércoles la Seguridad Social, que ha hecho pública una gran base de datos sobre las bajas por incapacidad temporal debido al coronavirus. El desglose de datos por profesiones permite observar el desplome de las bajas en estos dos colectivos tras el inicio de la vacunación, de tal manera que su incidencia ha pasado a ser inferior a la de conjunto de los trabajadores por primera vez en lo que llevamos de pandemia.

Los gobiernos de toda Europa están endureciendo de nuevo las restricciones ante los aumentos de casos de coronavirus. En su punto de mira está la Semana Santa, pero muchas de las medidas, nuevas o prolongadas, se extienden también durante las próximas semanas. Los líderes europeos mencionan entre las principales causas el avance de la variante B.1.1.7 que se identificó por primera vez en Reino Unido, más transmisible y asociada a una mayor letalidad en algunos estudios.

Los contagios están en alza o registran incidencias elevadas en prácticamente todo el continente, con algunas excepciones, como Reino Unido o Portugal.

Desolación y muerte. Son palabras que suelen abundar en las crónicas de guerras, terremotos y tsunamis. Pero ¿cómo usar esos términos en el trazado de los rastros que deja una pandemia? Esta vez, sin embargo, describen en forma precisa el escenario creado en Brasil por la COVID-19. Con los 3.158 fallecimientos en las últimas 24 horas, el país roza las 300.000 muertes y ha llegado al primer puesto de un ranking mundial nada deseable: ha desplazado a Estados Unidos en el registro de la mayor cantidad de personas muertas por día.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha instado este miércoles en el Congreso a que los diputados pidan al organismo su opinión sobre el Real Decreto de los fondos europeos, aprovechando la “oportunidad” de que se está tramitando como proyecto de ley.

Fernández ha confirmado que no se les pidió informe sobre ese decreto, pero todavía “estamos a tiempo”. “Sería un hito” que los diputados “hicieran uso por primera vez en la historia” del artículo 5.2 de la Ley de Creación de la CNMC, que permite a las Cámaras pedirle informes sobre normas en tramitación.

El AVE barato de Renfe —AVLO, por las siglas de AVE low cost— realizó este miércoles su primer viaje de prueba con pasajeros. Fue de Madrid a Barcelona parando en Zaragoza por las mismas vías que usa el AVE normal y el trayecto duró 2 horas y 45 minutos, como el AVE normal. A la cita estaban invitados trabajadores de Renfe Viajeros y medios de comunicación, que pudieron ver en persona cómo es el nuevo producto de la operadora ferroviaria estatal.

Los precios van de 7 a 65 euros por trayecto (es decir, de 14 a 130 euros ida y vuelta) y el servicio empieza a funcionar el próximo 23 de junio.

Las negociaciones fueron durísimas. "Hemos parado algunas cosas que habrían sido muy duras para muchos países, incluido España", decía la negociadora socialista en la Eurocámara, Eider Gardiazabal. El Gobierno de Mark Rutte, por voz de su ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, pidió a la Comisión Europea una investigación sobre la situación fiscal de los países del sur en las discusiones sobre la respuesta europea a la pandemia, actitud calificada de "repugnante" por Portugal.

"Esa mezquindad recurrente amenaza el futuro de la UE", llegó a decir el primer ministro portugués, António Costa.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que engloba a empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, entre otros, y los sindicatos han alcanzado y suscrito este miércoles un acuerdo para el nuevo convenio sectorial, que tendrá una vigencia de dos años (2021 y 2022) y afecta a unos 230.000 empleados, tras pactar una subida salarial del 2% en este periodo, según informa Europa Press.

El convenio será transitorio y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 por la necesidad de adaptar el sector al nuevo escenario, perfilado tanto por las modificaciones legislativas como por los nuevos hábitos de consumo de los clientes cuya tendencia hacia el comercio 'online' se ha acelerado durante la pandemia.

El Gobierno ha firmado este miércoles con representantes sindicales y ejecutivos de las principales eléctricas en España el Acuerdo para la Transición Justa. El acuerdo “ampara desde hoy a todas las centrales de carbón de España” y “recoge el compromiso de las partes para acompañar la transición laboral y la reactivación económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas”, destaca el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El acuerdo se ha rubricado con la adhesión a este acuerdo del grupo portugués EDP, el único que hasta ahora no lo había hecho, en un acto simbólico en la sede el ministerio al que han acudido la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el secretario general de CCOO Industria, Agustín Martín; el secretario General de UGT FICA, Pedro L.