Desde su propio programa electoral, Sumar pedía de forma clara una “ley de derechos culturales” que viniera “acompañada de un proyecto económico” que garantizase su implementación. Querían, con este proyecto, garantizar el derecho a la cultura, que también sufre un sesgo de raza, género y de territorio. No tiene el mismo acceso a la cultura una mujer, que un migrante, que una persona de un pueblo de la España vaciada.