Acoso y derribo desde las universidades españolas y algunas empresas contra los nuevos derechos para los becarios. Además de presionar al Gobierno para retrasar la cotización de los estudiantes para su futura pensión, ya aprobada, el nuevo objetivo pasa por evitar que el Estatuto del Becario llegue al Consejo de Ministros antes del 23J. La norma regula derechos como una compensación mínima a los estudiantes por los gastos derivados de sus prácticas, por ejemplo por el transporte, que según los rectores supone "un serio peligro" para la continuidad de las becas.