Alepo, en el noroeste de Siria, era una de las ciudades más boyantes del país antes del conflicto. Además de albergar un sitio patrimonio histórico de la Unesco, sus habitantes son conocidos por ser grandes emprendedores y comerciantes, pero la guerra que estalló hace una década hizo que muchos se marcharan.

Los pocos que se han quedado o que han regresado recientemente han visto cómo la ciudad fue arrasada en sucesivas ocasiones: primero, por la cruenta batalla entre los combatientes rebeldes y el Ejército sirio que, apoyado por Rusia, recuperó el control de la urbe en 2016 y ahora, por el terremoto que se originó en Turquía, al otro lado de la frontera, pero a tan solo unos 100 kilómetros de allí.

10.000 euros de indemnización a un sindicalista fue sancionado por colgar vídeos en TikTok durante la pandemia denunciando la desprotección del personal de ambulancias y la mala gestión en su empresa, Transport Sanitari de Catalunya (TSC). Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya han estimado el recurso del trabajador, ha informado la cooperativa de abogados Colectivo Ronda, anulando la sanción impuesta y condenando a la empresa a pagar una indemnización al afectado por vulnerar su derecho a la libertad sindical.

El 16 de noviembre de 2020, en plena crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, el trabajador, presidente del sindicato Agrupación Sindical de Ambulancias de Catalunya (ASAC), emitió un vídeo en directo en TikTok en una pausa de su jornada en el que aparecía acompañado por otra compañera.

"Ningún multimillonario debería pagar menos impuestos que un maestro de escuela o un bombero", ha sido una de las decenas de referencias a la clase trabajadora que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a lo largo del tradicional discurso del Estado de la Unión, el más importante del año, que reúne al poder ejecutivo, legislativo y judicial en una sesión conjunta en el Capitolio. "El sistema impositivo no es justo. Yo soy capitalista, pero cada uno debe pagar lo que le toca", ha dicho, subrayando el impuesto aprobado por su administración, que obliga a las compañías multimillonarias a pagar un mínimo del 15%.

Los seis grandes bancos españoles tuvieron en 2022 un beneficio histórico. Y eso va a redundar en los próximos meses en sus inversores. De los 20.800 millones de euros de ganancias que obtuvieron las entidades en el pasado ejercicio, destinarán más de 9.300 millones a retribuir a los accionistas, tanto a través de dividendos como por recompras de acciones. Algunos grupos han ampliado el porcentaje de ganancias que van a reenviar a sus partícipes.

Este aumento llega incluso después de meses de avisos y peticiones por parte de los supervisores, como el Banco Central Europeo y el Banco de España, que solicitaban a los bancos precaución y cautela a la hora de repartir dividendos.

“Está irreconocible, es como otra ciudad, como una simulación”, dice Ipek Sanmaz, una joven estudiante que viajó este martes hasta Antakya, una de las ciudades afectadas por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió un día antes el sureste de Turquía, cobrándose miles de vidas. “Estuve aquí el verano pasado y me ha costado reconocer algunas calles. No queda nada. La gente deambula sin saber qué hacer, en algunas zonas no queda comida y hace mucho frío”, explica a elDiario.es. 

La ciudad es una de las más afectadas por el seísmo y durante la noche del lunes, a temperaturas bajo cero, sufrió cortes de luz y agua.

Otra institución que el Partido Popular bloquea. El PP retrasa la renovación de los dos consejeros del Banco de España cuyos mandatos han expirado en los últimos días. El Ministerio de Asuntos Económicos defiende que ha ofrecido al principal partido de la oposición elegir uno de estos asientos, ahora vacantes, en el consejo de gobierno de la institución. No es la primera vez que los populares entorpecen la renovación de una institución pública, de hecho el PP lleva vetando el cambio de los miembros del Poder Judicial desde hace años.

Multitudinarias marchas organizadas por los sindicatos y secundadas por los partidos de izquierda han exigido este martes en Francia, por tercera vez en tres semanas, la retirada de la reforma de las pensiones impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, que incluye una extensión de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años.

La movilización, que sucede cuando el texto acaba de comenzar a debatirse en tensas sesiones de la Asamblea Nacional, ha abarcado, como las dos anteriores –19 y 31 de enero–, huelgas parciales en varios sectores claves del país, como los transportes, la educación y la energía.

Bruselas prepara el terreno para la salida de la UE del Tratado de la Carta de Energía que blinda las inversiones en combustibles fósiles y que está desfasado. Primero fueron países como España, Francia, Italia o Países Bajos los que anunciaron su retirada y después los 27 no fueron capaces de llegar a un acuerdo para modernizar el tratado, que quedó en el aire. Ahora la Comisión Europea ha enviado un non-paper -documento de trabajo en la jerga comunitaria- en el que plantea a los estados miembros los escenarios que quedan abiertos dadas las circunstancias, aunque apuestan ante los infructuosos intentos por llegar a un acuerdo por la salida coordinada y conjunta del tratado.

El movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa, logró imponerse en distritos claves en las elecciones regionales del domingo pasado. De los 23 prefectos a cargo de gobernar las provincias, el correísmo alcanzó nueve, incluyendo las tres más pobladas del país. De las 221 alcaldías en juego, se impuso en 60 ciudades, entre ellas Quito, donde hace 14 años que no gobierna el correísmo, y en Guayaquil, bastión durante tres décadas del Partido Social Cristiano.

En el caso del referéndum, que buscaba avanzar con una reforma en seguridad, instituciones y medio ambiente, las ocho propuestas del Gobierno de Guillermo Lasso han sido rechazadas.

Nueva jurisprudencia para los listados de morosos a la Hacienda Pública. El Tribunal Supremo ha determinado este martes que solo se pueden incluir en estas referencias a aquellas personas jurídicas o físicas que deben dinero por deudas o sanciones tributarias en "firme". "El régimen legal de publicidad de la identidad de los deudores, en caso de delito fiscal, queda reservado a las situaciones de sentencia firme condenatoria, sin que baste por tanto la mera liquidación de la deuda", concluye el tribunal en cuatro sentencias publicadas para abordar recursos contra la inclusión en estos listados.