Los más de 50 países firmantes del Tratado de la Carta de la Energía retoman en marzo las conversaciones para actualizar el acuerdo, o reformar, según con quién se hable, que fue creado en 1994 para proteger las inversiones energéticas internacionales, entre ellas, las inversiones en combustibles fósiles, lo cual lleva años levantando críticas de gobiernos europeos y grupos ambientalistas por lastrar los esfuerzos para terminar con el uso de combustibles fósiles porque permite a los inversores extranjeros demandar a los países por políticas que afectan sus inversiones.