Acuerdo. Después de 12 reuniones de ministros de Energía en los últimos meses. Y 15 meses después de que el Gobierno español pidiera, por carta, un tope al precio del gas. Acuerdo con Alemania, pero a regañadientes, porque nunca vio con buenos ojos un mecanismo que, según Berlín, arriesga el suministro, algo que también ha trasladado Países Bajos. Y Alemania, como tiene dinero, está dispuesta a pagar más caro que los demás. Al final, Países Bajos se ha abstenido junto con Austria; Hungría ha votado en contra –siempre temerosa de desairar al Kremlin– y el resto, incluido Alemania, han votado a favor.

El Euribor ha superado este lunes el 3% por primera vez desde diciembre de 2008. El principal índice de referencia para las hipotecas en la eurozona adelanta así las expectativas de más subidas de los tipos de interés oficiales.

El Banco Central Europeo (BCE) llevó el 'precio' del dinero hasta el 2,5% el pasado jueves. Y su presidenta, Christine Lagarde, anunció más aumentos en los próximos meses, a un ritmo de 0,5 puntos al menos en las reuniones previstas en febrero y en marzo del consejo de gobierno de la institución.

La Comisión Asesora para el análisis del salario mínimo adscrita al Ministerio de Trabajo propone subidas del SMI para situarlo entre los 1.046 a los 1.082 euros brutos al mes en 2023, es decir aumentos del 4,6% al 8,2% desde los actuales 1.000 euros brutos. En esta franja calculan que se sitúa la meta del 60% del salario medio donde el Gobierno de coalición se comprometió a llevar el SMI al final de la legislatura, siguiendo la recomendación de la Carta Social Europea. Además, los expertos concluyen que el SMI es una herramienta útil para combatir la pobreza y desigualdad, como ha explicado este lunes la relatora del órgano, Inmaculada Cebrián López.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas reprende a España por vulnerar el derecho a la vivienda de una familia que ocupó un inmueble propiedad de BBVA. "El Estado parte tiene la obligación de proporcionar a los autores y sus hijos una reparación efectiva", constata el dictamen.

El caso analizado por el Comité de la ONU afecta a Josefa y a Ricardo que acudieron al organismo internacional al entender que las diferentes órdenes de desalojo sobre ellos y sus dos hijas -aunque este no se materializó- habían constituido una violación de sus derechos, en virtud del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc).

Cinco personas han muerto este domingo cuando un individuo armado disparó en el interior de un bloque de apartamentos en la localidad canadiense de Vaughan, un suburbio a unos 40 kilómetros al norte de Toronto.

Según informó la Policía, el supuesto autor del asesinato múltiple murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

"Cuando llegó la Policía, se produjo una interacción entre los agentes y un hombre, que resultó herido de bala. Fue declarado fallecido en el lugar de los hechos", informó la policía regional de York en un comunicado difundido a última hora de este domingo.

El ejército ruso ha lanzado esta madrugada un nuevo ataque con drones sobre la ciudad de Kiev y algunos puntos de la región. El ataque se ha producido apenas unas horas después de que las autoridades locales hubieran restablecido el sistema de calefacción destruido en anteriores bombardeos.

"El enemigo está atacando la capital con [drones] Shahed", ha asegurado la Administración Militar de la capital en Telegram. Rusia viene utilizando los drones kamikaze Shahed-136 de fabricación iraní para atacar Kiev desde el mes de septiembre.

Como señalamos en nuestro primer artículo, el PIB está dando señales equivocadas en los últimos años. Una forma de comprobarlo es partir de la renta. En este enfoque el PIB se obtiene como suma de los ingresos que generan trabajadores y empresas en la producción económica, más los impuestos indirectos netos. De acuerdo con las series oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta de ambos se ha visto mermada en estos dos años de pandemia, pero el efecto habría sido mayor en el caso de las rentas empresariales.

Después de cuatro años de incesantes ataques a los medios de comunicación y agresiones legales bajo el mandato de Donald Trump, el Gobierno de Biden ha defendido la importancia del respeto a una prensa libre y vigorosa.

El fiscal general, Merrick Garland, incluso ha ampliado la protección a los periodistas este otoño diciendo que "una prensa independiente y libre es vital para el funcionamiento de nuestra democracia".

Sin embargo, el mayor test para medir el compromiso de Biden está en una celda de Londres. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, lleva recluido desde 2019 y se enfrenta a un proceso judicial en Estados Unidos en virtud de la Ley de Espionaje, una legislación centenaria que nunca antes se había utilizado para perseguir la publicación de información clasificada.

Los empresarios no tiran la toalla contra el mayor control anunciado sobre las causas de los despidos colectivos (ERE). La medida aún debe pasar por el pleno del Congreso de los Diputados y después por el Senado. Con la mirada puesta en este camino legislativo, sobre todo en la Cámara Alta, las patronales están trabajando para que el cambio decaiga, según fuentes patronales.

"A ver qué pasa en el Senado", deslizan desde las organizaciones empresariales, donde se reconoce que hay un intenso trabajo con fuerzas parlamentarias para que la medida no salga adelante.

El Gobierno se abre a dejar en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la decisión de prohibir presentarse a concursos públicos a las empresas sancionadas por este organismo por falsear la competencia. 

El Ejecutivo reconoce ya esa posibilidad en una reciente respuesta parlamentaria. En ella recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha respaldado que el súperregulador pueda acordar los términos de las prohibiciones en sus resoluciones, como ha propuesto la CNMC. Recuerda que "la prohibición de contratar no es ejecutiva, y por lo tanto no se puede aplicar hasta que se determine su alcance y duración" en la correspondiente resolución, "administrativa o judicial".