El apetito de las constructoras por el dinero público no tiene límites. Las principales patronales de las compañías de infraestructuras españolas han pedido al Gobierno que limite el uso de los medios propios de la Administración para la ejecución de proyectos, con el fin de incentivar también el ámbito privado. La licitación de obra pública se situó en 2022 en 30.074,07 millones de euros, lo que supone un 27,9% más que los 23.514,76 que se alcanzaron el año anterior, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.