En septiembre de 2021, el Parlamento de Belfast votó una propuesta legislativa para que las personas condenadas por delitos graves no pudieran ocupar cargos públicos en algunas instituciones oficiales. Era la última legislatura normal, justo antes del bloqueo del Gobierno y la Asamblea en Irlanda del Norte por el Brexit que dura hasta ahora. La propuesta de ley fue rechazada por 48 votos a 40.
La ley no habría afectado a diputados ni a otros políticos en el Gobierno porque eso violaría el acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998 que creó la autonomía de Irlanda del Norte y supuso pasar página para que los líderes de los partidos entonces, tanto nacionalistas como unionistas, no fueran cuestionados por su pasado.