Dicen sus correligionarios y sus más férreos defensores que Mario Draghi está en posesión de ciertas dotes redentoras. Quizás sea así, porque al ex presidente del BCE, cargo al que accedió desde la cúpula ejecutiva de Goldman Sachs, y ex primer ministro italiano de consenso en el ajetreado contexto político transalpino, se le podría adjudicar al menos cuatro decisiones liberadoras en otros tantos episodios europeos casi apocalípticos.

El de mayor enjundia fue su famoso alegato de 2012 en defensa del euro, durante la crisis de la deuda, con su valor cambiario en caída libre, mediante el que alertó que el Banco Central Europeo (BCE), que presidía, “haría todo lo posible por preservar” la unión monetaria.

Guardias de hospitales llenas, nubes de mosquitos acechando, faltante de repelente –las farmacias directamente ponen en la puerta el cartel de ”no hay”– y una vacuna costosa: la tormenta perfecta de la epidemia de dengue en Argentina. El Gobierno del ultraderechista Javier Milei rechaza incluir la vacuna TAK-003, también conocida como Qdenga, en el calendario oficial, medida que garantizaría que fuera gratuita y obligatoria. De hecho, el Gobierno ha llegado a cuestionar su eficacia, pese a que fue autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) pocos meses antes de que Alberto Fernández dejara la Casa Rosada.

La familia Álvarez Otero, dueña de un 33% de la aseguradora Santalucía, con un multimillonario patrimonio inmobiliario y una de las más ricas de España, se ha convertido en primer accionista de Primero H, una pequeña inmobiliaria cotizada acogida el régimen de las socimi (con amplias ventajas fiscales) en la que han invertido decenas de grandes patrimonios y que se define como "la primera socimi social en España".

Los Álvarez Otero han tomado, a través de su sociedad Fida SL, algo más del 41% de esta socimi, según un documento remitido recientemente a Portfolio, la nueva Bolsa en la que cotiza esta firma.

Ruanda quiere borrar la asociación de su país con el genocidio. Hace 30 años, las únicas noticias que salían de este pequeño país africano eran de vecinos matándose unos a otros a machetazos. El odio intercomunitario explotó en 100 días en los que la mayoría de ciudadanos de la etnia hutu, que representaban el 85% del país, se volvieron contra los tutsis, que eran una minoría del 14%. Alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas, el 70% de la población tutsi. La masacre de Gikondo, donde 110 tutsis fueron quemados vivos en una iglesia, dio la vuelta al mundo.

Desde el pasado siete de octubre, el miedo a hablar de Gaza y a condenar la masacre en curso es algo que ha sobrevolado el ambiente de buena parte del Norte Global. Las recriminaciones contra voces que señalan las violaciones del derecho internacional por parte de Israel están a la orden del día, y no son pocos los sectores que insisten en subrayar que la crítica a las políticas de ocupación y de apartheid israelíes esconde, de fondo, un odio a la comunidad judía.

En Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia el ruido generado por estas acusaciones ha tenido a menudo más protagonismo que los crímenes que se cometen cada día en la Franja, a pesar de la envergadura de los mismos y de los indicios de genocidio que están siendo analizados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ, máximo tribunal de la ONU).

Un portavoz del Ejército israelí ha afirmado este sábado que la mayoría de sus tropas terrestres se han retirado del sur de la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel han explicado a la Agencia France Presse, sin especificar el número de efectivos que incluye, que la división "ha abandonado la Franja de Gaza para recuperarse y prepararse para operaciones futuras", aunque no ha especificado si se trata de la operación sobre Rafah con la que amenaza para derrotar a Hamás.

El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu sí ha adelantado que las tropas que permanecen en el sur Gaza "garantizarán la libertad de movimientos del Ejército así como su capacidad de llevar a cabo operaciones de inteligencia con precisión".

El Gobierno de México ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador de manera indefinida tras el asalto de la policía ecuatoriana a su embajada en Quito, que tuvo lugar el pasado viernes, para detener a su exvicepresidente Jorge Glas. La medida, que incluye el cierre de su misión diplomática, también ha sido adoptada por Nicaragua tras una cadena de eventos que ha desatado una grave crisis diplomática en la región.

El asalto a la embajada, calificado por México como "una violación flagrante del derecho internacional", cuenta también con la condena de numerosos países de América Latina, España, Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

El político socialdemócrata Peter Pellegrini ganó este sábado con el 53% de los votos las elecciones presidenciales en Eslovaquia, por delante de su rival, el europeísta liberal Ivan Korcok, según datos preliminares de la Oficina Estadística.

Este resultado, que se produjo con una alta participación del 61 por ciento, asegura la estabilidad de la coalición gubernamental de populistas de izquierdas, socialdemócratas y ultranacionalistas, que lidera el veterano y polémico Robert Fico, el político que más ha durado al frente de un Ejecutivo desde el nacimiento del país en 1993.

Pocas instituciones multilaterales pueden presentar una hoja de servicios con una nota final tan brillante. Bajo su tutela como gendarme del libre tránsito de mercancías y servicios y juez para la resolución de conflictos, los flujos mercantiles se han incrementado más de 400 veces desde su constitución, en 1995. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio (OMC), que acaba de clausurar su XIII Conferencia bienal sin casi repercusión, podría tener sus días contados.

La máxima autoridad del comercio global necesita un balón urgente de oxígeno, pero no parece que ninguna potencia mundial se lo vaya a proporcionar.

Arrancando todos los adoquines de la calle, los vecinos de la “ciudad libre” de Christiania, en Copenhague, quieren expulsar a los traficantes de hachís que durante décadas han ocupado la principal calle del barrio, conocida como “Pusher Street”. En los últimos años, el sueño de crear una comuna antisistema en pleno centro de la capital danesa se había convertido en un foco de violencia y delincuencia por la venta de drogas controlada por el crimen organizado. Con la voluntad de recuperar el espíritu con el que se fundó Christiania, el sábado los vecinos de este barrio aún parcialmente autogestionado, hicieron un llamamiento a todos los ciudadanos de Copenhague para levantar el pavimento y reformar los 100 metros de calle donde hasta ayer se hacían trapicheos a plena luz del día.