México aprobó este lunes una ley histórica que prevé amnistiar a unos 6.000 condenados por delitos leves como abortos, pequeños robos o posesión de drogas con el objetivo de vaciar las cárceles de personas que quebrantaron la ley en condiciones de vulnerabilidad.

El Senado dio luz verde con amplia mayoría a uno de los grandes proyectos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien durante la campaña electoral de 2018 prometió implementar una amnistía para pacificar el país frente a la ola de violencia.

Aunque el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aceleró la aprobación de la ley para descongestionar las cárceles ante la pandemia de COVID-19, se prevé que las primeras liberaciones tarden varios meses.

Los cines, gimnasios y peluquerías de Georgia (sureste de EE.UU.) podrán reabrir este mes si cumplen con ciertos estándares, anunciaron este lunes las autoridades de ese estado, mientras que los vecinos Carolina del Sur y Tennessee tomaban otras medidas para reactivar la economía pese a la polémica.

El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, anunció en una rueda de prensa este lunes que los gimnasios, boleras, peluquerías, salones de cosmética o de manicura y salones de masaje podrán abrir este viernes, día 24, "con operaciones básicas y mínimas".

Eso implica que "controlen si sus trabajadores tienen fiebre o enfermedades respiratorias, extremen las medidas higiénicas en su lugar de trabajo", separen con seis pies (1,8 metros) cada puesto de trabajo e implementen "turnos de trabajo escalonados", precisó Kemp en un tuit.

El Senado mexicano aprobó este lunes una ley de amnistía que prevé indultar a unas 6.000 personas en prisión preventiva o condenadas por delitos leves a fin de descongestionar las cárceles del país ante la pandemia de COVID-19.

Con 68 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, los senadores dieron luz verde a la ley aprobada en diciembre por la Cámara de Diputados y que deberá ser promulgada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La ley de amnistía es un proyecto del Gobierno de López Obrador que nació para liberar a personas que cometieron delitos en condiciones de vulnerabilidad y cuya aprobación se ha acelerado ahora por la crisis del coronavirus, que lleva 8.261 contagiados y 686 fallecidos en el país.

La firma tecnológica IBM anunció este lunes que entre enero y marzo de 2020 -coincidiendo con el inicio del brote del COVID-19 en China y luego la pandemia a escala mundial- obtuvo unos beneficios de 1.175 millones de dólares, un 26 % menos que en el mismo período del año pasado.

La compañía con sede en Armonk (Nueva York, EE.UU.), que en los últimos tiempos había logrado un tímido regreso al crecimiento tras años de caída de la facturación, sufrió en los pasados tres meses un duro revés y vio cómo las ventas volvían a caer, esta vez un 3,4 % interanual.

Las tensiones entre algunos estados y el Gobierno de EE.UU. sobre el suministro de tests de coronavirus se colaron este lunes en el Congreso, donde la oposición demócrata exigió una estrategia nacional para aumentar el acceso a esas pruebas como condición para aprobar nuevas medidas económicas.

El suministro de pruebas para detectar el COVID-19 se ha convertido en clave dentro del debate sobre cuándo reabrir el país: según cálculos de la Universidad de Harvard, Estados Unidos necesita triplicar el número de tests diarios que practica -actualmente, unos 146.000- para poder retomar la actividad a mediados de mayo.

TENSIONES POR LOS TESTS

La disputa sobre ese tema entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y gobernadores demócratas como el de Nueva York, Andrew Cuomo, ha recalado en el Congreso, que debate una extensión de su plan de préstamos a pequeños negocios afectados por la crisis económica derivada del coronavirus.

Las autoridades de Florida estudian la posible retirada escalonada de las medidas contra el COVID-19, en medio de las primeras protestas contra el confinamiento y de advertencias demócratas que primero se deben hacer pruebas masivas a la población para conocer el nivel real de contagio.

Con carteles de "Acaben el cierre" y "hechos en vez de miedo", un movimiento de floridanos en favor de "liberar" el sur del estado ha empezado a manifestarse en las calles de distintas ciudades.

De los más de 26.600 contagios y casi 800 muertes que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha producido en Florida, más de la mitad están repartidos entre los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach (sureste).

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó este lunes que ha conformado un comité asesor de periodistas especializados, con el fin de impulsar el agro y la seguridad alimentaria en América en el marco de la pandemia del COVID-19.

El director general del IICA, Manuel Otero, explicó que el Comité Asesor en Comunicación para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria, está integrado inicialmente por diez periodistas especializados en la materia y líderes de opinión de 7 países del continente.

El objetivo del comité es realizar un continuo llamado de atención hacia la importancia estratégica de la actividad agropecuaria y sus cadenas logísticas y de comercialización.

Un conglomerado de empresas denominado el Grupo, que posee más del 25 % de los bonos de Argentina posteriores a 2016, anunció este lunes su rechazo a la propuesta del Gobierno argentino para la restructuración de la deuda, por considerar que "busca colocar una parte desproporcionada de los esfuerzos de Argentina para el ajuste a largo plazo sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales".

"Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del Grupo y otras partes interesadas, las propuestas contenidas en el comunicado de prensa recientemente publicado (por el Gobierno argentino) no son propuestas que el Grupo pueda o vaya a apoyar", aseguran en un comunicado difundido en Nueva York por estas compañías, que también poseen más del 15% de los bonos de "intercambio" de Argentina.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, lo denunciaba este domingo en una entrevista en el Süddeutsche Zeitung: "Mire el ejemplo de Holanda, cuyo dumping fiscal atrae a miles de multinacionales, que trasladan allí sus sedes, y obtienen un flujo de ingresos fiscales sustraídos de otros socios de la Unión Europea: 9.000 millones de euros cada año, según un análisis de Tax Justice Network".

En efecto, el estudio de Tax Justice Network revela que los estados miembros de la UE están dejando de ingresar unos 9.200 millones de euros en impuestos de sociedades al año en beneficio de Países Bajos, el país que más oposición está ejerciendo a una respuesta conjunta y ambiciosa de la UE a la crisis del coronavirus.

Mientras una buena parte de los países europeos se encuentran debatiendo y trazando su plan para la fase de desescalada en la epidemia de coronavirus, algunos han empezado a poner en práctica las primeras medidas destinadas a aliviar ligeramente las restricciones y caminar hacia la nueva normalidad. Desde este lunes, y después de casi un mes cerradas, las tiendas más pequeñas de Alemania tienen permiso para abrir sus persianas de nuevo. Lo mismo ocurre en Dinamarca, donde algunos comercios como las peluquerías han podido reanudar su actividad. Al mismo tiempo, en Noruega, los más pequeños han podido regresar a la guardería.