El impuesto al carbón para la generación eléctrica es legal. Es la conclusión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), a donde ha llegado el litigio de Endesa contra esa medida fiscal. Los jueces de Luxemburgo avalan la legalidad de esa tasa frente a la compañía energética al considerar que cumple con los requisitos establecidos en las normas europeas al tratarse de una iniciativa medioambiental.

El caso se remonta al año 2013, cuando a raíz de una inspección tributaria en la central térmica de Almería, propiedad de empresa, las autoridades fiscales consideraron que el carbón que había adquirido la compañía para generar electricidad debía ser gravado y le exigió un aumento en la liquidación así como los intereses.

Los inspectores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se han personado en los últimos días en las oficinas de Endesa y Naturgy en distintas regiones para recabar información interna de las eléctricas, y en concreto, de sus filiales de distribución, según ha avanzado El Confidencial y confirman fuentes del sector. No se descarta que la investigación afecte también a la otra gran eléctrica, Iberdrola.

“Estamos cooperando 100% con ellos y estamos esperando el desarrollo de la investigación”, dicen fuentes de Endesa, que confirman la existencia de esas inspecciones.

Los reguladores estadounidenses aprobaron este miércoles por primera vez la producción y venta de pollo creado en un laboratorio a partir de células animales —es decir, no es un producto vegano sucedáneo, sino pollo real—, lo que abre la puerta a la comercialización de carne cultivada en laboratorios en todo el país.

En concreto, el Departamento de Agricultura dio luz verde a las empresas Upside Foods y Good Meat, ambas de California, para ser sometidas a las inspecciones federales que permiten la venta de carne y pollo en Estados Unidos.

Hace meses, la Administración de Alimentos y Fármacos estadounidense (FDA, en inglés) ya declaró que los productos de las dos compañías son seguros para el consumo, aunque según los medios estadounidenses, todavía pueden pasar años antes de que los consumidores encuentren este tipo de carne en las tiendas.

Una modificación en tiempo récord de la constitución de la provincia argentina de Jujuy, limítrofe con Bolivia, provocó multitudinarias protestas de docentes, organizaciones sociales e indígenas, que fueron reprimidas por la Policía provincial en las últimas 96 horas. La provincia está gobernada por Gerardo Morales, una de las principales figuras de la alianza conservadora Juntos por el Cambio.

La capital, San Salvador de Jujuy, y las principales ciudades de esa provincia en gran parte andina, la de mayor proporción de población indígena de Argentina, vivieron escenas que recordaban a diciembre de 2001, cuando colapsó el régimen de convertibilidad del peso con el dólar y el país vivió una de las mayores confrontaciones sociales.

Cuando a inicios de mayo la Policía Federal (PF) de Brasil requisó el teléfono móvil de Jair Bolsonaro en su casa de Brasilia, el ecosistema de desinformación de la extrema derecha brasileña se quedó fuera de juego.

Pleno News, uno de los epicentros de bulos del país, se limitó a destacar que la policía no había retirado el pasaporte al expresidente. Sus asesores, mientras, intentaban minimizar la acción policial y afirmaban que Bolsonaro cambiaba de móvil cada tres meses, no usaba la nube y no hacía copias de seguridad.

Finlandia da un claro giro hacia la derecha con el anuncio de la formación y el programa del nuevo gobierno para los próximos cuatro años marcado por recortes presupuestarios, barreras para migrantes y menos medidas para mitigar los efectos del cambio climático.

El líder del partido conservador de Coalición Nacional, Petteri Orpo, será el próximo primer ministro en un ejecutivo que prevé recortes de 4.200 millones de euros en los servicios públicos.

El acuerdo se ha cerrado con la formación de ultraderecha, Partido de los Finlandeses, que obtiene más poder que nunca al ocupar siete de los 19 ministerios, entre ellos Finanzas, Interior y Justicia, uno más que los conservadores de la Coalición Nacional, que ganaron las elecciones y ocuparán ocho ministerios.

“No tenemos manos para todo el trabajo que hay”. Así resumía una dependienta de H&M por qué han salido a la calle este mes de junio, en pleno inicio de la campaña de rebajas de verano, para protestar por sus condiciones laborales. “No tenemos manos y tampoco tenemos sueldo para llegar a fin de mes”, añadía una compañera.

“Lo voy a explicar para que se entienda. Yo llevo trabajando en H&M desde hace 19 años y ahora gano menos que cuando empecé; y tengo mucho más trabajo.

El armario puede utilizarse como un refugio ante la discriminación, pero sale muy caro. En todos los contextos, también en el laboral. Una reciente encuesta de UGT, la segunda que lanza el sindicato para medir la discriminación que afrontan las personas LGTBI en el trabajo, señala que "un 40% de las personas LGB+ vuelven al armario en sus trabajos a pesar de que están fuera de él en su ámbito familiar y social". La consecuencia es una pérdida de derechos laborales, como los 15 días por matrimonio o los permisos de cuidados y por enfermedad de las parejas, entre otros.

La búsqueda sigue sin dar resultados, pero continúa con más recursos tras detectar sonidos que también se han escuchado este miércoles. Aún no hay rastro del submarino que llevaba a personas adineradas a ver los restos del Titanic con sus propios ojos, desaparecido hace tres días en el norte del océano Atlántico con cinco ocupantes a bordo. Las complejas labores para localizarlo aún no han concluido, entre informaciones acerca de que el suministro de oxígeno entra en horas críticas, mientras el capitán de los guardacostas estadounidenses Jamie Frederick afirma que, ante un caso de búsqueda y rescate, "hay que mantener el optimismo y la esperanza".

El conflicto en la Inspección de Trabajo continúa. Los representantes de la plantilla del organismo público y el Ministerio de Trabajo han rechazado este miércoles la oferta que envió ayer por la noche Hacienda, que recoge una propuesta de la prometida Relación de Puestos de Trabajo (RPT), clave en la organización laboral y la promoción profesional interna del servicio público. "Es inasumible", dicen varios sindicatos consultados por elDiario.es, que consideran que incumple el acuerdo con mejoras laborales alcanzado con el Gobierno hace dos años, en verano de 2021.