La filial de juego online del gigante español Codere ha reconocido al regulador bursátil estadounidense, la SEC, el riesgo de ser expulsada del índice tecnológico Nasdaq por no haber presentado a tiempo sus cuentas de 2023, tras la renuncia de la firma que las auditaba hasta el año pasado, el gigante Ernst & Young. 

La empresa ha remitido a la SEC, el equivalente en Estados Unidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española, un escrito en el que explica que ha recibido una carta del Nasdaq Stock Market fechada el 20 de mayo “en la que se notifica a la empresa que no cumple los requisitos para seguir cotizando en bolsa” establecidos en ese índice tecnológico “por no haber presentado a tiempo su informe anual en el formulario 20-F correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023”.

Nuevo paradigma. Esta lluviosa primavera ha traído un fenómeno hasta ahora inédito en España y habitual en otros países europeos: precios negativos en el mercado mayorista de electricidad en las horas centrales del día. Esta situación, que tiene al sector en alerta, se dio por primera vez en España el pasado 1 de abril. Desde entonces, el denominado pool acumula 130 horas de cotizaciones del megavatio hora (MWh) por debajo de cero: como cinco días completos en los que los productores deben pagar para evacuar su electricidad en las horas de más consumo.

Los sindicatos mayoritarios de la Agencia Tributaria registrarán este miércoles en el Congreso de los Diputados una petición de reprobación de su presidente, el también secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, por el bloqueo “de la carrera profesional, el convenio colectivo, la promoción interna o la movilidad”.

Esta petición (“una carta” que firman SIAT, UGT, CCOO, CSIF y CIG y a la que ha tenido acceso elDiario.es) denuncia que “el máximo responsable del actual caos organizativo” de la institución es Jesús Gascón, en el cargo desde junio de 2022.

La aprobación, este martes en Consejo de Ministros, del real decreto ley para la mejora de la protección asistencial por desempleo, ha vuelto a sacar a luz el malestar de sindicatos y patronal con uno de los puntos, ajenos al subsidio, que el Ejecutivo introdujo en el texto que decayó en enero y que ha vuelto a colar en la nueva redacción. El Gobierno ha vuelto incluir la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales, que Pedro Sánchez negoció para ganarse el apoyo del PNV a su investidura.

El Tribunal Constitucional ha decidido rechazar la mayor parte del primer recurso que ha estudiado contra la ley de vivienda un año después de su entrada en vigor. El pleno ha desestimado buena parte de los argumentos de la Junta de Andalucía pero ha anulado de forma íntegra, entre otros, el artículo 16 de la ley: el que regula la vivienda protegida en todos aquellos aspectos que no estén recogidos ya en la normativa autonómica, que seguía prevaleciendo.

El subsidio por desempleo vuelve al Consejo de Ministros. Tras el acuerdo de Trabajo con los sindicatos, del que se descolgó la patronal, el Ejecutivo ha aprobado este martes el real decreto para la mejora de la protección asistencial de desempleo. El nuevo texto mantiene la cotización de los mayores de 52 años al 125%, como exigía Podemos, que tumbó la tramitación en enero por esta causa, e incorpora algunas mejoras respecto a aquel texto, como la posibilidad de compatibilizar empleo y paro durante 180 días o un nuevo subsidio para las mujeres víctimas de violencia machista, a partir de los 16 años.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Santander han sellado la línea de avales para facilitar la compra de inmuebles por jóvenes y familias con menores a su cargo. El Gobierno aprobó esta línea de avales, valorada en 2.500 millones de euros, en febrero, pero esta es la primera de las cinco grandes entidades financieras que sella por escrito un acuerdo con el ICO.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Gobierno central que inhabilite a una pequeña distribuidora eléctrica en Catalunya, Eléctrica del Montsec SL, ante los reiterados y graves incumplimientos de la normativa sectorial y las quejas por la nula inversión en las zonas a las que da servicio esa empresa, a la que en el sector definen como “pirata”.

El pasado 23 de octubre la CNMC remitió a la Dirección General de Política y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica un expediente sancionador por infracciones “muy graves” de la Ley del Sector Eléctrico por parte de esta distribuidora, castigadas con multas de entre 6 y 60 millones de euros.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha anunciado este lunes que ha alcanzado ya el 10% del capital social de Telefónica y culmina así la operación de compra ordenada por el Consejo de Ministros a finales del año pasado. La entidad ha adquirido un total de 567.016.155 acciones, con un precio medio de 4,0295 euros por acción, lo que equivale a una inversión de 2.284 millones. A esa cantidad hay que sumar 541 acciones que SEPI ya tenía en cartera y que elevan el número total de títulos a 567.016.696.

La Seguridad Social ha asumido parte de las reivindicaciones de personal investigador y sindicatos. Tras la mala recepción y las críticas de la orden que regulaba la forma en la que las personas que hubieran sido becadas podían recuperar ese tiempo para el cómputo de jubilación, la ministra del ramo, Elma Saiz, ha recogido el guante. La nueva propuesta que el ministerio ha trasladado este lunes a la mesa del diálogo social incluye que la base de cotización tomará como referencia la del año que se realizó la actividad y un margen mayor para abonar las cantidades, que con la primera propuesta ascendía a 290 euros por cada mes que se quisiera recuperar.